El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, fue en persona a Tribunales y le entregó al juez Claudio Bonadío las tres auditorías que señalan graves falencias en el funcionamiento de la concesión de la empresa TBA. “Las tres auditorías dan cuenta de los incumplimientos en las inversiones básicas, en las tareas de mantenimiento y en la creciente inseguridad por la falta de reparación de cuestiones técnicas que ponen en riesgo la calidad del servicio y la posibilidad de incidentes, no sólo como los de ahora, sino anteriores, por parte de TBA”, sostuvo Despouy. La UCR, en tanto, pidió la renuncia del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y afirmó que presentará una demanda penal. Elisa Carrió resurgió para pedir el juicio político del ministro de Planificación, Julio De Vido.

Despouy entregó las auditorías que corresponden a 2001, 2003 y 2008. Si hoy la Auditoría aprueba el informe de este año, también se comprometió a llevárselo al juez, a quien le dijo que está disponible para cualquier consulta técnica que necesite. Luego participó de una conferencia de prensa junto al titular del Comité Nacional de la UCR, Mario Barletta, quien pidió la renuncia de Schiavi y señaló que los bloques radicales presentarán un pedido de interpelación a De Vido. Además, anunció que querellará penalmente “a funcionarios públicos” por “incumplimiento de sus deberes y administración fraudulenta” tras la tragedia en la Estación Once. En el comunicado, no especificaron a cuáles funcionarios dirigirán la demanda penal.

“Hicimos un análisis exhaustivo del informe de la Auditoría General de la Nación y concluimos que es absoluta la responsabilidad del actual gobierno por la situación del transporte público”, sostuvo Barletta, quien reclamó que se le quite la concesión a TBA. El dirigente radical también destacó que buscarán que la oposición tenga la mayoría de la Auditoría y que sus dictámenes tengan carácter vinculante.

La diputada Elisa Carrió anunció que, junto a Alfonso Prat Gay y Alicia Terada, presentaron un pedido de juicio político a De Vido. “El correctamente llamado cajero de Kirchner es el principal culpable y responsable de todo lo sucedido”, sentenció la ex candidata presidencial. Carrió también cuestionó “la intervención que anunció el Gobierno, que es para poner a alguien de su confianza para eliminar facturación trucha y toda prueba que pueda comprometer a De Vido y a los Cirigliano”. La diputada también indicó que “otros gobiernos y parte de la oposición han recibido siempre beneficios del grupo Cirigliano” y que “sólo basta ver la propaganda en la televisión de distintas empresas del grupo para saber quiénes esconden la verdadera trama de corrupción”.

“La intervención a TBA es un buen primer paso, además hay que revisar la responsabilidad política”, consideró Jaime Linares, del partido de Margarita Stolbizer. El dirigente consideró que “son ajenas al proceso judicial las responsabilidades por la desidia, los incumplimientos y las complicidades de algunos funcionarios con los manejos empresariales de TBA” y le reclamó a la presidenta Cristina Fernández que “revise la actuación de sus propios colaboradores que han ocupado despachos en el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Transporte y, por qué no, en la Casa Rosada también”.

“Todos aquellos que son responsables política y penalmente de lo que pasó tienen que ser alcanzados por la Justicia y tienen que tomarse todas las decisiones a nivel judicial y político que sean necesarias”, consideró la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal. El diputado macrista Julián Obiglio, por su parte, rechazó la intervención porque “el Gobierno es parte de la masacre” y opinó, al igual que Carrió, que se hace “para ocultar las pruebas que incriminan a sus funcionarios”. “Esta medida demuestra que la matriz de corrupción llega hasta el nivel presidencial”, acusó Obiglio.

El diputado del FAP Roy Cortina estimó que la intervención “es una reacción tardía e insuficiente del gobierno nacional frente a una tragedia que lo desbordó y que dejó en evidencia las graves falencias de su política ferroviaria, continuadora fiel de la implementada por el menemismo en los noventa”. “Si la intervención sirve para que se haga justicia, bienvenida sea. No puede haber impunidad ni para empresarios ni para funcionarios cuando se trata de la vida de la gente”, desentonó el peronista disidente Eduardo Amadeo.