La Cámara Federal revisará la decisión del juez Claudio Bonadío de aceptar al gobierno nacional como querellante en la causa en la que se investigan 51 muertes y 703 heridos que produjo el accidente ferroviario en la Estación Once.

La intervención de la Cámara obedece a que un abogado, que actúa como querellante en representación de heridos del hecho, apeló la decisión del magistrado de tener como parte al Gobierno. Además, el letrado recusó al juez para que deje la causa y lo denunció por el delito de prevaricato, una figura que sanciona a los magistrados que dictan resoluciones contrarias a la ley.

La presentación del abogado Gregorio Dalbón objetó la decisión de Bonadío porque funcionarios y personas del Gobierno “pueden resultar imputadas” en la causa y además le da “la chance de conocer, en forma anticipada, los elementos sobre los que se sustentará la imputación, abriéndo la posibilidad de que los manipule para eludir su responsabilidad, entorpeciendo la investigación”.

El letrado consideró que Bonadío cometió una “flagrante violación” del Código Procesal Penal, que reserva la figura de querellante “en forma exclusiva, a toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública”.

Bonadío había aceptado el viernes al Gobierno como querellante al considerar que “es una persona jurídica del Derecho Público” y es el que debe garantizar el transporte público. Por otra parte, el juez aclaró que su decisión “no es óbice para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas”.

Además de apelar, el abogado recusó al juez al pedirle que deje la causa porque su decisión “conforma una clara evidencia de que tiene interés en que el proceso tenga un resultado favorable con relación a los mismos”, en referencia a los funcionarios del Gobierno.

Con los mismos argumentos, lo denunció por prevaricato, ante el Juzgado Federal 1, a cargo de María Romilda Servini de Cubría.