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El conflicto que protagonizan los docentes es un saldo de los graves problemas que causaron a la educación las políticas de desguace del Estado que culminaron en el gobierno menemista. Durante ese gobierno los docentes defendieron con garra el sistema de educación pública; cuando cayó el menemismo sus salarios eran de hambre y las escuelas estaban cerca de la destrucción. El ayuno en la Carpa Blanca triunfó, logrando el 18/11/98 que el Congreso aprobara la ley 25.053, que estableció un fondo especial de incentivo salarial (Fonid). Ese fondo se destinó a una asignación especial, mensual, de carácter remunerativo de igual monto por cargo docente y fue ratificado por los sucesivos gobiernos como un instrumento de emergencia. Pero sólo el gobierno de Néstor Kirchner lo encaró como parte de una estrategia de recomposición del sistema de educación pública, inscribiéndolo en la Ley de Financiamiento del Sistema Educativo (26.075/05). Esa estrategia se verifica en la inversión del 6,47 por ciento del PBI en educación (meta de la ley de financiamiento), en la construcción de 1400 escuelas, el reparto de 1,8 millón de computadoras y libros, el programa de finalización de los ciclos educativos (Fines) y otras políticas de alcance universal destinadas a cumplir con la igualdad ante el derecho a la educación. Los salarios de los docentes alcanzaron un nivel de dignidad y registraron periódicos aumentos.

Con el mismo sentido político, el Gobierno y los trabajadores de la educación acordaron por primera vez la negociación colectiva (paritarias). Se trata de una contribución conjunta destinada a crear un espacio legal y legítimo donde discutir condiciones de trabajo y múltiples otros problemas, que cobra particular importancia siendo la educación una actividad que afecta el funcionamiento orgánico de la sociedad, causando serios perjuicios si se lleva a cabo con dificultades o se interrumpe.

En la circunstancia actual, los trabajadores ejercieron su derecho constitucional a peticionar mejoras y el Gobierno, su obligación de velar por los derechos de todos los sectores de la comunidad educativa. Aunque la virulencia que cobró la situación preocupa, tendrá solución razonable como la mayoría de los conflictos sindicales. Pero es posible sostener esa afirmación porque la política educativa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner participa de una concepción del Estado y la sociedad afirmada en la justicia social, mientras en otros países se encara la grave crisis económica internacional hundiendo en la miseria a los trabajadores. La inversión que realiza el Estado en salario docente y el conjunto de la inversión educativa cobran especial valor en el marco de esa crisis porque los recursos para la enseñanza constituyen una de las principales erogaciones del presupuesto del Estado. También es de observar que en casi todas las jurisdicciones provinciales, lugares donde debe ubicarse el actual conflicto, el salario docente contribuye a fijar el marco a partir del cual se movilizan las aspiraciones de los otros funcionarios del Estado. Si otra política se impusiera en nuestro país –como recordó el más siniestro personaje de nuestra historia reciente– se afectaría seriamente el sistema de educación pública y no habría condiciones para discutir.

El debate es posible porque hay condiciones políticas y sociales para sostenerlo, aunque mejor sería que se desarrollara sin que los chicos perdieran días de clase y atravesaran días de incertidumbre. Hay que analizar con tranquilidad y a fondo el problema del salario porque está muy relacionado con una organización del trabajo de los docentes que responde al multiempleo, producto de la destrucción neoliberal de los puestos de trabajo, que conlleva el desdibujamiento de los equipos escolares, la persistencia de inequidades, complejas composiciones salariales y otras irregularidades. Por esa razón, ya no basta con aumentar el incentivo; es necesario avanzar de manera inversa al neoliberalismo para que cada cargo tenga un docente (y una disponibilidad razonable de suplentes) y cada docente un cargo al que corresponda un salario equivalente al que hoy recibe en distintos establecimientos, entre otras medidas –como la regularización del control de las licencias en algunas provincias– que es necesario abordar en la paritaria nacional y en las paritarias provinciales.

La preocupación de la Presidenta por el Fonid (el incentivo), expresada en la Asamblea Legislativa, debe analizarse en el marco de las reformas estructurales que lleva a cabo el Gobierno y que recaen directa e indirectamente sobre la educación. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la unificación y modificación de los códigos mercantil y civil son medidas que, como la asignación universal por hijo o la estatización de las AFJP, concurren a fortalecer a ese mismo Estado que debe sostener en la educación pública el salario docente.

* Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.