La Cámara de Senadores iniciará mañana el camino parlamentario para traspasar la competencia y la fiscalización del transporte público porteño desde la órbita nacional a la del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tal como anunció el miércoles pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un plenario de comisiones, dirigido por la de Asuntos Constitucionales y conformado también por las de Infraestructura, Vivienda y Transporte y Presupuesto y Hacienda, se reunirá este martes desde las 14 y podría asistir el flamante secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos. El objetivo del oficialismo es “sacar despacho antes del miércoles para que pueda ser tratado antes de la semana que viene” en la Cámara de Diputados, según transparentó el senador por la provincia de Neuquén Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria), titular de la comisión que encabezará el tratamiento del proyecto. Desde el macrismo siguen rechazando la transferencia y estiman que el caso se resolverá finalmente en la Corte Suprema de Justicia.

La iniciativa que comenzará a discutirse mañana sin intervención del PRO (ya que este partido no cuenta con senadores nacionales) consta de cuatro artículos, en los que se instrumenta el traspaso a la administración porteña del control y la fiscalización de los transportes de pasajeros, incluyendo las seis líneas de subte, el premetro, 33 líneas de colectivos y el tranvía de Puerto Madero. El texto del proyecto de ley ratifica la “transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los Servicios de Transporte Subterráneo y Premetro” tal como está dispuesto por las leyes que se crearon en el distrito, y fue ratificado por el acta de acuerdo celebrada entre Nación y Ciudad el pasado 3 de enero.

A continuación, agrega que es responsabilidad de Buenos Aires “ejercer en forma exclusiva la competencia y fiscalización de los servicios públicos de transporte de pasajeros, a nivel subterráneos y premetro; de transporte automotor y de tranvía, cuya prestación corresponda al territorio de la Ciudad Autónoma”, y finalmente, se dispone que dentro del plazo previsto en el acta firmada en enero, de noventa días, deberá efectivizarse la culminación del proceso de transferencia. “Corresponde que dichos servicios sean gestionados por el gobierno local en su totalidad”, establece la norma impulsada por el gobierno nacional, argumentando que los servicios de transporte de pasajeros porteños “representan el uso de recursos presupuestarios de gran relevancia por parte del Estado nacional, con cargo a todas las provincias del país, sin recibir éstas una contraprestación equivalente”.

Desde el macrismo quien recogió el guante fue la diputada Laura Alonso. Calificó como “inconstitucional” el proyecto y advirtió que “si la Legislatura porteña rechaza lo que se plantea es un conflicto entre jurisdicciones, y el único que puede resolver este conflicto es la Cortede Suprema Justicia”. El senador Fuentes, al respecto, sostuvo que “si esto fuese una transferencia de servicios que son a cargo de la Nación constitucionalmente sí tendría que ser citada la Legislatura para confirmar la transferencia”, pero en este caso señaló que ya hay leyes que establecen la competencia de la ciudad.

Alonso también acusó al kirchnerismo de buscar un enemigo porque “primero las cuentas no cierran y segundo es que el escándalo de corrupción de Ciccone es algo que va in crescendo y que va a terminar siendo grave en términos de la investigación judicial” por lo que, sostuvo la legisladora, el gobierno nacional salió a “la búsqueda del nuevo enemigo y, en este caso, la Presidenta definió que es la Ciudad de Buenos Aires porque ni siquiera es el jefe de Gobierno, son los porteños.”

Por su parte, el titular de la bancada del FpV en la Legislatura porteña, Juan Cabandié, volvió a respaldar el proyecto del traspaso porque “se busca contemplar una demanda que históricamente se hizo en la Ciudad de Buenos Aires”. El dirigente de La Cámpora destacó: “Siempre reclamamos por la autonomía plena y se corresponde con aquello que todavía no se ha traspasado”.