El perito Roberto Jorge Locles fue procesado por haber dañado el proyectil que mató a Mariano Ferreyra al golpearlo sobre una mesa durante una junta de expertos balísticos convocados en la causa en la que se investiga el homicidio. El delito que le imputó el juez Alberto Baños es el de “inutilizar” o “alterar” un elemento de prueba, que en este caso es una evidencia directa del asesinato. Locles había sido contratado por uno de los acusados de la Unión Ferroviaria (UF) que formaron parte de la patota que atacó a trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y las organizaciones que apoyaban su protesta, entre quienes estaba el joven militante del Partido Obrero (PO). Según la resolución tuvo una “actitud absolutamente artera y dirigida a dañar el proyectil”. La querella sostiene que fue una entre otras maniobras motorizadas desde el gremio para obstaculizar el esclarecimiento del crimen.

El episodio de la bala ocurrió el 22 de febrero de 2011, el mismo día que fue detenido el líder de la UF, José Pedraza, por instigar el asesinato. En la reunión había dos peritos de Gendarmería, cuatro de la Policía Federal y dos de la querella de Beatriz Rial, la mamá de Mariano, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Locles había sido nombrado por la defensa del picaboletos Guillermo Uño, quien no está acusado de disparar sino de haber intervenido en la recolección de las armas para su ocultamiento. Igual encarnaba el interés de los detenidos de la UF. Lo que Locles quería demostrar era que el proyectil había rebotado en el suelo antes de impactar en el cuerpo de Mariano, o sea que no había sido un disparo directo, argumento al que apuestan los abogados defensores con la expectativa de atenuar el delito, y que se considere un homicidio culposo, no intencional.

La resolución del juez Baños, del 4 de abril, cuenta que los peritos testigos declararon que Locles tomó la bala, la golpeó varias veces y la deslizó sobre una mesa para demostrar su teoría del rebote. Alarmados, lo frenaron y labraron un acta que afirma que el proyectil había sufrido un “aplastamiento”, que además estaba ubicado justo en la zona que ya tenía una pequeña abolladura que había originado la discusión entre los especialistas sobre si había tocado alguna superficie dura o una costilla. El CELS siempre planteó que aun si hubo rebote, otros elementos llevan a pensar que la patota tiró a matar. De hecho, otras tres personas recibieron balazos de plomo, y una de ellas, Elsa Rodríguez, en la cabeza. “Lo importante en este caso, según se desprende de la decisión del juez Baños, es que había un perito contratado para entorpecer la investigación, lo mismo que intentó la UF a través de presuntos sobornos en la Cámara de Casación, por lo que hay otra causa abierta”, dijo el abogado del CELS Maximiliano Medina.

Cuando fue indagado, Locles relató que al llegar a la junta otros peritos le dijeron: “vamos a poner que fue un tiro directo”. Describió que lo trataban de “loco” y por los nervios le subió la presión. Afirmó que no sabía que la bala que había tomado era la que había sido extraída del cuerpo de Mariano, ni preguntó. Negó intención de dañar la bala, pero acotó que tampoco hubiera podido por ser de “plomo y antimonio”.

Aunque había sido apartado de la causa del homicidio, Locles obtuvo primero una falta de mérito. Pero para corroborar sus afirmaciones el juez Baños encargó un estudio específico de la bala, cuyos resultados derivaron en el procesamiento, con un embargo de 20 mil pesos. Las conclusiones fueron que “el proyectil es de plomo desnudo o material blando y por ende factible de sufrir deformaciones cuando se lo impacta sobre superficies duras”; “carece de antimonio, lo cual lo hace aún más blando”; “luego de haber sido manipulado” por Locles “sufrió deformaciones leves”; “el arte del buen perito” incluye el deber de “adoptar todos los recaudos para preservar la integridad del elemento de juicio”. Según el juez, si el tribunal que hará el juicio oral designara nuevos peritos, encontrarán una bala distinta, sin “las mismas características” de cuando fue incautada.

“Lo mire por donde se lo mire”, dice la resolución, “el licenciado Roberto Jorge Locles inutilizó o cuanto menos alteró un objeto de prueba”, un delito que prevé hasta cuatro años de prisión. Su “actitud”, afirma, fue “atera y dirigida” “en cuanto a dañar el proyectil en la zona en la que se encontraba marcado y era motivo de controversia”. “Con una dilatada trayectoria profesional conoce de sobra el modo en que un perito debe comportarse” y “no pudo haberle siquiera pasado inadvertido –advirtió Baños– que si ejercía la maniobra de la que todos lo acusan (los demás peritos) y que él mismo reconoce haber efectuado, iba a provocar alteraciones del material”. El juicio por el asesinato de Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010, aún no tiene fecha. Allí estarán en el banquillo siete hombres de la patota ferroviaria junto con Pedraza y su número dos, Juan Carlos Gallego Fernández, además de siete policías que liberaron la zona.