Junto al anuncio del envío al Congreso del proyecto de recuperación de YPF, el Poder Ejecutivo dispuso, por decreto de necesidad y urgencia (DNU), “la intervención transitoria de YPF Sociedad Anónima por un plazo de treinta días, con el fin de asegurar la continuidad, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar las necesidades del país” en materia de hidrocarburos. El decreto 530 designa a Julio De Vido como interventor, quien tendrá “las facultades que el Estatuto de YPF confiere al Directorio y/o al Presidente de la empresa”. Acompañado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, que lo secundará en la tarea, De Vido tomó posesión del cargo minutos después de finalizado el discurso presidencial y resolvió de inmediato el desplazamiento de las autoridades, incluidos el presidente y vice primero, Enrique y Sebastián Eskenazi.

De Vido y Kicillof serán secundados en su gestión por delegados asignados a diversas áreas operativas de la empresa, que no ocuparán cargos por nombramiento, sino que controlarán el cumplimiento de los objetivos planteados, según fuentes del Ministerio de Planificación. Nicolás Arceo (miembro del equipo de Kicillof en Economía) realizará esa tarea en el área de Finanzas de YPF y Exequiel Espinoza (actual titular de Enarsa) se ocupará de supervisar la operación de producción de petróleo y gas (el denominado “upsteam”). También cumplirán funciones en YPF el actual director por el Estado, Roberto Baratta, y otros colaboradores de De Vido en su cartera en las áreas Legal y de Comunicación. La intervención, inicialmente planteada por treinta días, se extendería hasta el momento en que se pueda aplicar la ley de expropiación de las acciones y sea designada una nueva conducción para YPF.

El DNU, que ayer ingresó a la Cámara de Diputados y será considerado mañana por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, contiene solamente seis artículos, pero una extensa fundamentación. La parte resolutiva dispone lo señalado más arriba. Los fundamentos se extienden en la consideración de las razones que llevaron a la decisión que ayer se tomó. “Si bien YPF es la mayor empresa del sector petrolero del país, su accionar a lo largo de los últimos años demuestra que los intereses del accionista mayoritario han sido distintos de los de la República Argentina, en tanto ha determinado la disminución de las inversiones, la caída de la producción y la reducción en el horizonte de reservas que compromete la soberanía energética del país”, dice el decreto en uno de sus párrafos. “Quedó en evidencia que el proceder de la empresa se encontró guiado por una lógica cortoplacista encaminada a la expansión mundial y lindero con la especulación, que se tradujo en el vaciamiento progresivo de la principal empresa de nuestro país, lo cual repercutió negativamente en la producción y reservas”.

Cita la declaración que, mientras a lo largo de los últimos años, desde el Estado nacional se diseñaron diversos instrumentos para incentivar al sector, “paralelamente se ha asistido a una profundización de la estrategia de virtual vaciamiento de la empresa, proceso que se ha plasmado en un sensible aumento en la remisión de utilidades y dividendos al exterior”.

El documento repasa la evolución de la participación de YPF en la producción de hidrocarburos, señalando que como consecuencia de “la política depredatoria desde el año 1999” fue perdiendo relevancia, pasando del 42 por ciento de la extracción de crudo en el país en 1997 al 34 por ciento en el año 2011, mientras que en gas natural cayó del 35 por ciento de participación al 23 por ciento entre los mismos años. Hace lo propio con la evolución descendente de las reservas y señala que “la estrategia depredatoria por parte de Repsol YPF tuvo serias derivaciones para la economía nacional”, que se reflejaron en el aumento de la cantidades importadas de combustibles. “Implicó que por primera vez en diecisiete años, Argentina experimentara una saldo comercial deficitario en materia de combustibles” en el año 2011, por un valor superior a los tres mil millones de dólares.

“En consecuencia, resulta imperioso asegurar el abastecimiento de combustibles, con el fin de garantizarse la cobertura de las necesidades del país, siendo para ello necesario disponer medidas concretas en tal sentido”, insiste el documento antes de referir que, “ante la gravedad de la situación planteada, y para solucionar tal problema”, se remitió al Congreso el proyecto de expropiación del 51 por ciento de las acciones y la declaración de interés público del logro del autoabastecimiento, así como toda la actividad referida a los hidrocarburos.

Agrega, finalmente, que “para asegurar el total y absoluto cumplimiento de las medidas que se propician a través del referido proyecto de ley (...), a fin de adoptar las disposiciones necesarias que la urgencia requiere, resulta imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, por lo cual se dispone “la intervención transitoria de YPF por un plazo de treinta días con el fin de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades del país”.