Los ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, junto con la hija de la titular de esa entidad, Hebe de Bonafini, y otras 17 personas, fueron citadas a prestar declaración indagatoria por el juez Norberto Oyarbide en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a construir viviendas populares. La ronda de indagatorias comenzará el 15 de mayo a las diez de la mañana, con la declaración de Sergio Schoklender, quien según el informe final de la División de Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal aumentó su patrimonio entre 2007 y 2009 en más de 900 mil dólares.

Luego de diez meses de investigación, Oyarbide consideró que “existe mérito suficiente” para citar a las indagatorias por los “presuntos desvíos de dinero por parte de un grupo de personas y empresas”, que provocaron “el presunto fraude en perjuicio de la administración pública, como así también (sic) la administración fraudulenta de dicha Fundación y el presunto encubrimiento de dinero proveniente de las conductas ilícitas”. Para el juez, estaría probado el desvío de fondos a través de las pruebas que recogió de la Policía Federal y de la gerencia de Análisis e Información de Operaciones Especiales del Banco Central, documentación de la AFIP, de la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y pruebas obtenidas en inspecciones oculares que realizó en Chaco, Santiago del Estero y Salta, donde la Fundación construyó viviendas.

La ronda de indagatorias que abrirá Sergio Schoklender continuará el 17 de mayo, cuando declare su hermano menor, Pablo, quien según el informe de la Policía Federal aumentó en 500 por ciento su patrimonio entre 2008 y 2009. El 22 de mayo será el turno de Viviana Sala, ex mujer de Sergio, que aparece como proveedora de la Fundación y emitió facturas fechadas en 2004 cuando la entidad no existía como tal. Dos días después declarará el contador Alejandro Gotkin, ex empleado de Madres y presidente de la empresa Antártica Argentina, a través de la cual se habrían realizado los desvíos de fondos que derivaron en la compra de yates y autos de lujo. La otra firma que se habría usado como pantalla es Meldorek SA, que pertenece a Sergio Schoklender.

María Alejandra Bonafini fue citada para el 31 de mayo a las diez de la mañana. Está acusada de formar parte de las maniobras de Meldorek, ya que la compañía le habría comprado un departamento en la ciudad de La Plata por 25 mil dólares, y por operaciones sospechosas detectadas por el Banco Central por 79.780 y 50.000 dólares. También fueron citados Gustavo Serventich, piloto personal de Sergio Schoklender; el financista Daniel Laurenti; Patricia Alonso, ex directora administrativa de la Fundación, y un grupo de personas vinculadas con las empresas sospechadas, como Daiana Troncoso y Mariana Tercero, quienes habrían retirado los fondos. Las indagatorias se extenderán hasta el 19 de junio, cuando declare el ex ministro de Trabajo de Menem, Enrique Rodríguez, y el socio de Pablo Schoklender y ex apoderado de Madres, Hugo Gallardo.

Una de las pruebas centrales contra Sergio Schoklender es la presunta falsificación de las firmas de las autoridades de la ONG Esperanzas de un cambio en un contrato por 150 millones de pesos, que el Estado entregó para construir viviendas La Justicia, también investiga una segunda presunta falsificación de firmas, la de Hebe de Bonafini, titular de Madres, en un contrato de diciembre de 2010.

El fiscal Di Lello acusó a Schoklender de desviar los fondos públicos que manejaba en la Fundación y con los cuales, sospecha, habría comprado 17 terrenos en José C. Paz por 240 mil dólares, una Ferrari 430, dos aeronaves –una valuada en entre uno y dos millones de dólares y la otra entre 450 y 800 mil dólares– y una embarcación. El dictamen del fiscal señalaba una posible “asociación ilícita” que desde 2006, cuando empezó el proyecto de las viviendas con la Misión Sueños Compartidos, habría desviado cerca de 50 millones de pesos. El dinero, planteó el fiscal, habría sido usado por los Schoklender junto con socios, amigos y conocidos para su “enriquecimiento patrimonial”. Advertía que, como empleados de Madres, los hermanos no ganaban más de 6000 pesos mensuales, pero que habrían derivado dinero público a cuentas vinculadas con Meldorek y Antártica, que no tenían una actividad comercial acorde con los montos que recibían ni ofrecían contraprestación alguna. Di Lello había pedido en diciembre las indagatorias de 67 personas, pero Oyarbide decidió citar primero a una veintena, que para los investigadores serían “el núcleo más cercano al desvío” de fondos. Una fuente judicial informó que “después de estas indagatorias avanzaremos con el resto de los acusados”, entre ellos los financistas Fernando Caparrós Gómez y Ricardo de Falco, quienes habrían cambiado los cheques de las Madres.