El 12 de enero de 1977, cerca de treinta militares irrumpieron en la casa de Domingo García y Beatriz Recchia, en Villa Adelina. El fue asesinado. Ella, que estaba embarazada, secuestrada. La niña que nació en cautiverio fue apropiada y encontrada en 2009. La hija mayor del matrimonio, que tenía tres años cuando presenció el operativo, buscó a su hermana y a los asesinos de sus padres. Hace cuatro años supo que Eduardo Alfonso, que había llegado a secretario general del Ejército durante el gobierno de Fernando De la Rúa y que hasta entonces carecía de antecedentes públicos que lo vincularan directamente con la represión ilegal, había estado en su casa aquel 12 de enero. Las pruebas estaban en el legajo del militar. Junto a los abogados de las Abuelas de Plaza de Mayo logró que lo encarcelaran. Pero, poco después, el represor recuperó la libertad. Esta semana, cuando la Justicia volvió a ordenar su arresto, Alfonso ya no estaba en el país. Juliana está furiosa, pero más allá de este caso, dice que Justicia “tiene que darle otro tratamiento al genocidio” para evitar la fuga de los acusados.

El legajo personal de Alfonso incluye el Informe de Calificación de 1976/1977 en el que el entonces teniente primero de Caballería aparece con parte de enfermo el 12 de enero de 1977. El diagnóstico fue “herida de bala con perforación intestinal (bajo información)”. En el Boletín Público del Ejército Argentino número 4148 del 6 de julio de 1977 figura la condecoración que le dieron por haber recibido ese disparo. La reseña dice así: “Con motivo de las operaciones realizadas en la localidad de Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en Combate’ a Teniente primero C. D. Eduardo Alfonso y Teniente primero D. Raúl Fernando Delaico”.

–¿Cuál es la situación de Alfonso hoy? –preguntó Página/12 a Juliana García Recchia.

–Tiene pedido de captura internacional y está prófugo, aunque técnicamente no se fugó, porque cuando se fue no tenía prohibición de salir del país. Se fue el domingo pasado vía Uruguay y quién sabe dónde está ahora.

–¿Alguien tiene la culpa?

–Responsabilizo al sistema judicial en general, pero puntualmente la gran responsable es la Cámara Federal de San Martín. Hace cuatro años nos costó que el juez Alberto Suares Araujo lo llamara a indagatoria, tuvimos que salir a denunciar públicamente que no lo hacía, hasta que lo detuvieron. La defensa de Alfonso admite que estuvo en un operativo, pero dice que era un operativo de tránsito, que estaba en Villa Adelina en una esquina junto a Delaico, que pasaron en una moto dos personas y les tiraron y que lamentablemente Delaico, que es el único testigo, está muerto. Pero él no sabía que Delaico había hablado antes de morir. Habló en su propio legajo. Delaico había participado de uno de los alzamientos carapintadas y lo pasaron a retiro. Entonces, pidió que le pagaran más porque había estado en el operativo de la calle Independencia 1940, en Villa Adelina. Aparentemente, él se cayó de la medianera y por eso tuvo problemas de salud. Por eso pedía más plata. Pero la Cámara Federal de San Martín (los jueces Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati) en un fallo sumamente arbitrario y parcial dice que sí estuvo en el operativo en mi casa, porque lo del tránsito era insostenible, pero que en realidad él no sabía a qué iba. No sé cómo saben eso, porque Alfonso sostenía otra cosa, decía que estaba en otro lugar. Le aplicaron de hecho una obediencia debida y dijeron que, además, como fue herido, eso lo deja afuera del hecho.

–¿En vez de que la herida sea la prueba de que participó, era la prueba de que no tuvo nada que ver?

–Tal cual. Dicen que no llegó porque estaba “fuera de combate”. Primero le dictan la falta de mérito y luego el sobreseimiento y eso es lo que nos permite apelar. Era todo muy ridículo. Lo apelamos en Casación, que muchas de estas apelaciones no las trata, pero en este caso la aceptaron porque era terrible. El queda en libertad y sin prohibición de salir del país, a pesar de que el caso seguía abierto. La denuncia la habíamos empezado hace cuatro años. Alfonso estaba limpio totalmente, llegó a general de Brigada y fue el que se recorrió todo el país defendiendo y dando apoyo a los represores cuando empezaron a ser citados por los Juicios por la Verdad. Era el secretario general del Ejército de (Ricardo) Brinzoni y pasó a retiro cuando asumió (Roberto) Bendini. Es alguien con vinculaciones. Para mí, de los militares que están imputados es uno de los más poderosos y de los que pueden tener mayor cobertura. En la audiencia de Casación, su abogado dijo: “Tenemos coincidencias porque consideramos que lo que pasó es horroroso” y cosas así. Es un cobarde que ni siquiera se hace cargo. Nos está tomando el pelo. Su abogado dice que estuvo con la autocrítica de (Martín) Balza y es una mentira. Sólo viendo las notas que salieron en Página/12 cuando defendía a los represores queda muy claro.

–¿Creés que lo van a encontrar?

–No. me encantaría creerlo, pero no. (El represor de la ESMA Jorge) Vildoza está prófugo hace 15 años. Se fugó (Juan) Wolk (del Pozo de Banfield). Hay muchos represores fugados, no es gente que esté a derecho. En este caso puntual, la falla mayor está en la Cámara que lo liberó con un fallo parcial. Pero tenía una causa que no estaba cerrada y si no le dieron prisión preventiva le tendrían que haber prohibido salir del país. Para mí, tiene que ver con una cuestión más general. Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, se tratan como delitos comunes, lo único diferente es que se pueden juzgar más allá de que hayan pasado más de diez años. La gente sospechada debería tener una prohibición de salir del país y las preventivas deberían ser rápidas, porque hay represores que se están fugando. La Justicia tiene que darle otro tratamiento al genocidio. Yo conozco un pibe que fue acusado de robar un desodorante en un kiosco y estuvo tres meses adentro y otros meses más en su casa con la tobillera. Y esta gente, que está acusada de delitos de lesa humanidad, tiene este movimiento. Si vamos más al extremo y si me preguntan a mí, tendría que haber otras cosas, como inversión de la prueba...

–Pero por ahí se abre la posibilidad de que después se invaliden las causas hechas de esa manera...

–Eso se hizo en otros países, no es un delirio total. Porque a 35 años hay que estar en cada detalle para juntar pruebas. Y hay un montón de personas que si no fueron vistas se quedan por fuera. En Campo de Mayo, por donde pasaron más de cinco mil detenidos, los procesados son muy poquitos. El genocidio merece un tratamiento diferente. En Casación, pedimos en la audiencia que tuvimos que resolvieran en el momento y ordenaran el arresto y que después dieran los argumentos. No lo hicieron, se tomaron dos semanas. Y en ese tiempo se escapó. Está todo dentro de la legalidad, incluso podrían haberse tomado más tiempo. No soy abogada, pero éstos no son delitos comunes. Aunque en este caso los jueces de la Cámara Federal de San Martín son los responsables y los denunciamos en el Consejo de la Magistratura, hay cosas que se tienen que pensar desde otro lugar. Alfonso está en cualquier lugar, quizá con documentación falsa, con otra apariencia y con plata para hacer lo que quiera. Y ahora es complejísimo, es buscar una aguja en un pajar.

–¿En lo personal cómo te sentís?

–Estoy enfurecida. Cuando me enteré, la furia y la angustia fue terrible. Y estoy con una sensación de impotencia porque se fugó y se podría haber evitado.