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Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

Santa Fe aún está sumergida bajo el caos, la oscuridad y la parálisis. Aunque las aguas siguen un lento descenso, el 30 por ciento del casco urbano permanece inundado. Ahora, el punto más crítico para el gobierno de Carlos Reutemann es la canalización de la asistencia, sobre todo entre los autoevacuados. Ayer, unas doscientas personas autoevacuadas y autoorganizadas se concentraron frente a la Legislatura para reclamar colchones y comida para quienes, en algunos casos, llevan tres días sin alimentarse. Los problemas generales de abastecimiento continúan, en la Capital no hay leche, los precios de la carne se triplicaron y el kilo de pan pasó de 1,40 a 8 pesos. La lista de los 100 mil damnificados ahora tiene 18 muertos con una proyección que avanza a medida que se descubren las casas. Aunque comenzó a llegar ayuda del resto del país y desde el exterior, la situación general no está controlada. En las zonas más críticas, el gobierno mantiene el toque de queda para desalentar ahora el avance de los saqueos, un nuevo fantasma. Igual, ya hay inundados que están armados en los techos.
Raúl Gómez estaba ayer frente a la Legislatura. Es uno de los autoevacuados que durante estos días ha decidido armarse: “No tuve otra opción –dice–: cuando me fui no tuve tiempo de sacar las cosas de mi casa, de pronto escuché que todo el mundo gritaba que se venía el agua”. Raúl sacó a su familia por los tapiales y desde entonces mantiene una guardia de noche y de día en los alrededores de su casa.
Estos son los casos de asistencia que el gobierno no logra atender ni aun con las toneladas de alimentos y de ayuda que fueron llegando. Los autoevacuados forman parte de un grupo peregrino que dejó a su familia a salvo y deambula durante el día para proteger aquello que le ha quedado. “Ahora nos organizamos”, comentaba ayer una de las mujeres. “Hicimos una lista con números de documentos y fuimos anotando los nombres de los que necesitamos comida y colchones.” En el reclamo incluyeron la creación de un centro propio y un punto de reunión a disposición de los que no quieren dejar sus casas. “Si ustedes lo anuncian –proponían– van a ver que habrá miles en condiciones iguales.”
En esas condiciones están ahora unas 20 mil personas, aunque nadie tiene números exactos. Las cifras de damnificados oficiales manejadas por el gobierno llegan a 100 mil personas. Entre ellas, las que están refugiados en los centros de evacuados son apenas 30 mil personas. La mayoría llegó de los barrios de San Lorenzo y Santa Rosa de Lima, las porciones de ciudad más bajas que están ubicadas a orillas del Salado. En esos barrios hasta anoche no se había restablecido la luz, y sobre ese radio el gobierno impuso el toque de queda: está prohibido el tránsito de embarcaciones particulares después de las siete de la tarde, en la zona sólo se permite el desplazamiento de patrullas de Prefectura y del Ejército que además mantienen sobrevuelos en helicópteros. Aun así, para los pobladores, esos cordones periféricos se han convertido en zona liberada. Carmen Machado es una de las mujeres que ayer recorría enloquecida la ciudad con una fotocopia del documento de su hijo. Desde hace tres días, su hijo está encerrado en una camioneta montando guardia cerca de su casa: “Nadie apareció por ahí con ayuda –decía– y él todo el tiempo me dice: ‘¿Para qué me voy a ir, mami? ¿Para que me roben lo poco que tengo?’”
Por esta serie de situaciones, la Nación puso en marcha la Ley de Seguridad Nacional sobre la capital. Esta medida le da a Reutemann un poder especial de mando único sobre las fuerzas de seguridad. En este momento, hay 400 gendarmes y 200 hombres de la Prefectura encargados de patrullajes en las zonas anegadas. Hay delegaciones de la Policía provincial y de la Federal destinadas a los centros de evacuados en un contexto de militarización de la crisis que incluyó al Ejército: desde hace dos días son quienes se encargan de las distribución y racionalización de alimentos y agua incluso entre quienes no han abandonado sus casas.
La situación de desabastecimiento es otro de los efectos del caos. En la ciudad se dispararon los precios y no se consiguen alimentos de la canasta básica. La bolsa de harina pasó de 50 a 400 pesos, se triplicaron los precios de los artículos de limpieza, el agua mineral que antes salía un peso ahora se consigue por el doble. Las velas para abastecer a los dos tercios de ciudad que sólo tiene luz durante medio día pasaron de 0,60 centavos a 4 pesos.
El restablecimiento de los canales de comunicación mejoró en algo las condiciones. Se rehabilitó el puente de conexión con Rosario, pero los barrios del oeste y del sur siguen cortados. Hubo quienes durante el día encontraron un escenario peor al dejado. “Porque a nosotros nos dicen que lo peor ya pasó –repetían– pero lo peor llega a ahora, cuando entramos a las casas y vemos el vacío, un vacío que sólo se llena con lágrimas.”