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Desde el sindicalismo, tanto de los sectores opositores como desde los que hoy aparecen como más cercanos al Gobierno, evitaron pronunciarse sobre la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de disolver la Administración de Programas Especiales (APE). La excepción fue la llamada CGT Azul y Blanca que responde al gastronómico Luis Barrionuevo. “Para nosotros, creo que si se manejan con criterio y sentido de solidaridad en todos los trámites, la decisión del Gobierno es positiva”, sostuvo Barrionuevo.

El gastronómico hizo la salvedad de que esperaba que hubieran sido consultados al momento de realizar las modificaciones “los miembros del consejo directivo de la CGT que encabeza el metalúrgico Juan Belén que fue recibido por la Presidenta”. Más allá de esto, adelantó su conformidad con la propuesta, aunque todavía debía consultar “a los muchachos de mi sector”.

Así, por ejemplo, Carlos Acuña, del gremio de las estaciones de servicio, consideró que “la decisión del Gobierno de disolver la APE genera preocupación en todas las obras sociales sindicales porque concentra todo el poder de decisión en un solo organismo, sin determinar cómo y cuándo estarían devolviendo los fondos a nuestras obras sociales”.

En tanto que para Oscar Rojas, de Maestranza, se trata de “una piña al hígado que les asestó el Gobierno a las obras sociales”.