El juicio oral de Jujuy tiene escenas de Macondo. La audiencia de ayer se hizo con transmisión a Buenos Aires, donde declaraban varios testigos citados por la defensa de uno de los imputados. En la sala de audiencias del Consejo de la Magistratura se instaló, a la vez, parte de la Comisión Interpoderes de seguimiento de las causas de lesa humanidad para asistir al juicio, pero a la vez para dar una clara señal política. Frente a ese bastión de invitados, el presidente del Tribunal Oral Federal de Jujuy René Casas repitió escenas del primer tenso día de audiencias. Hubo discusiones en torno de la salud de uno de los represores que en lugar de hacerse a puertas cerradas, como en cualquiera de los juicios, se hicieron en medio de la sala. Casas, que por momentos parecía seguir la lógica de los tiempos que marcaban las defensas, fue frenado varias veces por el único de los tres jueces llegado de Buenos Aires. Daniel Morín se quejó en voz alta no sólo por esas cuestiones de forma. Salió a aclarar que él mismo tuvo que monitorear los traslados de los detenidos hasta el juicio –que casi se cae por la ausencia de varios acusados–, porque: “Desde acá se había tomado la decisión de no tomar ninguna decisión en esa causa”.

El Tribunal Oral Federal se constituyó con dos jueces locales: Casas, que es el único titular y es de Jujuy. Mario Juárez Almaraz que es de Salta y dos jueces designados por Casación desde Buenos Aires: Daniel Morín y Fátima Ruiz López que interviene –aunque los varones del norte no la miran a los ojos– como jueza suplente. Casas y Juárez Almaraz se consultaban todo el tiempo y a Morín se lo escuchó en algún momento intentar marcar el terreno y decir que alguna de esas decisiones dependía de los tres.

Como en un cuento de nunca acabar, la salud de uno de los acusados volvió a monopolizar parte de la audiencia. Esta vez fue el caso de Orlando Antonio Vargas, el ex interventor del Servicio Penitenciario de la cárcel de Villa Gorriti a partir de marzo de 1976, un lugar que funcionó con la lógica de centro clandestino. Vargas carga sobre él la mayor parte de las acusaciones, por casos como el del ex intendente Luis Arédez o el del minero Avelino Bazán. El primer día, sus abogados habían dicho que no estaba en condiciones de ser juzgado porque estaba internado. De una u otra forma –Consejo de la Magistratura mediante, informes sucesivos de distintos médicos que iban confirmando que estaba en perfecto estado–, el juicio empezó con él. Vargas escuchó la acusación desde una cama, internado en el Hospital San Roque y tanto estaba bien que al día siguiente declaró durante dos horas seguidas. Sus abogados dijeron que se había descompensado y estaba en terapia intensiva. Curiosamente, en ese contexto, pidieron volver a la prisión domiciliaria en la provincia de Córdoba. Allí fue cuando la audiencia se recalentó.

El presidente Casas por momentos pareció hasta mejorarles la propuesta a las defensas. Sin levantarse de la silla, ni acordar con sus compañeros de bancada, tomó el micrófono y despachó: “El voto mío es que los señores médicos que lo atienden, más los médicos particulares que la familia quisiera llevar, tomen todas las medidas para garantizar la vida o el estado de salud, en terapia intermedia, intensiva o –aclaró– en el establecimiento que el médico considere conveniente”. Así, mientras abría la posibilidad hasta de un traslado a una clínica privada, dejó en suspenso la decisión sobre la domiciliaria hasta no compensar el estado. El segundo juez adhirió. Y Morín tomó la palabra.

Morín es de Buenos Aires. En Jujuy parece ser parte de la visitante. En el estrado detalló cómo fue la historia clínica de Vargas, lo que fueron diciendo los peritos. Cómo él tuvo que monitorear el traslado en ambulancia de Vargas desde Córdoba hasta Jujuy antes del juicio porque “desde acá se había tomado la decisión de no tomar ninguna decisión en esa causa”. Explicó que su voto era contemplar la opción de una internación en la Unidad Penal de Ezeiza, donde hay terapia intensiva y sistema de video conferencia.

Casas repitió una y otra vez que su colega porteño era el responsable de aquellos trámites de traslado. “Noto con reiterada insistencia que el presidente del Tribunal me cita como presidente del ‘Trámite’ –dijo Morín–: Yo le pido al tribunal que no se me siga atribuyendo la exclusiva responsabilidad de lo que está pasando con Vargas”.

El juicio en este momento reconstruye el secuestro y desaparición de Julio “Pampero” Alvarez García, un militante de la Juventud Universitaria Peronista secuestrado el 21 de agosto de 1976 de la casa de su padre. Pampero, que ya había estado detenido en Tucumán, estaba en la clandestinidad y emergió ese día para los festejos del cumpleaños de tres años de su hija Mariana. En la sala estaba Mariano Braga, teniente en aquel momento y la persona que se llevó a Pampero a punta de pistola. En Buenos Aires declararon testigos citados por su defensa: en su coartada él dice que ese 21 de agosto estaba en Buenos Aires y el cumpleaños que se festejaba ese día era el suyo.

Varios testigos pasaron por el Consejo de la Magistratura. El primero, un vecino que dijo que lo conocía desde los años ’60, que sabía cuándo era la fecha de su cumpleaños, pero cuando le preguntaron si alguna vez había ido a alguno de los festejos dijo que no. La segunda testigo fue una mujer, amiga de la hermana de Braga, una jueza del Juzgado Comercial 22 de Buenos Aires. La mujer se presentó como abogada, dijo haber estado en el festejo de cumpleaños pero ante las preguntas reconoció que acababa de leer el expediente con todos los datos contenidos en la acusación. El último de la serie de testigos del cumpleaños fue un ex compañero de Braga, hombre del grupo de artillería de Córdoba. Dijo haber estado con Braga un día antes del cumpleaños, Braga lo invitó a la fiesta, él no fue porque tenía a su hija con fiebre. La jueza Ruiz López hizo algunas preguntas. Preguntó si después de la fiebre de su hija, habló con Braga. El hombre dijo que no. Preguntó si tuvo contacto con Braga ese año, más tarde. El dijo que no. “¿En el ’77?”, preguntó la jueza. Y volvió a negarlo: “Ese año fue muy particular –aclaró– por la enfermedad de mi padre, que falleció en el mes de junio”. “¿Al velatorio de su padre, Braga fue?”, quiso saber la jueza. El hombre dijo que no.