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Eramos pocos y se lanzó José Manuel de la Sota. El gobernador de Córdoba es la tercera voz del desparejo trío de aspirantes opositores a la presidencia, sumándose a su colega bonaerense Daniel Scioli y al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. En cuestión de días, el Gallego De la Sota hilvanó una seguidilla de movidas potentes y contradictorias. Interpuso ante la Corte Suprema una demanda y una medida cautelar contra el Estado nacional. Se valió de su cómoda mayoría en el Parlamento unicameral de su provincia para dejar sin efecto un Pacto Fiscal con la Nación. Convocó por carta a los demás gobernadores a adherir a esa movida. Postergó por 180 días el pago de un aumento a los jubilados cordobeses, a quienes alega defender. E impuso una tasa a los combustibles líquidos. Desafíos por un lado, ajuste por otro, receta similar (con variantes sensibles según el color local) a las que exploran Macri y Scioli.

De la Sota es un dirigente tenaz. Dos elecciones provinciales perdió a manos del radical Eduardo Angeloz pero en su tercer intento llegó a la gobernación. Desde entonces es la figura política más potente de su territorio, aunque con la mancha del escrutinio capcioso de 2003 en la que su desangelado pollo, Juan Schiaretti, primó sobre el ahora senador Luis Juez con malas artes. Como fuera, volvió en 2011 venciendo por goleada.

En lo nacional, su suerte ha sido esquiva: el cartero llamó a su puerta dos veces y en ambas mordió el polvo. La primera, inolvidable y quizás ya olvidada, fue en 1988, cuando fue candidato a vicepresidente de Antonio Cafiero en la interna contra el luego presidente Carlos Menem. Fue uno de los oradores más ácidos y despectivos contra el riojano en campaña, claro que cuando se conoció el score tardó poco en plegársele con armas y petates. Fue premiado con la embajada en Brasil. La segunda aconteció cuando el duhaldismo buscaba su candidato a la Rosada para las elecciones de 2003. El senador Carlos Reutemann se borró, De La Sota asomó como prospecto. Las encuestas le daban fatal, aun menos de lo poco que congregaba el gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner. El patagónico dio el primer batacazo entre muchos. El Gallego volvió a su terruño, seguramente rumiando una bronca personal que algo debe sumar a su cruzada actual.

En el doloroso período 1999-2003, los “gobernas” tuvieron un poder relativo alto respecto del gobierno nacional, tanto en la etapa que comandó (es un modo de decir) el radical Fernando de la Rúa cuanto en la que rigió Duhalde. Fue un momento top del “federalismo”, fuerte peso político provincial con un Estado nacional desguarnecido, de ruinosas consecuencias para los argentinos.

Este hombre fue protagonista en dos trances determinantes del gobierno duhaldista. El primero fue cuando los gobernadores quisieron imponerle al presidente un ministro de Economía marcadamente sesgado a derecha, Alieto Guadagni, y Duhalde tuvo el tino de resistir y nombrar a Roberto Lavagna. El segundo fue en los días previos a la Masacre de Avellaneda, en la que fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En esos días el peronismo discutió si mantener su postura de cautela para reprimir la protesta social o si había llegado la hora de ponerle violento coto a los reclamos de los piqueteros. De la Sota estaba entre los halcones quienes, es consabido, triunfaron. La evocación no releva de responsabilidad a Duhalde, sus funcionarios y su Policía, pero da cuenta de una coherencia histórica del Gallego. A él se le debe también el ingreso del ex ministro Domingo Cavallo a la arena política: lo coló como candidato a diputado nacional en su lista, y hay quien chimenta que mediaron millones de buenas razones.

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Money, money, money: Por vía de su fiscal de Estado, De la Sota interpuso dos reclamos ante la Corte: una acción de fondo y una cautelar. En el expediente principal reclama un pago de más de mil millones de pesos, aduce que el gobierno nacional lo retrasó sin motivos válidos. El origen del crédito es un acuerdo previo, suscripto ante el mismo Tribunal. Córdoba es una de las provincias que conservó las Cajas de Jubilaciones y pactó sostén financiero del Fisco Nacional. El demandante interpreta ese convenio, dice un integrante de la Corte, “como si se tratara de un pagaré”: está firmado, debe abonarse sin que medie discusión alguna. Desde la Nación le responden que el pacto es complejo, existen prestaciones mutuas y el Tesoro nacional ha entregado a Córdoba cifras mayores a las reclamadas. Todos estos asuntos son intrincados, el trámite será laaaaaargo. Hasta notificarlo tarda bastante y el plazo para responder es de noventa días hábiles. Una vez contestada la demanda, adelantan en voz baja en el cuarto piso de Tribunales, la Corte reiterará su praxis en asuntos similares: convocará a audiencias para que las partes acudan y se esmeren en ir por una solución política. Si no llegan a un arreglo, agrega el cronista, tendrán por delante un mal y prolongado pleito.

La medida cautelar quiere cortar camino, conseguir que el Máximo Tribunal imponga al Tesoro Nacional pagos parciales mientras se dilucida la causa principal. Por ahora, todos son aprontes y desde luego los Supremos no adelantarán criterios. En general, han sido muy refractarios a la concesión de cautelares que funcionan como sentencias anticipadas. Habrá que ver.

Para machacar su posición, De la Sota gestionó la aprobación parlamentaria para suspender el Pacto Fiscal de 1992, por el cual el Estado nacional le descuenta el 15 por ciento de la coparticipación provincial, para derivarlo a la Anses. Es un complemento del acuerdo jubilatorio a que se viene haciendo referencia.

La carta enviada a los restantes gobernadores los convoca a imitar esa batida. La bandera es el federalismo. El afán, ubicarse como puntal de los mandatarios provinciales. Un sitial que ni Scioli ni Macri reivindican y que, da toda la impresión, es parte de la táctica para instalar a De la Sota 2015.

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¿Y por casa cómo andamos? Al unísono, el gobernador impuso dos medidas en sesiones convocadas sobre tablas. Toda la oposición provincial las repudió y abandonó el recinto, el delasotismo se bastó solo para hacerlas ley. Ya se las mentó. La primera es una tasa a los combustibles líquidos que el Gallego justipreció como “unas monedas” sin convencer a sus adversarios. La segunda es postergar un aumento a jubilados por seis meses, esto es, hasta bien entrado el año próximo. Las reacciones populares y sindicales se hicieron sentir: hubo movilizaciones de protesta, masivas según testigos presenciales. Algunos damnificados interpusieron recursos de amparo. De la Sota descalificó a una jubilada de 86 años aduciendo que cobra un haber bruto superior apenas superior a 5100 pesos (o sea, un neto menor a 5000 pesos). Cabe esperar una respuesta indignada de los republicanos que se rasgan las vestiduras cuando la presidenta critica, con pruebas documentales, a un periodista y lobbista poderoso del mayor conglomerado mediático del país. ¿La habrá?

Mientras se devela tamaño enigma, De la Sota va por el podio presidencial, con la camiseta de la oposición. Cuenta con menos conocimiento público y menos potencial de voto que Scioli y Macri, está menos “instalado”. Pero elige otra táctica, tratando se sumar aliados, un rebusque ajeno a la idiosincrasia de Macri y, por ahora, a los manejos de Scioli.

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Ni gestionar ni someterse: La huelga de los subtes sumó ocho días, un record no olímpico pero impactante. Los que lo padecen son usuarios porteños y bonaerenses, que son los millares que combinan en Once, Retiro y Constitución. El conflicto es endiablado, un pentágono de participantes: dos representaciones sindicales enfrentadas, la empresa Metrovías que parece pintada pero es la que debería afrontar la paritaria, más los dos gobiernos que contienden. Es innegable el cariz político del entripado, el gobierno nacional tiene resuelto no moverse para solucionar la situación. Macri elige su metodología clásica: no gestionar y victimizarse.

Hay intereses cruzados entre el jefe de Gobierno y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sería necio negarlo. Tal vez, en otro escenario, la Nación cooperaría más con el gobierno local. Pero el punto central, desdeñado por la narrativa del macrismo y su claque mediática, es el acta convenio firmada entre las dos jurisdicciones. La Ciudad asumió el servicio allí, en un acuerdo parco pero muy preciso. Y cuando subió la tarifa de volea le dio comienzo de ejecución, que es un modo arquetípico de corroborar que el contrato se puso en vigencia. Macri está, pues, flojito de papeles. Quiere, a su manera enfurruñada, borrar con el codo lo que sus funcionarios firmaron con la mano. Eso no se vale, diría el Chavo del Ocho. Los pretensos republicanos que bancan al líder de PRO camuflan la obligación contractual tras una lluvia de palabras. “Le tiraron el subte por la cabeza”, “se dejó arrastrar”. La pregunta correcta, si de funcionarios públicos hablamos, es si firmó lo que firmó.

Macri gambeteó ese aspecto central en la conferencia de prensa del viernes. Ninguna pregunta de los periodistas interfirió en su designio.

Hubo así comparaciones con “el chavismo”, arrebatos verbales con la palabra “sometimiento” repetida hasta el cansancio para facilitar la tarea de los editores de los diarios. Como frutillas del postre, un elogio a los gremialistas de la Unión Tranviarios Automotor (amarillos, agrega este escriba, como la divisa de PRO) y la acusación a los “metrodelegados”. Dependen del gobierno, simplificó Macri hasta el paroxismo. No explica bien los hechos pero desnuda la carestía conceptual de la derecha autóctona, a menudo preverbal y muy poco seria.

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Un poquito de historia: Los “metrodelegados” son uno de los ejemplos de dirigentes de base, más representativos y combativos que los sindicatos reconocidos. En épocas recientes le han sacado canas verdes al gobierno nacional, cuando regenteaba el subte. Su legitimidad se funda en lo que consiguen para las bases. Por eso no pueden “casarse” con ningún gobierno, aunque han mejorado su relación con el nacional, después de tantas pulseadas. Como hay un delegado por línea, la conducción no es homogénea en la política extragremial. Asambleístas por convicciones, siempre conservan y privilegian la “unidad en la acción”. Macri destacó con razón que un referente, Roberto Pianelli, estuvo en la Casa de Gobierno, con la comitiva de la CTA dirigida por Hugo Yasky. Pero hay otros, como Claudio Della Carbonara que es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y fustiga a “los dos gobiernos”.

A su vez, Néstor Segovia, aunque tuvo un acercamiento al partido de Luis D’Elía, es un dirigente con mucho juego propio, un líder genuino mucho más atento a la variable sindical que a posicionamientos en otras ligas

Los “muchachos” rechazaron la Conciliación Obligatoria dispuesta por el Gobierno de la Ciudad. Sus motivos son sólidos. El primero es que esa instancia, que es una limitación del derecho de huelga, sólo es válida cuando es realizada por quien es tercero en el conflicto. Sólo un poder independiente capacita para intervenir, instar negociaciones o avenimientos. Pero la Ciudad, explican los gremialistas, es parte en el problema porque es la responsable del servicio. Tan es así, comentan participantes de las maratónicas reuniones, que los funcionarios macristas llevaban y traían propuestas “de Mauricio” respecto de sus demandas, que abarcan salarios y condiciones de trabajo.

El segundo argumento es que la autoridad porteña no tiene potestades para imponer un laudo, entre otros factores porque niega ser competente.

Desde el punto de vista político, para los metrodelegados sería un arriesgado precedente reconocer la competencia de la Ciudad, mientras esta juega su rol bifronte: hace como que interviene pero invoca que no tiene nada que ver.

El paro está atrancado del peor modo. La cúpula de la UTA añadió torpezas al marasmo: firmó un acuerdo supeditado a que la empresa consiga la plata para pagarlo. O sea, un pacto no ejecutable ni exigible por el modo en que se firmó. En fin.

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Cuadro general: Scioli se generó un problema con los docentes, difícil de comprender aun desde la óptica de sus intereses más pragmáticos. Es patente su ansiedad por conseguir fondos pero fue a buscarlos en un territorio inadecuado. La renuncia de la Directora de Escuelas, Silvina Gvirtz puede ser un ajuste de cuentas con el kirchnerismo, no muy consistente con sus gestos de apaciguamiento reciente.

De la Sota entró al ruedo. Macri persevera con sus manejos que le bastaron un año atrás para ser reelecto con goleada en la capital pero no para construir un liderazgo nacional. Quizás sus demandas muy porteñas también le jueguen en contra pero nada debe darse por seguro. Hay que ser muy cauto con las profecías sobre el futuro, máxime cuando la realidad nativa e internacional es tan cambiante.

Todos esos distritos tienen disputas económicas con el gobierno nacional. No son los únicos. De la Sota cuenta con capitalizar esa variable. La provincia de Santa Fe tiene una demanda en la Corte, que pasó a sentencia. El expediente recorre los despachos de los magistrados que deben ser muy ponderados pero también fallar en un plazo razonable y construir una mayoría que le dé peso específico a la decisión.

Entre tanto, La Rioja, San Juan y San Luis litigan contra la AFIP. El organismo nacional reclama devolución actualizada de diferimientos impositivos concedidos por leyes de promoción industrial. Las provincias explican que sería ruinoso pagarlos de ese modo.

La desaceleración de la economía trastocó el esquema de la Coparticipación que posibilitó tanto al gobierno nacional como a los provinciales años de relativa bonanza. En ese marco se sucedieron muchas victorias oficialistas en provincias y municipalidades, lo que en promedio atemperó las rebeldías comarcales.

Algunos mandatarios provinciales ven cerrada esa etapa. En la Casa Rosada confían en un segundo semestre de rebote económico que permita mantener la conducción política sin asfixiar a las provincias. De eso se trata, en parte. Las elecciones presidenciales también están en el imaginario de los participantes.

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