El Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, aprobó en 2006 un Código de Etica y el Sindicato de Prensa de Rosario, que integra la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, culminó en 2007 la elaboración de una Declaración de Principios sobre Etica Periodística. Son propuestas de autorregulación, sin carácter obligatorio. Ambos definen la información como un bien social, pero el sindicato rosarino agrega que es un “derecho humano fundamental que posibilita el conocimiento y el ejercicio de otros derechos”. Una decena de los 42 artículos de las pandectas de FOPEA rozan las cuestiones suscitadas el jueves por la presidente CFK, aunque ninguno las aborda en forma específica. Esa entidad considera incompatible con la profesión periodística la difusión de mensajes publicitarios “explícitos o implícitos”. Diferencia entre las noticias y la publicidad, proscribe que los periodistas negocien pautas publicitarias, realicen “operaciones de prensa”, difundan “información tendenciosa” o acepten “pagos, retribuciones, dádivas ni privilegios” que pudieran “incidir sobre un manejo informativo particular”. Califica como “falta grave” los “sobornos y las prácticas extorsivas”, explica que el periodista sirve al interés público y “nunca a objetivos sectoriales ni personales”. Añade que “el ejercicio de la profesión de un servidor público no habilita la obtención de beneficios personales” y declara incompatible “cualquier tipo de actividad que afecte su independencia y el derecho del público a ser informado con honestidad”. El texto de los trabajadores rosarinos reclama una autocrítica de las empresas y de las personas complacientes o cómplices con la dictadura, y contrapone sus actitudes con las de quienes “perdieron la vida a partir del compromiso por mostrar la verdad, romper el aislamiento que supone la incomunicación y contar los hechos de la realidad sin tamices ni medias tintas”. Además incluye una cláusula de conciencia, según la cual una empresa no puede obligar a sus periodistas a escribir algo en contrario a sus “convicciones o principios o que sabemos que no responde a la verdad” (un proyecto similar de ley presentó después FOPEA). El sindicato rosarino también advierte que la precarización, la flexibilización y el fraude laboral operan contra la ética profesional, por lo cual reivindica la protección del Estatuto del Periodista Profesional y el Convenio Colectivo de Trabajo, ya que salarios dignos, condiciones y medios de trabajo adecuados, son “requisitos fundamentales para la calidad e independencia periodística”. En forma explícita objeta la creación de tribunales de disciplina y la intervención de los poderes públicos en la regulación de la ética profesional, porque “sería condicionante y limitativa de la libertad de expresión y del derecho a la información”. También opina que las empresas de la comunicación no pueden ser concebidas sólo como grandes negocios cuya finalidad sea acumular poder para ganar más dinero. Entiende que los periodistas deben rechazar funciones, tareas y beneficios que coloquen su independencia e integridad profesional “en situación de vulnerabilidad”. De existir un interés personal en un tema deben excusarse y solicitar que se asigne a un colega. Como se ve, ni el Código ni la Declaración de Etica contemplan en forma expresa el caso de contratos de una empresa con socios o familiares de un periodista que escribe sobre esa empresa, ni el caso tan difundido de periodistas de grandes medios que al mismo tiempo tienen, por sí mismos o a través de asociados, programas en cable o radio y/o boletines por suscripción, a través de los cuales se recompensan sus palabras (o sus omisiones) en el medio principal. Tampoco reclaman que cada periodista haga una declaración jurada de conflicto de intereses, con lo que distan de ser documentos operativos con condiciones objetivas exigibles. El debate es bienvenido, aunque haya comenzado sin las convenientes precisiones y seguido con una respuesta de notable vaguedad. Pese a que el aludido periodista Marcelo Bonelli anunció que respondería “punto por punto” a lo que llamó “escrache presidencial”, su descargo no coincidió ni siquiera en las fechas: mencionó “tareas en YPF” que su esposa desarrolló como profesora de inglés “a fines de 2007”, cuando Cristina habló de pagos “del año 2008 a la fecha” y dijo que luego de la intervención “no le renovaron el contrato”, por el que habrían percibido un millón de pesos. Y no sólo a su mujer sino también a un socio, que no fue identificado, ni en la cadena nacional ni en la réplica de Bonelli.