La comisión bicameral de reforma de los códigos Civil y Comercial recibió ayer en el Senado al ministro de Justicia, Julio Alak, y al secretario del área, Julián Alvarez, integrantes de la Comisión Revisora del proyecto que unifica, simplifica y moderniza los más de 4500 artículos que comprenden las dos legislaciones. Al iniciar su exposición, Alak sostuvo que la propuesta del Gobierno no se realizó “a libro cerrado” y señaló que se ha impulsado “con una profunda vocación democrática y participativa”. Por su parte, Alvarez afirmó que “la intención es no tener más un código europeizante, sino un código con identidad cultural latinoamericana, un código argentino modelo para toda Latinoamérica”.

La comisión bicameral había comenzado a funcionar la semana pasada, con la visita al Senado de los juristas principales de la Comisión Redactora del proyecto: el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; su vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, y la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci. Ayer fue el turno de los miembros del Poder Ejecutivo, que se encargaron de corregir esa primera versión, elaborada durante un año y en la que participaron más de cien juristas. Al brindar detalles de la iniciativa, Alak informó que “las modificaciones que se plantearon desde el ministerio fueron consensuadas en su totalidad”.

“Hubo diferentes enfoques, es cierto, tomaron trascendencia pública como diferencias profundas, pero todas las propuestas tuvieron plena aceptación”, aclaró Alak, desmintiendo conflictos con la comisión de juristas. El ministro detalló que quedaron como temas a analizar no más de 50 artículos y que en su mayoría fueron aceptados. Entre las cuestiones que remarcó, Alak señaló que el nuevo código es “entendible para cualquier persona”, ya que fue escrito en un lenguaje “claro y sencillo”.

Una vez más, se volvió a aclarar que no existe la supuesta “pesificación”, y Alak señaló que el nuevo código no modifica “la autonomía de la voluntad”. Es decir, que podrán celebrarse contratos en dólares y que será el deudor quien elegirá cancelar su deuda en moneda extranjera o en pesos. “En ningún caso se autocalifica de orden público, por lo tanto no tiene preeminencia sobre la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad queda absolutamente protegida”, insistió.

A su turno, el secretario de Justicia, Julián Alvarez, dijo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner funcionó como “colegisladora” del nuevo Código Civil y Comercial porque fue “la que seleccionó a los más destacados juristas de las disciplinas civiles y comerciales para hacer este proyecto”. El secretario de Justicia también ponderó que la nueva estructura legal establezca “un sistema de responsabilidad objetiva que protege a las víctimas y no al que causa el daño”.

Desde la oposición y el oficialismo hubo elogios y críticas a la tarea de ambas comisiones, que en las dos audiencias ratificaron la potestad del Congreso para realizar todas las modificaciones que considere necesarias. Por ejemplo, el propio presidente de Diputados, Julián Domínguez, reclamó, igual que la senadora del peronismo disidente Liliana Negre de Alonso, que se incorpore la “voluntad del legislador” como fuente de interpretación del derecho. A partir de ahora comenzarán las audiencias públicas, donde se escuchará a distintos invitados y los integrantes de la comisión debatirán las modificaciones que quieran incorporarle al texto, que debería ser aprobado en noviembre de este año.