La comisión bicameral de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial realizó ayer su segunda audiencia pública con la presencia de más de cincuenta expositores, entre los que se destacó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que apoyó el proyecto y planteó algunas modificaciones en materia de adopción, derecho al nombre y pruebas de ADN. “Sostenemos que debe facultarse al juez a obtener ADN al renuente de manera coactiva por intermedio de la fuerza pública”, sostuvo Carlotto, quien recordó que el derecho a la identidad es un derecho de “jerarquía constitucional”. Por otro lado, se manifestaron las diferencias entre comunidades de pueblos originarios que cuestionaron el proyecto y el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), Daniel Fernández, que lo defendió. El líder de la CTA opositora, Pablo Micheli, no concurrió a la audiencia.

Con un ritmo de trabajo intenso, la comisión bicameral contó ayer con una flaca concurrencia de los legisladores en las más de siete horas que duró la reunión. Una de las intervenciones que mayor atención generaron fue la de Carlotto, quien celebró la modificación del Código y dijo que se trata de un proyecto “pluralista y tolerante con los distintos sectores sociales”. Entre otras reivindicaciones, señaló que por primera vez se regula “un procedimiento para que los nietos puedan fácilmente recuperar su apellido legítimo y que no deban convivir con un nombre falso, revictimizándose”.

Por otro lado, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo se mostró preocupada por términos “muy imprecisos” utilizados en la redacción del artículo 69, referido a la adopción, y pidió la revisión del artículo 579, que regula las pruebas genéticas en las acciones de filiación. Carlotto relató que el proyecto mantiene el criterio actual, por el cual si alguien se niega a realizarse un análisis de ADN, esa negativa constituye un “indicio grave” de su paternidad. “Creemos que, así, se está determinando la identidad sin certezas, sobre la base de una presunción”, sostuvo la titular de Abuelas, quien reclamó el otorgamiento de la facultad al juez para determinar la obtención compulsiva del ADN por métodos alternativos a la extracción de sangre.

Por último, rescató los avances en la protección de los derechos de los niños en materia de adopción, pero reclamó “priorizar el vínculo biológico”, garantizando los mecanismos y plazos para que los familiares de los niños presuntamente abandonados sean localizados. Además, cuestionó la necesidad de que los niños adoptados deban contar con un abogado para acceder a su expediente.

En la audiencia de ayer también expusieron representantes del espacio Habitar Argentina, integrado por profesionales de la ACIJ, el CELS, Colectivo por la Igualdad y la Universidad General Sarmiento, especializados en la problemática de la vivienda. Carolina Fairsten, del CELS, advirtió que “no está contemplada la situación irregular de más de un millón de hogares que habitan de modo informal tanto en lo urbano como en lo rural en el país, lo que dificulta la concreción efectiva del derecho a la vivienda”. Fairsten sostuvo que no se ve reflejado en el articulado “la función social de la propiedad”. “No se trata de una idea extravagante sino de una propuesta fundada en el derecho comparado en países de la región y recepta recomendaciones internacionales de diferentes estratos de Naciones Unidas”, señaló.

Distintos representantes de pueblos originarios insistieron con críticas al proyecto, que van desde la falta de una “consulta previa libre e informada” a las comunidades, como lo establece el Convenio 169 de la OIT, hasta el reconocimiento de las comunidades como personas jurídicas de carácter público. Viviana Gauna, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, señaló que “debe comenzar a discutirse la propiedad comunitaria” y afirmó que “la propiedad privada debe ser sometida al bien común, que es la función social como límite al ejercicio de los derechos individuales”. En respuesta, Fernández negó que no hubiera participación de las comunidades y bregó por la sanción de una ley específica que establezca los mecanismos de consulta. Además, aseguró que a diferencia del código “monocultural” de Vélez Sarsfield, se trata de un código “multicultural” impulsado por un gobierno que viene sancionando leyes a favor de los pueblos originarios y que tiene “una concepción de avanzar progresivamente en el reconocimiento de derechos”.

Las exposiciones continuarán mañana y el 5 de septiembre, antes de la recorrida por distintas provincias del país.