La semana próxima está previsto que se firme dictamen en la Comisión de Salud de la Legislatura porteña para reglamentar los abortos no punibles en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el macrismo y la oposición no pudieron limar sus diferencias en torno del tema, a pesar de los intensos debates que vienen manteniendo los asesores de los diputados de las distintas bancadas, desde que la Corte Suprema dictó su fallo el 13 de marzo y reafirmó que todas las mujeres que resultan embarazadas en una violación tienen derecho a interrumpir la gestación y se les debe allanar el camino para poder acceder al aborto, y exhortó a las distintas jurisdicciones a fijar protocolos de atención de esos casos. Sin embargo, el PRO busca imponer más requisitos que los que estableció el máximo tribunal, para obstaculizar la práctica. Por ejemplo, propone que se expida sobre cada pedido un comité interdisciplinario. El punto de mayor distancia tiene que ver con las adolescentes. Para el oficialismo, a las menores de 18 años se les debe exigir la autorización de los padres. Para la oposición –que consensuó un proyecto–, ese requisito debe pedirse a las menores de 14 años.

Con este panorama, se firmarán dos dictámenes. En la Comisión de Salud el PRO tiene siete votos y la oposición seis. El kirchnerismo, la Coalición Cívica, Nuevo Encuentro, Proyecto Sur y Buenos Aires para Todos acordaron un texto. También apoyan la propuesta consensuada –aunque no tienen diputados en esa comisión– el radicalismo y el Frente Progresista Popular. En el PRO, en cambio, hay disidencias en el interior de la bancada, aunque la vicepresidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo –autora de uno de los proyectos del PRO–, destacó ayer en diálogo con este diario que hay voluntad política en el oficialismo para fijar un protocolo para la atención de los abortos no punibles, un cambio sustantivo en relación con los últimos años, cuando el macrismo sistemáticamente bloqueó el tratamiento del tema en la Legislatura.

De hecho, la propia Polledo firmó en 2010 el archivo de un proyecto impulsado por la oposición, que desde 2008 busca legislar sobre la atención de los abortos no punibles. Estaba previsto que los dictámenes se firmaran en la reunión de la comisión de ayer, pero el PRO pidió una semana más.

Una vez que pase por Salud, el debate continuará en las comisiones de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y en la de Justicia. En ambas, el macrismo tiene mayoría. Si el proyecto llega al recinto, y toda la oposición se disciplina y vota con asistencia perfecta, podría contar con la mayoría (31 votos) para imponer el proyecto consensuado, que respeta los lineamientos que fijó la Corte Suprema para garantizar el derecho de las mujeres a acceder a los abortos no punibles, contemplados en el artículo 86 del Código Penal. El Comité Capital de la UCR emitió recientemente un documento donde fijó su posición a favor de legislar en ese sentido.

El dictamen de la oposición es el resultado de la unificación de los proyectos de Gabriela Alegre (FpV), Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos), Fernando Sánchez (C. C.), María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular), Virginia González Gass (Proyecto Sur), María José Lubertino (FpV), y María Rachid (FpV), entre otros legisladores. En relación con las menores de edad –un tema que no aborda el fallo de la Corte–, plantea que “será válido el consentimiento (de la paciente) a partir de los 14 años de edad”. Es decir, en esos casos no se requiere autorización de los padres. En los casos de niñas menores de esa edad, el consentimiento será otorgado por su representante legal. Si no llegara a haber acuerdo entre la menor de 14 años y su representante legal, se le dará intervención a la Asesoría Legal Tutelar. Si las diferencias entre las partes persisten, prevalecerá la voz de la niña, de acuerdo con la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a los plazos para efectivizar la práctica, plantea que “se debe garantizar la realización del diagnóstico en el menor plazo posible” y que no debe superar los cinco días desde el consentimiento de la mujer o de su representante legal.

Para llevar adelante el aborto no punible intervendrá un solo profesional (no se contempla que opine ningún comité interdisciplinario, como prevé la propuesta del PRO) y bastará que le presente una declaración jurada en caso de violación.

El proyecto macrista –que unificó las propuestas de Helio Rebot y Carmen Polledo y Lía Rueda– establece que se dé intervención también al director del hospital, además del médico, que será encargado de guardar una copia de la declaración jurada.