Con una firmeza que pocas veces se le escuchó en sus discursos como presidente de la Nación, Fernando de la Rúa se presentó ante el Tribunal Oral Federal Número 3 que lo está juzgando por haber comprado con dinero de la Secretaría de Inteligencia del Estado el apoyo de un grupo de senadores peronistas a la ley de reforma laboral como “un ciudadano común” que llegó al estrado para ejercer su defensa “como corresponde, sin privilegios” de la acusación que se le hace “por algo que nunca existió”. “Vengo con la confianza de esclarecer esta compleja causa para demostrar mi inocencia”, remarcó al inicio de lo que más que una declaración indagatoria fue un alegato político con el que se excusó de tener responsabilidad alguna en el fracaso del gobierno de la Alianza y redujo su acusación en la causa a una “persecución y escarnio” de los que fue víctima desde su renuncia. “El fiscal (a cargo de la investigación preliminar, Federico Delgado) es un fundamentalista: no puede decir que la ley (de reforma laboral) era existencial y los sobornos, inevitables. No era una ley tan milagrosa como para suicidarme, para dar mi vida, mis honores”, sentenció el ex presidente que continuará su exposición el próximo martes. Para el juez de instrucción, Daniel Rafecas, también reservó críticas: “No tuvo argumentos válidos (para procesarlo) y se aferró a su declarante estrella”, denostó, en referencia al ex secretario parlamentario y “arrepentido”, Mario Pontaquarto.

De la Rúa comenzó su declaración seis horas después del inicio de la audiencia. Sentado en la primera fila de los acusados, solo y con la mirada perdida en los sillones de los magistrados Guillermo Gordo, Gerardo Larrambebere y Miguel Pons, transitó el cuarto intermedio que dio por finalizada la indagatoria de Pontaquarto, el imputado que rompió el silencio en 2003 y reavivó la investigación por las coimas en el Senado durante el gobierno aliancista señalando a sobornadores y sobornados (ver aparte). Además de un repaso por su carrera política y los recuerdos de su padre, la primera parte de su indagatoria contó con una extensa defensa de su gestión de gobierno y escasas referencias a los hechos del corazón de la causa que lo involucrarían según los autos de requerimiento y elevación a juicio elaborados por Delgado y Rafecas: básicamente la reunión que supuestamente comparte con el ex secretario parlamentario y algunos de los ex senadores peronistas acusados en la que habría ordenado que “eso” (los sobornos) “arréglenlo con (el entonces titular de la SIDE, Fernando) De Santibañes”.

Según De la Rúa, las coimas que su gobierno les habría pagado a los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell, Ricardo Branda y Emilio Cantarero –el único de los cinco que no está en el juicio, por cuestiones de salud– son una “historia falsa”. “Es falso que los haya conocido (a esos hechos) y que hayan existido”, consideró y prometió un desarrollo extenso y detallado de las razones con las que sustentará tal afirmación para la próxima audiencia.

Un cúmulo de fotografías del despacho presidencial más los planos que Pontaquarto y los dos edecanes que lo acompañaron en la presidencia dibujaron de esa habitación fueron las referencias más directas que el ex mandatario argentino realizó sobre los hechos puntuales. Sin embargo, no dejó la perspicacia de lado, ya que las imágenes ofrecidas y expuestas a todos los participantes del juicio corresponden a la gestión de Néstor Kirchner. El objetivo fue no sólo desacreditar al “arrepentido” en base a “los olvidos” que éste tuvo al describir ese lugar en la instrucción –ubicó un baño en donde no lo había, olvidó las ventanas balcón, “los jarrones y granaderos en la entrada principal”, se espantó De la Rúa– sino que remarcó que “la mesa de vidrio y los sillones de cuero blanco de la mesa de reuniones los tenía Kirchner; los míos eran de madera”. La puerta para deslizar la relación entre Pontaquarto y el kirchnerismo, estrategia que se cree sostendrán las defensas de De la Rúa y varios otros acusados, quedó abierta. También mostró unos gráficos elaborados por él mismo que demostrarían “la imposibilidad de que coincidieran Tell, Pontaquarto y (el ex presidente provisional del Senado, José) Genoud por cuestiones de tiempo y distancia”, aunque no los explicó.

Para el ex presidente, “la Fiscalía puso la política en la base de los fundamentos” para acusar a los procesados y elevar la causa a juicio, en el sentido de que considera que la reforma laboral era una ley “existencial” para su gobierno. “¿Podrían evitarse los sobornos?, preguntó Delgado atribuyéndole a quien aquí se defiende –en referencia a sí mismo– una especie de fraude patriótico. Un gobierno está obligado a actuar dentro de la legalidad”, alegó. A Rafecas, en tanto, lo acusó de haberlo maltratado y de no haberle prestado atención. “Después de mi segunda declaración, me di cuenta de que no le había importado nada de lo que dije”, acusó.

Lejos de tratar hechos verídicos, De la Rúa esbozó la estructura de una causa “armada” en base a una primera etapa de “rumores y versiones nunca confirmadas” acerca del pago de coimas que circularon por el Senado –mencionó al ex senador Antonio Cafiero y al sindicalista Hugo Moyano como voceros de los rumores– y la prensa que “se volvieron opinión pública”, completada con el “famoso anónimo” que confirmaba los corrillos y que el entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez leyó en voz alta en una reunión de Labor Parlamentaria. La segunda etapa, en tanto, se la lleva “el arrepentido”.

“Fui sometido casi a la moda de procesarme”, consideró el ex presidente, en referencia a los “años de persecución política” que aseguró sufrir desde que se vio “forzado a renunciar”, en diciembre de 2001. Pasó buena parte de su declaración en definirse como el presidente de un gobierno al que “le tocó vivir situaciones complejas”. “Había que pagar la fiesta de los años anteriores –calificó–. Traté de luchar contra la adversidad y no pude.”