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“Cuando me interroguen en el juicio no me voy a sentar porque en el banquillo deben estar los asesinos y los torturadores”, afirmó Hernán Zalazar ante Página/12, a pocas horas de ser protagonista del primer juicio oral de un represor contra un militante de H.I.J.O.S, una de las agrupaciones que nuclean a los hijos de los desaparecidos. Tras haber sido escrachado por esa organización en 2000, el coronel retirado al que algunos sobrevivientes acusan de ejercer la “tortura psicológica” inició una causa por el delito de “amenazas” contra este joven. Zalazar será juzgado hoy por la justicia correccional de Morón, en un proceso que ya lleva dos años y medio. Su defensa confía en que será absuelto, pero si hay condena el caso podría crear un precedente para la criminalización del escrache, un recurso de sanción social hacia los represores.
El coronel retirado Carlos Oscar Sánchez Toranzo figura en la galería de represores del Nunca Más, fue subsecretario de Seguridad Interior durante la primera etapa del gobierno menemista y colaborador del ex intendente de Morón Juan Carlos Rousselot. El 23 de marzo de 2000 fue escrachado en la Universidad de Morón por la agrupación H.I.J.O.S. y otros organismos. Allí daba clases en la cátedra de Política de Desarrollo y Seguridad Nacional, de la carrera de Turismo. Página/12 estableció que ya no integra el plantel docente de la universidad. Cuatro meses después, el coronel envió una carta documento a la Sociedad de Fomento Barrio Seré para exigir la rectificación de un panfleto convocando al acto de repudio en su contra realizado en la Universidad. “Tal calificativo y la atribución de conductas deleznables me agravian a mí y a mi familia, pues qué se podría esperar de aquellos que convivieron y fueron educados por un torturador”, se quejó Toranzo. El mismo texto fue recibido por varios organismos de derechos humanos.
H.I.J.O.S. zona Oeste decidió responderle con otra carta pero pública. “No sólo ratificamos que usted es uno de los tantos torturadores que actuó durante la dictadura sino que nos tomaremos el trabajo de que la verdad de su miserable historia se sepa”, fue uno de los párrafos que le dedicaron los hijos de los desaparecidos. La agrupación decidió entregarle una copia a domicilio, y hacia allí se dirigió Zalazar el 1 de setiembre de 2000. “Eran cerca de las seis de la tarde, dejé la carta en el buzón y en ese momento salió la esposa al jardín. Reja de por medio leyó el texto y me dijo ‘déjense de joder, váyanse’”, relató Zalazar a Página/12. “Le dije que la carta era para Sánchez Toranzo, en ese momento lo escuché gritar y me fui. En ningún momento lo amenacé”, completó. El joven caminó unos pasos y enseguida apareció un patrullero, los policías lo pusieron contra la pared, le pidieron que se identificara y le secuestraron una copia de la carta que tenía en la mano. “En eso llegó Toranzo identificándose como teniente coronel, mientras me metían en el patrullero sin decirme por qué me detenían, y terminé en la comisaría. Después de una hora me comunicaron que Toranzo me acusaba de haberlo amenazado de muerte”, contó Zalazar.
Veinte días después, la casa de Segunda Rivadavia 15.551, donde viven el coronel y su familia, amaneció cubierta por una valla metálica y forrada en nylon. Sus vástagos habían empapelado la zona con unos afiches que se apropiaron de la tipografía utilizada por H.I.J.O.S. con la consigna “No a las leyes de punto final y obediencia debida, no a la impunidad, no a la caza de brujas, HIJOS de Sánchez Toranzo”. Sin embargo no hubo desmanes ni bombas de pintura contra el frente. El acto de repudio se hizo en la esquina, con adhesiones de Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos.
Mientras tanto, el aparato judicial se puso en marcha. Ismael Jalil, abogado de Zalazar, explicó que su defendido “nunca tomó contacto con Toranzo, por lo tanto nunca pudo haberle infundido el temor necesario para configurar el delito de amenaza”. Según el letrado, el coronel presentó untestigo “conocido de ellos” que nunca fue detectado por la policía. En el expediente, al que Página/12 tuvo acceso, un agente de la comisaría segunda de Morón declaró que sólo escuchó a Zalazar “profiriendo insultos”, y que “no presenció o escuchó amenaza alguna”. En la primera declaración testimonial, Toranzo declaró como profesión “coronel del Ejército argentino”, mientras que en la segunda se definió como “docente universitario”. Además, los Toranzo denunciaron haber sido amenazados en forma telefónica.
Todos los planteos efectuados por la defensa del joven fueron rechazados, y fue así que tras dos años y medio de proceso el fiscal Andrés de los Santos elevó el caso a juicio oral, con la convalidación del juez de garantías Ricardo Fraga. Hoy Zalazar comparecerá como acusado de “amenazas” contra Sánchez Toranzo ante el juez correccional de Morón Daniel Leppen. “El delito no está acreditado pero el criterio es que todo se discuta en la instancia oral, y más si tiene olor a social como esto”, se lamentó Jalil. Y se preguntó “¿qué temor le puede infundir a Toranzo un pibe que representa a los hijos de los desaparecidos, que le toca el timbre con un papelito en la mano?” Aunque el letrado es optimista en cuanto a la absolución de Zalazar, admitió que el riesgo de una sentencia desfavorable consiste en que cualquier incidente entre un represor y una víctima podría transformarse en una causa penal.
Hernán Zalazar tiene 24 años, era estudiante de sociología pero tuvo que abandonar la carrera porque desde marzo se dedica a buscar trabajo. Sus padres vivían en Mendoza y militaban en el Partido Socialista de los Trabajadores. En 1976 fueron detenidos, estuvieron presos en forma ilegal durante seis meses y otros tres a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Aunque la pareja recuperó su libertad, algunos años más tarde la madre de Zalazar se suicidó. “Empecé a militar porque sentí que su suicidio tuvo mucho que ver con la ‘encanada’, como decía ella, porque hay que continuar la lucha de ellos contra el continuismo del modelo económico, y además porque si la Justicia no mete en cana a los represores hay que escracharlos socialmente”, explicó el joven.
“Cuando me llamen para tomarme los datos le voy a pedir al juez no sentarme allí porque siento mucha indignación, ese lugar no me corresponde a mí sino a los torturadores y a los asesinos, y sería una deshonra para todos los compañeros que dieron su vida.” Zalazar dice que sólo se siente mejor cuando un escrache les impide “ir tranquilos a la verdulería o a cargar nafta, los vecinos los miran distinto y se produce al menos la sanción social”. Y piensa ganar el juicio. “Soy optimista, si no no podría seguir denunciando a estos personajes”, afirmó.
De victimario a
(supuesta) víctima
El sobreviviente Pablo Díaz declaró ante la Cámara Federal de La Plata, en el juicio que investiga más de dos mil desapariciones, que Sánchez Toranzo le dijo que “a los chicos de La Noche de los Lápices los fusilaron la primera semana de enero” de 1977. Díaz estaba detenido en una celda de la Unidad 9 de La Plata y el coronel lo interrogaba para elaborar un informe que podía significar su libertad. En abril de 1999 el militar negó todo ante los camaristas. Sin embargo, reconoció haber estado en la Unidad 9, haber interrogado a Díaz y haber sido designado por el Ejército como enlace con los centros carcelarios donde había detenidos a disposición del PEN. Toranzo se jacta de haber sido dado de baja en 1980, dentro del grupo denominado como los 33 Orientales, “por no estar consustanciado con la filosofía de la institución”. Siempre adujo que ignoraba lo que ocurría durante la dictadura. Sin embargo, los H.I.J.O.S. y algunos sobrevivientes lo llaman “torturador psicológico”. Durante el Juicio a las Juntas, Alberto Maly declaró que en una oportunidad Sánchez Toranzo lo interrogó, y mientras le ofrecía cigarrillos buscaba obtener información sobre lo quepasaba adentro de la cárcel, al tiempo que lo amenazaba diciéndole “pórtese bien que su familia está afuera”.
“Cuando estaba en la Unidad 9, Sánchez Toranzo aplicaba la tortura psicológica durante los interrogatorios, venía y me hablaba de mi vieja, de mi mujer, y al mismo tiempo contactaba a mi familia para que me convencieran de firmar la carta del arrepentido así salvaba mi vida”, relató el ex concejal de Hurlingham Alvaro Aragón en octubre de 2000 a El Diario de Morón. Ese año se volvieron a encontrar en la municipalidad de Hurlingham y Sánchez Toranzo le quiso estrechar la mano. A la mente de Aragón volvió su propia imagen en la mesa de torturas junto al coronel que lo interrogaba. Y le respondió sin hesitar: “No le daría jamás la mano a un torturador”.