[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Este domingo se cumplió un mes del desalojo de las trabajadoras de Brukman, que permanecen acampando a 50 metros de la fábrica. El conflicto tiene abierta una vía de negociación en la Legislatura, donde hoy está prevista una reunión para discutir la presentación de un proyecto de ley de expropiación –definitiva de las máquinas y transitoria del edificio– que podría destrabar la situación. Para respaldar esa medida, el equipo de abogados de las trabajadoras reunió los antecedentes de la textil. El informe sigue el comportamiento empresario durante los últimos años, con el planteo de que la Justicia le hizo de respirador artificial a la firma mientras ésta tomaba actitudes cada vez más oscuras hacia los trabajadores y aumentaba su endeudamiento.
“El grupo Brukman estaba conformado por tres empresas: Brukman Construcciones, Brukman Hermanos (de electrodomésticos) y Confecciones Brukman SAIC. Las dos primeras ya quebraron. En 1999, cuando comienzan las más serias irregularidades en el manejo de la última, se modificó la razón social de Confecciones Brukman por Cebex S.A. para que no se relacionara a Brukman con los manejos de las dos anteriores. En el transcurso de ese mismo año comenzaron los pedidos de quiebra contra Cebex”, dice el texto de las abogadas Miryam Bregman y Mariana Salomón. En septiembre del 2000 también se declaró la quiebra de Cebex. La empresa se presentó en el juzgado y solicitó convertirla en concurso preventivo de acreedores.
Para otorgar tal beneficio, la ley exige presentar los balances de los últimos tres años, necesarios para establecer qué bienes y fondos existen para afrontar las deudas que se le reclaman. Estos balances nunca se presentaron (“el último que figura en el expediente es del ‘97”). Tampoco los libros contables, lo que motivó quejas de la síndica Elina Fernández por “la desatención” a sus pedidos. Para los abogados, este ocultamiento tuvo el objetivo de evitar pagar o pagar menos a los acreedores, “entre ellos a los trabajadores, quienes reclaman sueldos y cargas sociales impagos, y al fisco desde el inicio del concurso”, sostuvo Bregman.
A pesar de haber incumplido con esas exigencias, el juzgado otorgó la conversión de la quiebra en concurso en favor de la empresa.
“Hay dos formas de vaciar una fábrica”, dice a Página/12 uno de los funcionarios de Gobierno que participan de las actuales negociaciones. “Una es sacar las maquinarias y el stock, otra es endeudar a la empresa, tomar créditos excesivos. Este es el caso de Brukman.” La deuda reconocida por la empresa alcanza, según su apoderado, el abogado Jaime Muszkat, “unos cinco millones de pesos”. Un alto porcentaje, “2 millones 700 mil pesos”, sostiene la abogada de las obreras, corresponde a deudas con el Estado. En el juicio comercial la fábrica fue valuada en dos millones 900 mil pesos, casi tanto como esa deuda: el inmueble está tasado en 1.900.000 y la maquinaria en 1.000.000. En base a estos números, las trabajadoras reclamaron inicialmente la expropiación sin pago de la empresa, un paso improbable porque va a contramano de la Constitución nacional. El planteo podría aplicarse ahora, si el Estado decide recuperar sus deudas y comprar con ellas las maquinarias.
Cuando en abril del 2002 la Justicia envió a un grupo de funcionarios a recorrer la fábrica donde las mujeres ya estaban produciendo por su cuenta, se topó con una situación inesperada. La empresa las había denunciado por robo, acusándolas de estar vendiendo la maquinaria. Pero los oficiales de Justicia que controlaron las existencias de cada piso encontraron 22 máquinas más de las que esperaban hallar. La diferencia puso al descubierto que Brukman no sólo había omitido entregar los libros contables sino que también habían presentado a la Justicia un listado incompleto de sus bienes, ocultando su verdadero patrimonio.
Aquella denuncia falsa de robo contra las trabajadoras dio origen al primer intento de desalojo del edificio, que la policía no pudo sostenerporque vecinos de las asambleas, organizaciones sociales y políticas se reunieron en la puerta de la fábrica para repudiar el operativo policial.
También se omitieron los pagos debidos. “A mediados del ‘95 empezamos a tener problemas para cobrar. En lugar del sueldo nos daban vales de 100 pesos semanales, que después se convirtieron en 90, 80, 70 y al final cinco y dos pesos –recuerda Macario Avello, costurero–. La empresa se fue endeudando con nosotros. A mí todavía me deben 4800 pesos. En los últimos años teníamos que trabajar gratis los sábados como ‘aporte’ voluntario, bajo la amenaza del cierre.”
Los Brukman tampoco realizaron aportes jubilatorios, no pagaban cargas sociales ni los seguros de retiro. De las 300 personas que trabajaban incialmente, al momento en que los empresarios abandonaron la fábrica quedaban sólo 115. El 30 de noviembre de 2001 una situación límite condensó de manera horrible todo el malestar en una muerte. Marcelo Rojas, empleado de 28 años, murió por una infección respiratoria vinculada con el HIV. “No podía comprar todos los medicamentos que necesitaba porque no le pagaban el sueldo”, explicó su mamá, Sara, a Página/12. “Me venía a pedir a mí porque estaba alquilando, pero yo no lo podía ayudar. El último mes, mientras estuvo internado, me decía que reclamara a Brukman porque necesitaba cosas que no podíamos darle, pedía una seven-up, quería que le consiguiéramos un televisor para entretenerse, pero le mandaban a veces 30 pesos, a veces 50 por semana. Le quedaron debiendo 2700 pesos entre sueldos y aguinaldo. A mi hijo la empresa lo abandonó. No le pagaron el seguro de vida ni el fallecimiento. Para velarlo la única ayuda que recibí fue la de los empleados, que juntaron entre todos 100 pesos y me los acercaron.” Dieciocho días más tarde comenzó el conflicto.
En enero, cuando las trabajadoras empezaron a producir, comprobaron que a pesar de las dificultades era tan difícil pagar los sueldos y levantar la fábrica. Desde entonces incorporaron a personal despedido. En el año y medio que mantuvieron la fábrica trabajando cubrieron no sólo sus sueldos, sino también el de una compañera que enfermó de cáncer y está en tratamiento. Lo siguen haciendo aún hoy, cuando el desalojo les impide producir y deben sostenerse con un fondo de huelga.