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“En razón de su embarazo, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman habría sido regalada como una cosa a funcionarios uruguayos destinados en Buenos Aires y encargados de llevarse detenidos uruguayos a Montevideo. Para el penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, se trata de un hecho difícilmente comprensible en su criminogénesis, que reduce a una persona a la condición de “cosa”, de “objeto de regalo”, de “presente”, de “gracia”. “Pocos hechos pueden alcanzar semejante grado de negación de la dignidad humana.” Zaffaroni explicó así las circunstancias del asesinato de la nuera del poeta Juan Gelman en un escrito que presentó ante el juez uruguayo Gustavo Mirabal. Buscaba demostrar que ese crimen no está amparado por la ley de caducidad que interrumpió las investigaciones de delitos cometidos durante la dictadura militar en Uruguay.
El texto que preparó Zaffaroni y que cuenta con la adhesión de, entre otros juristas, el francés Robert Badinter –ex ministro de Justicia de François Mitterrand– y la uruguaya Jacienta Balbela –ex miembro de la Corte Suprema de su país y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– es un “amicus curiae”. Se trata de un escrito que personas ajenas a una causa judicial, pero con interés en su resolución, pueden introducir en un expediente para expresar sus opiniones. En Uruguay es un hecho inédito, pero en Argentina hay antecedentes de este tipo de presentaciones en casos de violaciones a los derechos humanos.
“No puedo ocultar que se trata de una ciudadana argentina y que el hecho presenta características aberrantes desde el punto de vista criminológico, bordeando la patología por parte de sus autores y cómplices. La circunstancia de que se halle especialmente interesado en estos autos uno de los mayores poetas de nuestra lengua le ha otorgado mayor difusión al caso, por lo cual lo hemos conversado en varias reuniones de penalistas en Europa y América”, señaló Zaffaroni al justificar su interés en la causa.
María Claudia fue secuestrada en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976, cuando estaba embarazada de siete meses. Un comando militar de la SIDE irrumpió en la casa donde vivía con su esposo, Marcelo Ariel Gelman. Ambos fueron conducidos al centro clandestino de detención Automotores Orletti por varias semanas hasta que, según narraron sobrevivientes de ese campo, a fines de septiembre Marcelo fue sacado de su celda y ejecutado. Trece años después, en 1989, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos. El cuerpo de María Claudia aún no fue hallado.
Según la investigación que realizaron Juan Gelman y su esposa, Mara La Madrid, la nuera del poeta fue llevada a Montevideo con un grupo de detenidos uruguayos. Fue encerrada en el centro clandestino de detención que funcionó en Boulevard Artigas hasta que nació su hija. Semanas después la asesinaron. La pesquisa de Gelman permitió dar con su nieta a mediados de 2000. El presidente uruguayo Jorge Batlle anunció personalmente el fin de esa búsqueda, pero luego no se comprometió con la investigación que permitiría encontrar los restos de María Claudia. El viernes, más de 88 mil personas le pidieron, a través de una carta, que lo haga.
El año pasado Gelman inició una causa penal en Montevideo para saber qué pasó con su nuera. En esa causa presentó su escrito Zaffaroni el miércoles pasado. El jurista recalcó que según los testimonios que figuran en la causa, María Claudia no tenía actividad gremial ni política en Uruguay. “Los hechos darían cuenta de un delito que no forma parte de ningún plan político ni represivo, porque simplemente tiene por objeto obsequiar un bebé, es decir, aprovechar la existencia en detención de una mujer embarazada para proveerle de un bebé a un amigo y eliminar luego a la madre”, afirmó Zaffaroni.
La ley de caducidad, sancionada en Uruguay en diciembre de 1986, declaró el fin de las investigaciones “respecto de los delitos cometidos por funcionarios militares y civiles, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”. Pero Zaffaroni explicó que el asesinato de María Claudia no fue cometido por un militar “en ocasión” de sus funciones, sino “en oportunidad” de aquéllas. Al aclarar esta distinción legal, el abogado relató que “comete el hecho ‘en oportunidad’ el oficial de Justicia que hurta algo diferente de lo que debía secuestrar, el policía que en medio de un accidente comete un hurto calamitoso o el bombero que mientras espera el rescate viola a la mujer con la que se quedó aislado en un derrumbe”.
Otro argumento contra el cierre del caso, afirmó Zaffaroni, es que esta norma excluye “los delitos que se hubieran cometido con el propósito de lograr para su autor o para un tercero un provecho económico”. Al respecto, Zaffaroni señaló que “es conocido que los bebés se comercian. Un bebé tiene un precio nacional e internacional. Por infame que sea este comercio, por detestable que sea, es claro que el amigo del funcionario que obtuvo el bebé lo hizo gratuitamente y que éste le estaba haciendo un presente que importaba el ahorro de lo que el amigo debía pagar para comprar un bebé en el mercado negro para inscribirlo como hijo propio”. El penalista concluyó: “Suponiendo que el funcionario argentino le hubiese regalado al uruguayo un kilogramo de cocaína, nadie dudaría de que esta conducta se halla incluida en las excepciones de la ley de caducidad. Pues, por aberrante que parezca, no fue un kilogramo de cocaína sino otro objeto que tiene valor en el mercado negro: un bebé”.