A partir del resultado de una pericia contable sobre el uso que TBA les dio a los subsidios estatales, el juez federal Claudio Bonadío dispuso ampliar dieciséis indagatorias en la causa sobre el accidente de Once y sumó como nuevo imputado a Mario Cirigliano –dueño con su hermano Claudio Cirigliano del Grupo Plaza–, y le prohibió la salida del país. El estudio realizado por peritos contadores de la Corte Suprema y de algunas de las partes reveló traspasos financieros dudosos entre TBA (concesionaria del tren Sarmiento al momento de la tragedia) y Cometrans, la empresa operadora de servicios de transporte del mismo grupo. Las sospechas apuntan a un contrato de asesoramiento por 127 millones de pesos y préstamos por 40 millones. La principal hipótesis es que se habría utilizado un mecanismo de desvío de fondos públicos para transporte a través de los movimientos entre empresas vinculadas.

El juez tomará las nuevas indagatorias entre el 25 y el 27 de septiembre. Las había pedido el fiscal Federico Delgado, quien argumentó que el caso es comparable a un árbol cuyo tronco sería TBA, pero sus ramas (empresas de asesoramiento, reparación y turismo) son todas partes del mismo Grupo Plaza, donde Mario Cirigliano y su hermano Claudio son socios. Un mes atrás, Delgado advertía sobre abultadas transferencias entre empresas del grupo y la posibilidad de desvío de subsidios del Estado. Decía que, por ejemplo, TBA contrataba por un millón de pesos mensuales la reparación de vagones a la empresa Emfer, del grupo, pero no se advertían mejorías. El fiscal vinculaba a la vez esos manejos con las condiciones de escasa seguridad en que se presta el servicio ferroviario. Los consideró parte del “afuera” que también pudo haber determinado que se estrellara la formación del Sarmiento y causara 51 muertes y 700 heridos.

La concesionaria TBA recibió cerca de 3500 millones de pesos en los últimos doce años. El resultado final de la pericia sobre el uso de los recursos económicos, en la que intervino el decano del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, Héctor Chirikins, junto con dos peritos del cuerpo, Oscar Fernández y Lucía Guelfi, estuvo listo la semana pasada. El estudio abarcó subsidios e ingresos, por ejemplo, por venta de pasajes. Los dos principales puntos que llevaron a Bonadío a convocar a nuevas indagatorias serían: un contrato de asesoramiento de Cometrans a TBA por 127 millones de pesos, entre 2004 y 2009; préstamos de TBA a Cometrans por 40 millones de pesos en 2004. En ambos casos, la mayor parte de los fondos se habrían transferido durante la gestión de Ricardo Jaime en la Secretaría de Transporte. El juez busca corroborar la existencia del contrato y las razones del préstamo entre empresas relacionadas.

Mario Cirigliano hasta ahora había quedado al margen de las sospechas porque no está directamente relacionado con TBA ni con el negocio ferroviario. Pero el escenario cambió. Junto con él, serán indagados su hermano Claudio, quien preside Cometrans; el presidente de TBA, Michele Ferrari; el ex titular de la firma Marcelo Calderón; el abogado Carlos Lluch, y otros directivos de ambas empresas: Guillermo D’Abenigno, Sergio Tempone, Jorge Alvarez, Jorge de los Reyes, Alejandro Lopardo, Carlos Pont Vergés, Roque Cirigliano, Daniel Rubio, Víctor Estrella, Oscar Gariboglio, Francisco Pafumi, Pedro Rainieri y Víctor Heinecke.

Todos excepto Mario Cirigliano ya fueron indagados junto con el maquinista Marcos Antonio Córdoba y los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, más el ex subsecretario Antonio Luna y los directivos de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT). Las nuevas citaciones demorarán la definición de Bonadío: si los procesa, les dicta falta de mérito o los sobresee. Al margen de la pericia contable, se hizo una sobre las causas del accidente que arrojó que el tren estaba en condiciones de frenar, aunque habla sobre falta de mantenimiento. Los estudios neurológicos que se le hicieron al motorman determinaron que no padece epilepsia. El sostuvo que los frenos no le respondieron. Antes de la nueva ronda de indagatorias, la Sala II de la Cámara Federal tiene que resolver esta semana varios planteos de recusación contra el juez.