Con pasmosa genuflexión, Mariano Rajoy inyecta la medicina recetada por la troika europea en el cuerpo social de un país que languidece en un hospital arrasado. Las fuerzas de seguridad hacen lo suyo y preparan la sala de cirugía. Aplicando métodos de la dictadura de Francisco Franco, la policía detiene a ciudadanos en sus casas y trabajos, cuelga fotos de manifestantes en Internet, invitando a la delación, y golpea a periodistas en las marchas. Montserrat Pagés milita en 15M BCNTV (youtube.com/user/15Mbcn), canal de contrainformación que denuncia la violencia institucional en Cataluña. De paso por Buenos Aires, la documentalista desmenuza los abusos cometidos por los Mossos d’Escuadra, se pregunta cuánto falta en España para que haya muertos en las manifestaciones y asegura que la policía transmite la sensación de que eso puede pasar en cualquier momento. “Estamos sentados sobre una bomba de relojería”, sentencia.

En Buenos Aires se entrevistó con Ana Sol, hermana de Juan Pablo Torroija, argentino muerto en julio luego de pasar por una cárcel de Girona. En diálogo con Página/12, advierte que los movimientos sociales se radicalizaron con el recrudecimiento de la situación política en España y, en Cataluña, a partir del desembarco de Convergència i Unió (CiU) en el gobierno autonómico. La mujer sostiene que el partido nacionalista apuesta por una represión sin precedentes desde la dictadura. Y asegura que para contrarrestar la protesta social, esa fuerza política aumentó la cantidad de policías en las calles. “El uso de pelotas de goma se convirtió en el pan de cada día en las manifestaciones”, señala sobre los métodos de represión. En la huelga general del 29 de marzo tres personas perdieron la vista al ser atacadas con esas municiones.

A su vez, denuncia que los manifestantes no son notificados por la Justicia; que policías de civil los esperan por la mañana –cuando salen a trabajar– y son llevados por la fuerza, en furgonetas, sin dar demasiadas explicaciones. Desde el 29 de marzo, según Pagés, 114 personas fueron detenidas en sus trabajos o en sus casas por los Mossos d’Escuadra. Con el argumento de que pueden causar alborotos, fueron encarcelados hasta 30 días, sin juicio previo.

Laura Gómez también fue víctima de la violencia institucional. La secretaria de Organización de la Confederación General del Trabajo (CGT) participó de una performance, frente a la Bolsa de Barcelona, durante la última huelga general, donde una caja de cartón con billetes falsos fue quemada por los manifestantes. La policía catalana la detuvo el 24 de abril. El Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona la acusó de incendio, coacciones, delito de desórdenes públicos y contra los derechos fundamentales. Sin antecedentes penales, le dictaron prisión preventiva y estuvo incomunicada durante 35 días. Bajo esos cargos, el Ministerio Público Fiscal pidió 36 años de cárcel para la sindicalista. Laura está a la espera del juicio oral.

Pagés apunta contra Felip Puig. El consejero de Interior de la Generalitat dijo tiempo atrás que la policía “iría hasta los márgenes de la legalidad y un poquito más” para acabar con el movimiento antisistema. “En Barcelona no pasan cinco minutos sin ver a un patrullero, hablamos de una ciudad militarizada.” Así describe la catalana el aire que se respira en la ciudad condal. “La Consejería de Interior de Cataluña quiere dar la sensación de que si una persona va a una manifestación, acabará mutilada o en la cárcel”, agrega. Y afirma que la transición política en España no provocó grandes cambios: “En el terreno judicial y policial tenemos el mismo sistema, las mismas academias, los mismos manuales y la misma filosofía que hubo durante la dictadura franquista”, concluye.

Al igual que otros españoles, su historia familiar estuvo marcada por el destierro. Empujados por el franquismo, sus abuelos y su madre tuvieron que refugiarse en México. Regresaron a España con la muerte del dictador. “A veces me pregunto si pronto los de mi generación tendrán que exiliarse por culpa de la represión de los gobiernos de Covergència i Unió y el Partido Popular”, afirma.

La última estadística de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura del Estado español (bit.ly/LWru34) advierte que 839 personas declararon torturas y malos tratos, en 2011, en una población estimada en 47.190.493 españoles. Cataluña, con 241 presentaciones, es la región con más casos de violencia institucional (hubo 67 denuncias en 2010). Manifestantes, integrantes de movimientos sociales y del 15M fueron los más afectados. Los Mossos d’Esquadra fueron acusados en el 85,2 por ciento de esas situaciones. “Creemos que la represión fundamentalmente policial no ha hecho más que agravarse”, señalaba el 6 de junio Iñaki Rivera Beiras, titular del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.