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Tras 49 días preso, el dirigente piquetero José “Pepino” Fernández recuperó su libertad. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocó la caución de 10 mil pesos que le había impuesto el juez Miguel Medina como condición para excarcelarlo, tal como dispusieron sus superiores de la Cámara. Fernández siguió preso porque se había negado a pagar lo que calificó como un “chantaje a un desocupado sin recursos”. Revocada la caución, Medina finalmente lo liberó pero le exigió el compromiso de no manifestarse en cortes de ruta ni reuniones. En diálogo con Página/12, el piquetero aseguró que “seguirá luchando” aunque vuelva a ser detenido porque “alguien tiene que sacrificarse”. Lo habían apresado cuando salía del Congreso Nacional, acusado de haber cortado la ruta 34 a principios de abril, tras haberse reunido con legisladores por el pago de una deuda del Estado con los ex trabajadores YPF, que tiene sentencia favorable a ellos.
El juez Medina también le impuso la condición de presentarse cada diez días en el juzgado, luego que los camaristas revocaran la caución de 10 mil pesos haciendo lugar al planteo de la abogada Mara Puntano. “El Código Procesal establece que la fijación de la caución debe hacerse de acuerdo a la situación del imputado y no puede ser de cumplimiento imposible”, argumentó la letrada. Fernández se comprometió por escrito ante el magistrado pero le explicó que “tiene que seguir haciendo gestiones” en el conflicto de YPF. “Acá para que hagan un hospital o un puente hay que cortar la ruta, pero nos persiguen incluso cuando hacemos nosotros trabajos comunitarios como cortar el pasto”, comentó el dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) Mosconi, a pocas horas de haber abandonado la cárcel de Villa Las Rosas. Para graficar afirmó que hay 400 militantes de esa agrupación que están procesados y que él mismo tiene 52 causas abiertas en su contra. “A mí me tiran con todo el Código Penal, me acusan de amenazas y hasta de asociación ilícita pero la banda son ellos que manejan todo desde el PJ en perjuicio de Mosconi y General San Martín”, agregó Fernández. Y se quejó de que el gobernador Juan Carlos Romero propicie la reforma de la Constitución provincial para obtener su reelección “en lugar de modificar la ley de regalías petroleras para que se pague por producción y no por densidad poblacional, porque ahora se llevan toda la plata y no queda nada para hacer escuelas ni hospitales”.
En una carta dirigida a todas las organizaciones sociales, la abogada Puntano había descripto que la UTD funciona como un municipio paralelo que construye aulas, salas de primeros auxilios con ladrillos que fabrican ellos mismos con ayuda de los aborígenes, reciclan plástico, entre otras tareas. “Cosechan palos, causas penales y cárcel pero mantienen la rebeldía de la dignidad”, afirmó la letrada.