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A un mes de ocurrida la más catastrófica inundación de que se tenga memoria en la ciudad de Santa Fe, la situación está lejos de normalizarse, y aunque ya no hay agua en ninguno de los barrios afectados –fueron más de 20– todavía hay 16.000 evacuados, muchos de los cuales han perdido definitivamente su vivienda por los daños sufridos. En contra de la aspiración de las autoridades, el lunes sólo podrán reanudarse las clases en el 60 por ciento de los establecimientos –concurrirán unos 130.000 alumnos–, dado que 51 edificios escolares siguen todavía funcionando como centros de evacuados y no han podido ser rehabilitados para la enseñanza. Las cifras oficiales ratificaron ayer que el número de muertes se mantiene en 23, mientras que todavía hay “29 desencontrados”, es decir personas denunciadas como desaparecidas, en algunos casos desde hace más de 15 días, sin que se tenga ninguna noticia sobre su paradero.
Es preocupante también la situación sanitaria. Ya son 72 los casos comprobados de leptospirosis y 130 los de hepatitis. El crecimiento de la leptospirosis es fulminante: hasta el 16 de mayo se habían declarado tres casos, el 26 eran 60 los confirmados y dos días después se llegó a 72, aunque hay más pacientes con cuadros similares al de la enfermedad, según informó el Centro Operativo de Salud (COS), que depende del Ministerio de Salud de Santa Fe. En todo el año 2000, la leptospirosis tuvo 57 enfermos, en el 2001 fueron 13 y en el 2002 llegaron a 14. El informe del COS se completó con 25 casos de diarrea y 22 de varicela.
Sobre el retorno a la escuela, el Ministerio de Educación aseguró que los edificios “no presentan dificultades sanitarias, de seguridad e infraestructura”. Durante la inundación fueron afectados 31 edificios escolares, diez de los cuales no podrían ser recuperados, en razón del deterioro sufrido. Una de las escuelas, llamada Monseñor Vicente Zazpe, está ubicada en el barrio Santa Rosa de Lima, y además de quedar bajo las aguas, el domingo pasado fue saqueada en pleno día.
Varias personas, que vivirían en los alrededores, se llevaron las puertas y ventanas, con los marcos incluidos, todos los sanitarios, las herramientas que había en el taller, los tubos de gas y hasta el tanque de agua. La policía no intervino por una simple razón: al barrio no se puede entrar con autos –sólo a pie y con gran dificultad–, porque las calles de tierra son un lodazal y están además atestadas de basura y restos de muebles destrozados por la inundación. El panorama es similar en otras zonas, entre ellas Chalet y el barrio Centenario.
Las clases se reanudarán en 187 escuelas que funcionan en los 151 edificios que pudieron ser reabiertos, mientras que seguirán sin actividad otras 46 que funcionan en 31 edificios afectados por la inundación y otros 103 colegios instalados en 51 edificios que siguen albergando a los evacuados. Las clases podrían normalizarse recién el 30 de junio. Uno de los pocos anuncios del Gobierno fue la creación de la Subsecretaría de Emergencia, que reemplazará a Defensa Civil, y que diagramará, con vistas al futuro, un Plan de Contingencia para casos de inundación, programa que de haber existido antes podría haber mitigado parte de la tragedia.
Ayer se confirmó que los muertos son 23 y que hay todavía “29 desencontrados”. Algunos casos preocupan seriamente a las autoridades, ya que se trata de una mujer de 83 años que vivía en Varadero Sarsatti, detrás del estadio de Colón, en Centenario. El caso fue denunciado el 11 de mayo pasado y es muy extraño que todavía no se tengan noticias sobre la mujer. Los casos que todavía no se han resuelto fueron denunciados entre el 11 y el 20 de mayo, confirmaron fuentes oficiales.
La seguridad de Santa Fe sigue en manos de un comando compartido por la policía provincial, la Federal, el Ejército, la Gendarmería y Prefectura. Este fin de semana podría viajar a Santa Fe el flamante secretario de Seguridad de la Nación, Norberto Quantín, quien tiene el propósito de supervisar el operativo de emergencia, como antes lo hacía en forma personal el ex ministro del área, Juan José Alvarez. El ministro de Gobierno de Santa Fe, Carlos Carranza, confirmó que le pidieron a la Nación que se siguiera manteniendo el actual dispositivo.
En las últimas semanas ha crecido la tensión social, como secuela de la catástrofe. Esta semana se hicieron cortes en la ruta que une Santa Fe con Santo Tomé y en la avenida Costanera, frente a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, donde se alojan 300 evacuados. Las quejas son por el hacinamiento y la falta de comida. También hay malestar por un proyecto de ley, que ya tiene la media sanción de la Cámara de Senadores de la provincia, que reglamenta la condonación de las deudas hipotecarias anunciada por el gobernador Carlos Reutemann.
El proyecto establece la condonación de la deuda de los beneficiarios de planes provinciales del FONAVI, pero uno de los artículos fija que los que dejen de pagar tendrán vedada la posibilidad de iniciar juicios contra el Estado por los daños que puedan haber sufrido como consecuencia de la gran inundación. El proyecto fue duramente cuestionado por el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Danilo Kilibarba, quien consideró que la norma que se propicia es “antijurídica e inmoral”.
También a nivel legislativo se está trabajando en una iniciativa para crear una Comisión Bicameral que debería determinar las responsabilidades políticas y eventualmente penales de lo ocurrido. El proyecto es impulsado por el radical Alberto Beccani y el demócrata progresista Pablo Cardinale. Sin embargo, se cree que la movida no puede prosperar, habida cuenta de la mayoría absoluta que el peronismo tiene en las dos cámaras. El tema es crucial, ya que los técnicos opinaron que el desastre se produjo porque los gobiernos de Carlos Reutemann y Jorge Obeid nunca terminaron la construcción del tercer tramo de la defensa oeste, que habría impedido el ingreso de las aguas del Salado a la ciudad.