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El ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero, ordenó la reapertura del sumario administrativo contra los policías que intervinieron en el caso en que murió Sergio Schiavini, un joven poeta acribillado a balazos, presuntamente por efectivos de la Bonaerense, en un tiroteo con delincuentes ocurrido en Lomas de Zamora hace hoy exactamente doce años. Por primera vez, los familiares de la víctima y las ONG que pidieron la investigación –entre ellas, el Centro de Estudios Legales y Sociales– podrán ser parte en el sumario y tendrán acceso al expediente.
El crimen de Sergio Schiavini ocurrió en la madrugada del 29 de mayo de 1991, cuando un grupo de asaltantes ingresó a la confitería Dalí, en el centro de Lomas de Zamora. La policía llegó casi al instante y los ladrones, en un intento por escapar, tomaron como rehén a Schiavini. Los policías descargaron una lluvia de balas sobre el local y se presume que uno de esos proyectiles fue el que le causó la muerte al rehén. Se presume, porque fueron muchas las irregularidades que se cometieron en la investigación: el sumario policial estuvo a cargo del padre de uno de los policías involucrados y durante las pericias se perdió una pieza clave del cráneo de la víctima. Como resultado, los policías fueron absueltos.
Cuando todo parecía perdido, el caso dio un giro el 28 de febrero de 2002, cuando la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la denuncia presentada contra el Estado argentino por la madre de la víctima, María Teresa Schnak de Schiavini, con el patrocinio del CELS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch.
Después de esta presentación, la Suprema Corte de la provincia inició un sumario para investigar el papel de los jueces y fiscales que intervinieron en el caso. En julio de 2002, el Estado aceptó la “solución amistosa” propuesta por la CIDH, para evitar una segura condena contra la Argentina por denegación de justicia. “En ese camino fue que Cafiero decretó, el 28 de marzo de este año, la apertura de un sumario contra los policías que actuaron en el hecho”, explicó a Página/12 Andrea Pochak, abogada del CELS.
En el marco de esa “solución amistosa”, las ONG involucradas reclaman “la adopción de medidas destinadas a desterrar el uso irracional de la fuerza por parte de la policía”. Desde 1996 hasta hoy, el CELS registra 106 casos de personas muertas por quedar en medio de un enfrentamiento en el que participaron miembros de alguna fuerza de seguridad. “En siete de esos casos –aclaró Pochak– las víctimas eran rehenes.” Datos que indican que el caso Schiavini pudo haber sido el primero –o el más emblemático– pero no el último.