Mediante una “carta al pueblo de Dios” emitida al término de su asamblea plenaria celebrada durante toda la semana en Pilar, los obispos católicos argentinos retomaron ayer el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura militar y las complicidades entre la jerarquía católica y el régimen militar, puestas nuevamente sobre el tapete a raíz de las declaraciones del dictador Rafael Videla (a quien mencionan como “ex presidente ‘de facto’”) aparecidas en un libro. Aunque no se menciona en el texto de la declaración, en esta ocasión los obispos reaccionaron ante el pedido que un importante grupo de laicos les formuló de manera directa semanas atrás y después de conocidas las afirmaciones públicas del dictador condenado por delitos de lesa humanidad.

En el documento, si bien se reitera que los obispos de entonces “intentaron hacer cuanto estaba a su alcance para el bien de todos, de acuerdo con su conciencia y juicio prudencial”, rechazan toda acusación de “complicidad” con la dictadura, vuelven a pedir perdón “por acciones u omisiones” y admiten que “no todos los miembros de la Iglesia pensaron y actuaron con idénticos criterios”. El documento recoge declaraciones periodísticas del presidente de la Conferencia, José María Arancedo, en las que señaló que “una suerte de connivencia es totalmente alejado de la verdad de lo que hicieron los obispos involucrados en ese momento”.

Respecto de los obispos que actuaron durante la dictadura evitan todo juicio categórico. “De nuestros hermanos mayores, los obispos que nos precedieron, hemos reconocido su palabra y testimonio” y “sobre su modo de actuar, volvemos con respeto, sin poder conocer a fondo cuánto supieron personalmente de lo que estaba sucediendo”.

Una carta con más de 350 firmas de un grupo de cristianos encabezados por el escribano Hernán Patiño Meyer había sido entregada a las autoridades del Episcopado el 20 de septiembre pasado, exigiendo a los obispos un pronunciamiento a raíz de las declaraciones de Videla que involucraron de manera directa, entre otros, al fallecido cardenal Raúl Francisco Primatesta, quien fuera titular de la Conferencia Episcopal.

Ahora los obispos que se autodenominan “servidores de la reconciliación” dicen que “queremos estar cerca de cuantos sufren todavía por hechos no esclarecidos ni reparados” porque “cuando la justicia es demasiado largamente esperada deja de ser justicia, y agrega dolor y escepticismo”. Señala también el documento que “sabemos que en miles de familias hay heridas abiertas y angustiosas, por lo acontecido después del secuestro, detención o desaparición de un ser querido”. Subrayan en consecuencia que “compartimos el dolor de todos ellos y reiteramos el pedido de perdón a quienes hayamos defraudado o no acompañado como debimos”.

Patiño Meyer reconoció “la actitud de los obispos en tomar en cuenta el documento que le entregamos” y celebró que la cuestión haya sido retomada cuando aparentemente parecía clausurada para la Iglesia institucional. Sin embargo, adelantó que “a título personal puedo decir que no es lo que esperábamos” porque “no se da respuesta ni satisfacción a los reclamos”. El dirigente adelantó que los cristianos firmantes de la carta enviada a Arancedo se reunirán en los próximos días para analizar una respuesta formal al texto de los obispos.

Otro aspecto del documento eclesiástico tiene que ver con el apoyo a las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. “Nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos a fin de seguir buscando la verdad.” Agregan que “por ello nos estamos abocando a revisar todos los antecedentes a nuestro alcance” y alientan “a otros interesados e investigadores a realizarlos en los ámbitos que correspondan”. Y piden “a quienes tengan datos sobre el paradero de los niños robados o que conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes”.

Los obispos se muestran “comprometidos y empeñados en promover la fraternidad y la amistad social en el pueblo argentino”, señalando que “la reconciliación no es ‘borrón y cuenta nueva’ y menos impunidad”.

El tema de las violaciones a los derechos humanos y la actuación de la jerarquía frente a esos hechos fue el único abordado por los obispos al final de su asamblea plenaria. No hubo pronunciamiento ni declaraciones públicas sobre otras cuestiones, como las reformas al Código Civil, que también estuvieron presentes en los cinco días que duró la asamblea plenaria en Pilar.