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El documento de los obispos que, en parte de su título, hace referencia a “la verdad, la justicia y la paz” es probablemente uno de los textos más claros que el Episcopado argentino haya emitido sobre la cuestión de actuación de la jerarquía católica en relación con las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar. Hecha esta afirmación sin perder de vista que la declaración episcopal no abandona el lenguaje ambiguo que caracteriza los documentos eclesiásticos, que para hablar de lo hecho por la dictadura recurre una vez más a la “teoría de los dos demonios”, hace mención a la “muerte y la desolación causadas por la violencia guerrillera” y se refiere a la “década del ’70” como “un tiempo especial de desencuentro y de enfrentamientos dolorosos”.

No hay tampoco, como no ha ocurrido nunca antes, una asunción de responsabilidades institucionales ni de complicidades por parte de la jerarquía eclesiástica, aunque existan numerosos testimonios de que esto existió. Apenas se reitera el pedido público de perdón, ya formulado en el año 2000, por “acciones u omisiones” y por no haberse comprometido “suficientemente en la defensa de los derechos humanos”,

Son éstas, por cierto, cuestiones de extrema gravedad y que siguen alimentando el debate. Pero se rescata el hecho de que, con Arancedo a la cabeza, el Episcopado católico respondió de la manera que consideró mejor al pedido de un grupo de cristianos que le demandó pronunciarse sobre un tema que, para muchos, ya estaba clausurado en la agenda episcopal. A ello se suma también el pedido y el compromiso de impulsar investigaciones tendientes a esclarecer desapariciones y torturas. Aunque, vale decirlo, podría esperarse que la Iglesia abra los archivos con los que pudiera contar para facilitar investigaciones o que tomara la iniciativa –como le fue solicitado– de exigir a los capellanes militares que aporten la información que obre en su poder.

No podría decirse que hay un cambio radical en la actitud de los obispos. Sí que el tema de las violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad de la Iglesia sigue estando en la agenda. Aunque sea un avance demasiado tímido y excesivamente tardío dada la magnitud de los hechos que se consideran, desde el punto de vista político eclesiástico no debería desconocerse que Arancedo ha dado un paso importante y ha ganado una pulseada interna en medio de un episcopado en el que conviven posiciones conservadoras, retrógradas y absolutamente contrarias a cualquier tipo de revisión del pasado.