El oficialismo salió en bloque a criticar el fallo de la Cámara Civil y Comercial que extendió la medida cautelar con que el Grupo Clarín frena desde hace más de tres años la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, contradiciendo la decisión de la Corte Suprema que había fijado su vencimiento para el 7 de diciembre. Ministros, gobernadores y legisladores señalaron a los cuestionados camaristas como “el brazo jurídico de un grupo ilegal” y no dudaron en calificar la resolución judicial como “bochornosa”, “desfachatada”, “una ofensa a la inteligencia” y “un cachetazo para toda la Justicia” con un “fallo a medida” del multimedios y “a favor de los poderosos”. Aunque la mayoría se mostró optimista en que finalmente la Justicia convalidará “la voluntad popular” de una ley sancionada por el Congreso de la Nación.

No fueron pocos los ministros que salieron ayer al ruedo a expresar su opinión sobre el fallo judicial. “Terminamos de confirmar que la Cámara es el brazo jurídico del grupo ilegal”, sostuvo el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. “El pueblo, sus representantes, los sindicatos, las organizaciones sociales y las empresas de medios han demostrado el apoyo y el cumplimiento de la ley. Sólo se oponen (Héctor) Magnetto y algunos integrantes de la Justicia asociados a Clarín y a los sectores más conservadores del país”, agregó el ministro antes de afirmar que “la Cámara choca de frente con el 7 de diciembre, fecha que la Corte dispuso como el día que debía concluir la cautelar” y cargar contra el camarista (....) De las Carreras: “El fallo de ayer fue firmado por un juez que está siendo investigado por recibir dádivas por parte de Clarín; ¿en qué cabeza cabe que un juez puede ser imparcial después de haber participado de un foro anti ley de medios financiado por Clarín?”, sentenció.

Para el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el fallo fue “un cachetazo para toda la Justicia argentina”. “Acá no está en juego la libertad de prensa. La cuestión de fondo es saber si hay una Justicia dispuesta a respetar las decisiones de las instituciones de la democracia o a someterse a los intereses de grupos monopólicos, como en este caso es el Grupo Clarín”, sentenció Randazzo. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, remarcó que “no hay un pequeño traspié que nos haga olvidar el destino sobre el cual vamos a seguir” y aseguró que “somos millones de argentinos los que vamos a seguir peleando para que se cumpla la ley”.

“El sistema democrático no permitirá que pasen por encima de la ley para defender a los poderosos”, sentenció el vicepresidente Amado Boudou y afirmó que hay “un sector de la Justicia que sigue apostando por una Argentina de privilegios donde la democracia es sólo un valor formal”. “Ya en otras oportunidades nos tocó enfrentarnos con los más poderosos, como pasó con el FMI, con los fondos buitre y como ya pasó con Clarín cuando defendía a las AFJP porque eran sus anunciantes”, recordó Boudou y sostuvo que la aplicación de la ley es “inexorable”.

El fallo de los camaristas también fue replicado desde el Parlamento, donde la ley de SCA fue aprobada hace tres años. “Tengo la certeza de que con las medidas cautelares hay una vulneración al principio de la soberanía del pueblo y las incumbencias constitucionales del Congreso de la Nación, que ha actuado en consonancia con esos valores que hacen a la supremacía de la Constitución Nacional”, dijo el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, al tiempo que manifestó su confianza en que finalmente la Justicia “va a dictaminar interpelando la voluntad mayoritaria del legislador, que es la democratización de los medios en la Argentina”.

“Si uno lo mira sin un dejo de crítica, siendo indulgente, puede decir que el fallo de la Cámara es audaz, porque no le da importancia al fallo de la Corte, lo contradice”, dijo el jefe del bloque de diputados del FpV, Agustín Rossi, quien también sostuvo que la Cámara “le habla más a la Corte que a la parte actora” y opinó que “la Corte va a ratificar” su decisión de establecer el 7 de diciembre como fecha en que “se caen todas las cautelares”. Para el diputado y abogado laboralista Héctor Recalde, “los magistrados rechazaron la recusación que les fue interpuesta –que cuestionaba sin más su manifiesta complacencia con el Grupo Clarín– teniendo en miras un claro objetivo a cuyo fin luego esbozaron argumentos completamente ilegítimos” y calificó el fallo como una “desfachatez”.

“Es una vergüenza que se haya extendido la medida cautelar, contradiciendo la voluntad del pueblo que se expresó a través de esta ley de medios, y a la misma Corte Suprema. Se trata de un hecho extremadamente grave y que demuestra la fragilidad de un sector, por suerte ínfimo, de la Justicia. La extensión de la cautelar es un verdadero insulto a la inteligencia y una agresión a todo el pueblo argentino”, expresó la presidenta provisional del Senado, raquel Rojkés de Alperovich.

Para el jefe de la bancada de senadores K, Miguel Angel Pichetto, “la Cámara Civil y Comercial se excedió y contradijo a la Corte Suprema de Justicia”. “Los camaristas mostraron su manifiesta parcialidad favorable a la empresa solicitante que es el Grupo Clarín”, dijo el senador y sostuvo en relación con los jueces que “es una falacia decir que la norma está en vigencia a excepción de algunos artículos, porque éstos son precisamente centrales y estructurales ya que constituyen un punto neurálgico de la ley, en la medida en que regulan la desinversión para limitar la posición dominante o cuasi monopólicas de las empresa de medios”.

“El resultado ahora: se estiró la medida cautelar, que ya lleva tres años. Es un bochorno”, consideró el senador Aníbal Fernández, quien también criticó la postura corporativa de los magistrados: “Aparecen jueces citando a otros en defensa de la corporación, defendiendo este bochorno, incluidos dos ministros de la Corte que hacen una defensa corporativa. Me daría mucha verguenza hacer una defensa corporativa”.

Varios gobernadores también hicieron oír su voz. “Hay toda una sociedad que observa la evidente parcialidad de esos jueces que decidieron prorrogar la medida cautelar con los intereses del Grupo Clarín”, advirtió el gobernador entrerriano Sergio Urribarri y consideró que “ante esta situación no nos podemos quedar de brazos cruzados frente a quienes pretenden manipular la voluntad popular y condicionar a las instituciones”. Su par rionegrino Alberto Weretilneck manifestó su “absoluto repudio” a la resolución de los camaristas “para beneficiar al Grupo Clarín” y afirmó que “a pesar de que muchos sectores quieran instalar en la sociedad, desde una visión apocalíptica, que esta ley significa el final de la prensa libre, queremos que sepan que ésta es la ley de la democracia, que viene a suplantar la impuesta autoritariamente por la última dictadura militar”. Para el gobernador misionero Maurice Closs, el fallo fue “a medida” del multimedios y consideró que “es imperioso que la Corte tome el caso a la brevedad y termine con los recursos dilatorios de las corporaciones que siempre buscan la manera de burlar el espíritu de la ley”.

Fernández, Randazzo, Abal Medina, Boudou, Recalde, Rossi, Domínguez y Urribarri.