El Grupo Clarín se jugó a hacer naufragar de entrada un pedido del Gobierno ante la Corte Suprema para que anule por “per saltum” la extensión de la medida cautelar que le concedió la Cámara en lo Civil y Comercial Federal y que lo mantiene exceptuado de la obligación de ceder licencias según los límites de la ley de medios. Apenas un rato después de que la Jefatura de Gabinete y la Afsca llevaran a primera hora sus reclamos al alto tribunal, la empresa se presentó pidiendo que lo rechace “in limine”. Lo que los jueces supremos desestimaron de plano fue precisamente la presentación de Clarín, que consideraron “manifiestamente inadmisible”. Cuatro integrantes de la Corte hicieron trascender que comenzaron a analizar ayer mismo los recursos de la Casa Rosada, los que podrían darle respuesta la semana próxima.

El punto más alto de la pelea en el caso Clarín llegó el jueves, cuando los integrantes de la Cámara en lo Civil y Comercial rechazaron las recusaciones contra ellos mismos que había presentado el Gobierno. A partir de esa decisión, los dos jueces de la Sala I –que interviene en la causa de la ley de medios– quedaron habilitados para resolver el pedido de ampliación de la medida cautelar que reclamaba el grupo. Así, María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras (investigado penalmente por presuntas dádivas de Clarín) decidieron, finalmente, extender la medida a favor del multimedios más allá del 7 de diciembre, la fecha de caducidad que había establecido la Corte. Ahora durará, dijeron los camaristas, hasta que haya “sentencia definitiva”, una expresión difusa que no aclara si se refiere al momento en que haya una resolución sobre la constitucionalidad de la ley, que estaría no muy lejos de dictar el juez Horacio Alfonso, o si alude a la sentencia firme, la del último tribunal en la cadena, que ya no se puede apelar.

La continuidad de la cautelar le impide a la Afsca actuar de oficio sobre las licencias del Grupo Clarín. El Gobierno apuesta a una estrategia judicial que la haga caer lo antes posible, y que ponga a la Corte en situación de definirse. Por lo pronto, hubo dos presentaciones distintas, que buscan el mismo efecto de invalidar la medida cautelar (que a esta altura lleva tres años de vigencia) salteando etapas procesales que pueden llevar semanas o meses.

La Afsca le pidió al máximo tribunal que se “avoque”, es decir, que se reúna urgente invocando facultades de superintendencia sobre la Cámara, que es un tribunal inferior, y revise lo que hizo con las recusaciones. Es algo sumamente atípico que un juez decida sobre la recusación presentada en su contra: es evidente que si está confrontado con una de las partes en litigio tiene que convocar para que decida un tercero imparcial, que en este caso hubieran sido camaristas del fuero Contencioso Administrativo. Es parte del “abecé” del Derecho, pero esta Cámara hizo caso omiso para quedar en condiciones de fallar enseguida sobre el pedido de Clarín.

La Jefatura de Gabinete llevó otro planteo, con el formato de un per saltum, que no operaría para saltear una instancia sino para evitar todos los pasos procesales de varias semanas que exigirían un recurso extraordinario común y corriente o uno de queja. Es un pedido para que la Corte suspenda lo que resolvió la Cámara en lo Civil y Comercial y anule la extensión de la medida cautelar. El principal argumento es que la decisión de la Cámara contradijo al fallo que el alto tribunal dictó el 22 de mayo último, donde decía que las cautelares deben durar un plazo razonable que no llegue a igualar sus efectos al de una sentencia definitiva, y ponía el 7D como fecha límite para la de Clarín. Los camaristas argumentaron que las circunstancias habían cambiado porque la propia Corte emplazó días atrás al juez de primera instancia a resolver el debate constitucional de fondo, lo que debería producirse en el transcurso de los cuarenta días posteriores a que la causa queda lista para el dictado de la sentencia.

Sin darle tiempo a la Corte a que se pusiera a analizar de lleno el per saltum, Clarín se presentó ayer inmediatamente después del Gobierno pidiéndoles a los jueces supremos que lo rechacen “in limine”. En el Palacio de Tribunales ayer estaban el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Enrique Petracchi. El cuarteto se reunió a la mañana. La desestimación del planteo se la encomendaron al secretario Cristian Abritta, que mandó a “reintegrar” el escrito a los abogados del multimedio, como quien sugiere que deberían presentarlo más adelante si la Corte avanzara en algo. Sus Señorías, ayer, intentaron avanzar en analizar qué harán con el recurso “por salto de instancia”. La ley que lo reglamentó, publicada esta semana, prevé su utilización en casos de “notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria” y cuando el cuestionamiento esté dirigido hacia “sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y aquellas dictadas a títulos de medidas cautelares”.

Como primer paso la Corte tiene que analizar si el recurso es admisible. La Corte puede rechazarlo sin más, si evalúa que no cumple los requisitos. Pero si lo admite “tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida”. Este sería un camino para conseguir una rápida suspensión de la cautelar. En el Gobierno las expectativas en conseguir fallo supremo favorable son moderadas. Dos de los ministros que se reunieron ayer, Lorenzetti y Maqueda tuvieron mucho que ver con la redacción del documento de la Comisión de Protección de la Independencia Judicial –que presiden Highton de Nolasco y Carmen Argibay– y buena parte de las entidades de la corporación de jueces del país, que advertía sobre “mecanismos directos e indirectos de presión sobre los jueces” que asociaba con el Poder Ejecutivo por sus denuncias contra algunos camaristas, aunque ni mencionaba los lobbies y corporaciones económicas. Además, pedía un espacio para el Poder Judicial en los medios (paradójicamente esto último requeriría la plena vigencia de la ley de medios, sin cautelares).

Los rumores en el detrás de escena cortesano dicen que los ministros de la Corte están divididos en relación con la cautelar. También es evidente que no todos comulgan con el discurso sobre las “presiones”. Raúl Zaffaroni recordó la semana pasada que Argentina no es un país donde se echen jueces de manera inescrupulosa y arbitraria. “Los jueces tienen la garantía de estabilidad”, dijo. Ayer, en el tribunal, más de uno de sus compañeros se esmeró por destacar que estaba en Colombia, aunque el lunes ya estará de regreso.

Los jueces de la Corte, que hace unos días llamaron a acelerar el paso en el caso Clarín, intentaron mostrarse activos y avisaron que volverán a reunirse el lunes, con la intención de resolver pronto.