El primer día de audiencias varios acusados se taparon con libros.El juicio oral por la megacausa La Perla, el principal centro clandestino de detención de Córdoba durante la última dictadura, tuvo la semana que pasó su última audiencia de 2012. Igual que en las cinco jornadas previas, el tribunal continuó con la lectura de la acusación a los 44 imputados, número que lo convierte en el mayor proceso por delitos de lesa humanidad del interior del país, sólo superado por la causa ESMA. La nota de color la aportó el miércoles el ex agente civil de Inteligencia José “Chubi” López al mostrar una foto del ex secretario general de la CGT José Ignacio Rucci, asesinado en 1973. “Usted es imputado. Guárdela porque lo saco con la autoridad”, le advirtió el juez Jaime Díaz Gavier, presidente del tribunal. El proceso pasó a cuarto intermedio hasta el 5 de febrero.

Córdoba va por su quinto juicio oral por delitos de lesa humanidad. Si los primeros se enfocaron en unos pocos hechos puntuales, el actual se distingue por sus enormes dimensiones (declararán 983 testigos), por el debut en el banquillo de algunos iconos del terrorismo de Estado y también porque el condenado Luciano Menéndez afronta por primera vez un juicio por robo de bebés: el hijo de Silvina Parodi y Daniel Orozco, ambos desaparecidos, nació en cautiverio y todavía no conoce su identidad.

Según Será Justicia, el diario de los organismos de derechos humanos cordobeses, en el juicio se acumulan 18 causas judiciales, que incluyen casos de secuestros, tormentos, violaciones, homicidios y robos de criaturas contra 415 víctimas. Los hechos ocurrieron entre 1975, cuando el terror estatal en Córdoba se enmascaraba detrás del “Comando Libertadores de América” y los secuestrados eran trasladados al Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial o al centro clandestino La Ribera, y 1978, cuando se cerró La Perla.

El juicio debió comenzar con 45 acusados. El 3 de diciembre, un día antes de la audiencia inicial, el capitán retirado Aldo Carlos Checchi, ex miembro de la patota de La Perla, se suicidó en el hospital porteño donde estaba internado. “Tan ‘valiente’ a la hora de secuestrar y torturar, tan cobarde a la hora de enfrentar la verdad”, el ex jefe de interrogadores de La Perla “decidió terminar con su vida para no enfrentar un tribunal y dar cuenta de los cientos de crímenes que cometió”, advirtieron entonces Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex Presos Políticos e H.I.J.O.S. Córdoba. Los organismos consideraron “inconcebible” que torturadores y asesinos estén “en condiciones que les permitan seguir atentando contra la vida, sea la propia o de los demás”, y tanto las querellas como el fiscal federal Carlos Gonella reclamaron que se revocaran arrestos domiciliarios y excarcelaciones. El tribunal que integran Díaz Gavier, Julián Falucci y José Quiroga Uriburu, sin embargo, rechazó el pedido. Actualmente son cuatro los imputados excarcelados (léase en libertad, la misma situación procesal de Checchi cuando se suicidó), en tanto otros quince gozan de arresto hogareño.

Si la presencia del ex general Luciano Menéndez no es novedad, en un proceso de justicia cada vez más consolidado, el debut en el banquillo de acusados del capitán Ernesto Guillermo Barreiro, símbolo de la insubordinación militar que hizo tambalear al gobierno de Raúl Alfonsín en 1987, es todo un triunfo de la democracia. Antes del golpe de Estado, El Nabo Barreiro formó parte del “Comando Libertadores de América”, como se denominó la Triple A cordobesa. Después revistó en el Destacamento de Inteligencia 141, el principal órgano del Tercer Cuerpo de Ejército abocado a secuestrar y ejecutar militantes políticos en Córdoba. Líder del alzamiento carapintada en la Semana Santa de 1987, beneficiado con la ley de obediencia debida que conquistó a punta de pistola, Barreiro fue dado de baja del Ejército pero ganó veinte años de impunidad. Se fue del país en 2004, cuando su detención era inminente, y recién en 2007 fue detenido y deportado desde los Estados Unidos.

Otro icono del terrorismo de Estado que recién este año comenzó a ser juzgado es el capitán Héctor Pedro Vergez, ex jefe de los centros La Ribera y La Perla, condenado el viernes a 23 años de prisión por su participación en los secuestros y tormentos de cuatro personas, incluido el ex jefe de inteligencia del PRT-ERP, Javier Coccoz. “Vargas”, su apellido de cobertura ante los secuestrados y del que se ufanaba en tiempos de impunidad, fue uno de los principales miembros del “Comando Libertadores de América” desde fines de 1974. Desde Córdoba fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601 en Buenos Aires.

La mayor parte de los acusados en el megajuicio cordobés son ex miembros del Destacamento 141, en particular de la sección tercera o grupo de “operaciones especiales” (OP3). Según un detallado dossier elaborado por la oficina de prensa de la Cámara Federal de Córdoba, del que podría tomar nota el Centro de Información Judicial (CIJ), en el banquillo hay 19 miembros del Ejército, 18 policías, cuatro PCI (Personal Civil de Inteligencia de Ejército), otros dos civiles al servicio del D2, un gendarme del “Comando Libertadores de América” y un oficial de la Fuerza Aérea. 18 de los acusados fueron condenados en juicios anteriores. Poco más de la mitad tiene entre 60 y 70 años, 16 pasaron los 70 abriles y 5 tienen entre 50 y 60. Del universo de víctimas (dos de cada tres son hombres), el 45 por ciento está desaparecido (188), un 15 por ciento fue asesinado (62) en enfrentamientos fraguados, y el 40 por ciento (165) es sobreviviente. De la categorización por ocupaciones surge que el 44 por ciento eran estudiantes y un 29 por ciento eran sindicalistas.

Las audiencias de diciembre estuvieron dedicadas a la lectura de la acusación e incluyeron varias provocaciones de los acusados. El primer día se taparon la cara con libros para evitar ser retratados y reclamaron que el tribunal ordenara retirar flores y fotos de desaparecidos que llevaban sus familiares. Cuando el fiscal general Jorge Auat les recordó que “las flores son un símbolo de paz”, dos de los acusados intentaron interrumpirlo y el juez Díaz Gavier ordenó sacarlos de la sala. Vergez, que seguía la audiencia por videoconferencia desde el penal de Ezeiza, hizo una señal de “cuernos” frente a la cámara. Esta semana fue Chubi López, un PCI que ya fue condenado, quien sacó la foto de Rucci un día después de que la Cámara Federal porteña ordenara profundizar la investigación sobre su asesinato.

El gobernador José de la Sota, ausente en el juicio más importante de la historia de su provincia, no dejó pasar la oportunidad de estigmatizar a las víctimas. “En mi juventud también fui un apasionado y revolucionario, pero seguí los lineamientos de Perón”, dijo desde Buenos Aires, y apuntó a las organizaciones de la época. “Se enamoraron de las armas y de la violencia y llevaron a miles de jóvenes idealistas a la muerte. Sin embargo siguen libres y algunos están en el gobierno o son asesores”, agregó para deleite de Menéndez, Barreiro & Cía.