Julián Domínguez, Diana Conti, Marcelo Fuentes, entre otros referentes de primera línea del kirchnerismo, dejaron entrever que la idea de “democratizar la Justicia” lanzada por la presidenta Cristina Kirchner será un tema central de la agenda política y parlamentaria del año próximo. Sin embargo, la complejidad del planteo disparó un amplio y diverso debate que todavía no encontró un cauce sobre los alcances de una eventual reforma. Página/12 consultó a abogados, integrantes de asociaciones civiles y organismos de derechos humanos que se enfocaron en cuestiones como la reforma del Código Procesal Penal, la implementación de procedimientos orales, audiencias públicas en los juicios y la democratización del acceso a los cargos, tanto de los magistrados como de sus empleados. “Democratizar es hacer visible la Justicia, saber quién es quién, qué intereses tiene cada uno. Hay que poner al Poder Judicial de cara a la sociedad”, explica Luciano Hazán, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

Dos casos de fuerte impacto –la larga disputa por la aplicación de la ley de medios y la absolución de todos los acusados por la desaparición de Marita Verón– abrieron un nuevo debate sobre un tema recurrente desde el regreso de la democracia. “Vamos a tener que poner en marcha –todos deberán entenderlo– una democratización del Poder Judicial, porque es el que decide, el último eslabón en la decisión”, dijo entonces la Presidenta, habilitando e impulsando el inicio de un debate tanto en ámbitos político-partidarios como de la sociedad civil y académicos.

Desde entonces, se lanzaron al ruedo diferentes cuestiones, como la elección directa de los jueces, la eliminación de privilegios en el pago de impuestos, la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de un Tribunal Constitucional, la implementación del juicio por jurados, entre otras. Muchas de estas medidas necesitarían de una reforma constitucional, mientras que otras ya cuentan con sus respectivos proyectos legislativos en el Congreso. Sin embargo, desde el CELS, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Abuelas de Plaza de Mayo plantaron otras medidas que también (y en algunos casos antes) deberían abordarse para mejorar el funcionamiento la Justicia.

“El Poder Judicial tiene muchas falencias en cuanto a la transparencia. Tiene muy pocos mecanismos de acceso a la información pública. Es necesario poder acceder a casos relevantes como los de corrupción. La oralización mejora mucho la posibilidad de entender lo que pasa en los procesos”, señala Ezequiel Nino, de ACIJ. Con las resistencias observadas en los tribunales que llevan adelante juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura militar, Hazán aporta también la importancia de la televisación de las audiencias y fundamentalmente de los testimonios. “¿Qué hubiera pasado si todos hubiéramos podido ver las declaraciones de las víctimas de trata en el juicio por Marita Verón?”, pregunta el abogado de Abuelas, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas. En ese sentido, agrega que el lenguaje técnico escrito, a diferencia del proceso oral, necesita de la decodificación de intermediarios, alejando a la Justicia de la sociedad.

Estos temas están pendientes de tratamiento en la reforma del Código Procesal Penal, debate demorado en el Congreso, pero también deben extenderse a otros fueros donde tramitan otras causas de interés público.

Tanto Litvachky como Hazán apuntaron al ministerio público fiscal y la transformación en un sistema acusatorio en el que los fiscales asuman la responsabilidad en la investigación y así poder generar una “política de persecución penal”.

Respecto del juicio por jurados, los especialistas consultados por este diario coincidieron en relativizar el impacto de su implementación en el funcionamiento general del sistema, ya que sólo algunos casos de los que llegan a juicio oral tendrían jurados. “Es importante porque tiene que ver con la legitimidad de las respuestas que da la Justicia, pero lo que no puede pasar es que se reduzca la discusión a este punto”, advierte Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Cels.

Más allá de la cuestión de los procedimientos, los abogados señalaron como otro tema relevante la integración del Poder Judicial. Y no tanto respecto de la elección mediante el voto popular, sino sobre la necesidad de democratizar el acceso a la carrera judicial. “Se ingresa por recomendación y contactos. Los jueces son los que nombran a los ingresantes, que después son los que tienen muchas más facilidades para concursar para jueces”, explica Nino, quien propone concursos también para los empleados. “La designación cruzada de familiares es una vergüenza, porque significa un reparto de privilegios, que atenta contra la independencia, generando respuestas corporativas”, agrega Hazán, aunque plantea que este conflicto se puede enfrentar “con un alto grado de rendición de cuentas”.

Por último, un tema que genera bastante resistencia entre los integrantes de la familia judicial: el impuesto a las ganancias. “No tiene ninguna explicación que no paguen impuesto a las ganancias. No pueden resguardarse bajo la idea de la independencia judicial como excusa para la defensa de sus privilegios. Eso termina bastardeando la idea de independencia, a la que hay darle un contenido democrático y muy claro”, sentencia Litvachky.

En el kirchnerismo todavía no sabían cómo se traducirá la idea “democratizadora” de la Presidenta. En tanto, en los despachos trabajaban en la elaboración de algunas iniciativas que podrían tratarse con su aval en el próximo período legislativo. “Una reforma real del sistema de justicia no va a salir del Poder Judicial sino de los representantes del pueblo. Ellos son los interesados en que el sistema se mantenga. Si queremos discutir una reforma, no se les puede entregar su redacción”, concluyó Hazán.