Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender fueron nuevamente detenidos por la presunta malversación de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales del proyecto Sueños Compartidos. El juez federal Norberto Oyarbide les dictó la prisión preventiva, junto con el contador Alejandro Gotkin, luego de procesarlos por asociación ilícita, administración fraudulenta y por el incumplimiento en el pago de aportes jubilatorios a trabajadores de las cooperativas de construcción.

Oyarbide dictó además la falta de mérito para la hija de Hebe de Bonafini, María Alejandra, y Fernando Caparrós Gómez, dueño de una financiera donde se cambiaron unos cien millones en cheques por efectivo.

Tras la firma de la resolución judicial, la policía allanó los domicilios de los hermanos Schoklender y de Gotkin, pero no los encontró. De todas maneras, el mayor de los hermanos y el contador se presentaron horas más tarde en el juzgado, mientras que el abogado de Pablo Schoklender aseguró que su defendido haría lo mismo luego de arreglar cuestiones familiares.

Oyarbide embargó a Sergio Schoklender en 200 millones de pesos, a Pablo en 150 y a Gotkin en 100 millones. En su resolución, de más de mil quinientas fojas, consideró a Sergio jefe de la supuesta asociación ilícita. El menor de los Schoklender y Gotkin fueron señalados como organizadores.

También hubo más de cuarenta procesados por irregularidades en el manejo de los fondos, entre ellos la ex mujer del mayor de los Schoklender, Viviana Sala; Hugo Gallardo, el ex abogado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo que tomó el lugar de Schoklender cuando éste se alejó de Sueños Compartidos; de Eugenio De Falco, que trabajaba en la Fundación; el empresario Daniel Laurenti y el piloto Gustavo Adrián Serventich, que figuraba como director suplente de Meldorek, aunque en ningún caso estos procesamientos implicaron detenciones.

Por otra parte, Oyarbide dispuso extraer testimonios y remitirlos a su par Marcelo Martínez Di Giorgi, que instruye la causa sobre la actuación de los funcionarios que entregaron los fondos.

Los Schoklender y Gotkin habían estado presos el año pasado, en la cárcel de Ezeiza, y habían recuperado la libertad luego de dos meses, después de que la Cámara Federal les bajara la fianza para la excarcelación –en el caso de los hermanos, de cuatro millones a cuarenta mil pesos–. Los procesamientos de ayer, de todos modos, eran esperados. Incluso en diciembre pasado hubo rumores de que ya estaban listos, pero finalmente el fallo pasó para después de la feria judicial.

Esta misma semana, ante la inminente decisión del juez Oyarbide, Pablo Schoklender lo había recusado, calificándolo de “parcial”. Ayer su abogado Pablo Slonimsqui volvió a quejarse del magistrado. “No alcanzo a ver cuál es la nueva prueba” (para procesar a su cliente), señaló, tras quejarse de que para leer el fallo tenía que abrir una por una las más de 1500 fojas que el juzgado escaneó individualmente.

En la causa se investiga el presunto desvío de 290 de unos 750 millones de pesos que la Fundación Sueños Compartidos, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, recibió del Ministerio de Planificación Federal para la construcción de las viviendas.

Según un informe del Banco Central, 298.184.804 pesos tuvieron rumbo desconocido al salir de cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En otros casos cuyo destino sí fue identificado, se trató de montos millonarios en cuentas de los propios Schoklender y de empresas que habrían sido usadas como pantalla, ya que no ofrecían contraprestación alguna vinculada con las obras de construcción.

Al ser indagados, tanto Pablo como Sergio Schoklender dieron una explicación similar, según la cual los fondos públicos eran cobrados una vez avanzada la construcción, por tramos de obra terminada. En el ínterin había que pagar salarios y gastos, lo que provocaba un desfasaje financiero que los obligaba a salir a tomar crédito o reasignar dinero que iban recibiendo para obras en otro lado. Pablo agregó que cuando ingresó a la fundación encontró que los bancos habían cerrado cuentas de las Madres y que por esto él ofreció operar a través de sus cuentas. Según la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación, buena parte de las obras se habían realizado. Aún así, existe una diferencia millonaria, que es la que sostiene la acusación por presunto desvío de fondos.

Si bien el grueso de los fondos provenían del Ministerio de Planificación, también municipios y provincias aportaron para Sueños Compartidos a través de sus Institutos de la Vivienda.

Además del presunto desvío de fondos que debían ser destinados a la construcción de los barrios sociales, Sergio Schoklender es investigado por su supuesta participación en “maniobras para el vaciamiento de documentación” de la fundación, ya que fue acusado por las Madres de haberse llevado cajas con papeles de la entidad.