La noche previa al discurso de Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa, dos jueces de la Corte Suprema visitaron la Casa Rosada. El titular del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y Raúl Zaffaroni llegaron juntos cuando ya no quedaba casi nadie. Habían pedido una reunión, anticipándose a las palabras presidenciales. Visitaron al secretario Legal y Técnico, Carlos Zaninni, con la intención de evitar una declaración de guerra expresa entre poderes, mostrar apertura al diálogo y ahorrarse un mal momento en el Senado. La misión, evaluarían al final, fue parcialmente exitosa, ya que si bien hubo críticas a la Corte, nada desató una silbatina o un escrache. Tras el plenario de ayer, los jueces supremos transmitieron a la prensa (vía voceros) un mensaje con una cuota de contraataque y otra de resignación: alegaron carecer de grandes demoras en sus causas y dijeron ser pioneros en la publicidad de los expedientes y otras ideas democratizadoras; a la vez, asumieron que tendrán que ser ellos (y no el Congreso) los responsables de definir si el Poder Judicial puede seguir eximido de pagar Impuesto a las Ganancias. “Lo vamos a resolver”, aseguró uno de los magistrados, y explicó que todo se encamina a eliminar el privilegio, aunque todavía no está claro cómo.

En el acuerdo de ayer en la Corte, el primero después del discurso de la Presidenta, estaban los siete supremos, algo infrecuente. Con un comentario mordaz, uno de ellos intentó provocar la discusión sobre la participación popular en el sistema judicial, eje de la reforma que la Presidenta dijo que impulsará para el Consejo de la Magistratura. El tema quedó ahí flotando, pero nadie siguió la corriente. En cambio, el tribunal empezó a deliberar sobre la cuestión del Impuesto a las Ganancias, asumiendo el reclamo de Cristina Kirchner: es la Corte, dijo, la que debe definir si los jueces y todos los judiciales pueden seguir exceptuados de pagar el impuesto; el Congreso no tiene nada que decir –señaló– porque la ley existe. La ley, en efecto, data de 1996 y dice que todo el mundo, jueces y legisladores incluidos, tiene que pagar Impuesto a las Ganancias. Pero el máximo tribunal, cuando mandaba Julio Nazareno, lo declaró inaplicable para quienes trabajan en tribunales.

Por el solo hecho de tocar el bolsillo, el tema resulta tan espinoso que ni siquiera el movimiento “Justicia legítima” logró consensuarlo como una de sus reivindicaciones. En la propia Corte divide aguas. Sus cuatro integrantes más nuevos (Lorenzetti, Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay) dijeron estar a favor de pagar como cualquier hijo de vecino, cuando fueron a la audiencia pública previa a su nombramiento, pero esa postura no es mayoría puertas adentro del tribunal. Incluso, la jefa de Estado, que casi no hizo nombres en su discurso del viernes, sí mencionó a Argibay, quien al momento de resolver un caso votó para que no se le descontara el impuesto a un juez sanjuanino después de jubilado.

Entre las discrepancias reinantes, en la Corte tienen algo claro: “No vamos a derogar sin más la acordada” de la época de Nazareno, según coincidieron dos de los jueces del alto tribunal. Hacerlo implicaría empezar a descontar sin anestesia una porción de lo que hoy perciben como salario no sólo los jueces, sino todos los empleados judiciales. “No podemos arriesgarnos agravar la parálisis que ya arrastra el Poder Judicial”, razonan en despachos cortesanos. Según las estimaciones, para los jueces implicaría una deducción cercana al 25 por ciento de su sueldo. Aunque en su momento no trascendió, la Corte estuvo muy cerca de decir algo sobre el pago del Impuesto a las Ganancias después de discutir durante tres largos acuerdos por el mes de septiembre. La idea con más aceptación interna era comenzar a deducir el impuesto a quienes se incorporaran al Poder Judicial desde ese momento en adelante. Pero naufragó en cuanto invitaron a consensuar a tres entidades representativas de la corporación judicial (la Asociación de Magistrados, la Federación Argentina de la Magistratura y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales) y a la Unión de Empleados de la Justicia Nacional. “De pronto, un día no se habló más del tema”, contó un funcionario del máximo tribunal. Las asociaciones de jueces exigían una compensación económica para no perder plata. El gremio estaba en la misma línea y amenazaba con paros. Para la Corte, informan sus voces calificadas, la idea de “compensar” los sueldos, completando lo que se iría en impuestos, está descartada.

La fórmula que contempla que tributen Ganancias sólo las nuevas generaciones de tribunales sigue en pie, como salida posible. Otra habla de descontar el impuesto sólo en determinados rubros, como sucede con los sueldos de senadores y diputados, que no pagan Ganancias sobre los gastos de representación. Otra opción que se analiza es la de ir realizando un descuento progresivo, en un lapso –por ejemplo– de cinco años. Siempre está como telón de fondo el planteo de las asociaciones tradicionales de jueces, según el cual si les descuentan impuestos se viola la Constitución nacional, que establece la “intangibilidad” de los salarios. Es bien controvertida la conclusión de que el pago de un impuesto afecta el salario. De todos modos, por lo pronto, la Corte no se meterá en esa discusión, a menos que un día le toque volver a tener que resolver un caso concreto. Por lo pronto, dispondrá cuestiones de reglamentación.

“La intención es buscar una solución para que no haya un descuento grande y repentino, que además desataría cientos de juicios”, dijo un vocero supremo. Anticipó que buscarán un acuerdo con el gremio, con las asociaciones y con la AFIP. En la práctica, es la administración de la Corte la que tendría que deducir el impuesto. Con todo, dicen en el tribunal, “nadie prohíbe pagar, cualquiera que quiera tributar Ganancias puede inscribirse y hacerlo, pero nadie lo hace”.

La decisión de la Corte de recoger el reclamo de la Presidenta fue quizá parte de los frutos de la reunión de Lorenzetti y Zaffaroni con Zaninni el día previo a la apertura de sesiones. Zaffaroni funcionó en esa ocasión como un nexo, preocupado por el cada vez más evidente enfrentamiento creciente entre la Casa Rosada y el tribunal supremo, en especial su presidente. La relación transitaba por un precario equilibrio y se desestabilizó por completo después del fallo de la Corte que admitió sobre el final del 2012 prolongar la medida cautelar a favor del Grupo Clarín para seguir eximido de la aplicación de la ley de medios, y con eso la difusión de un comunicado alentado por integrantes supremos, con denuncias de presiones del Gobierno, en defensa de la Cámara en lo Civil y Comercial. En son de paz, el jueves a la noche Lorenzetti le dijo al secretario Legal y Técnico que más allá de las diferencias “la Corte nunca sacó una sentencia que pusiera en crisis la gobernabilidad”.

Cuentan en el tribunal que Lorenzetti quería diferenciarse de la actitud de la procuradora Alejandra Gils Carbó y la defensora general Stella Maris Martínez –ambas referentes de “Justicia legítima”– así como del ministro de Justicia, Julio Alak, que pegaron el faltazo el día de su discurso de apertura del año judicial. Quería estar cuando hablara la Presidenta, pero temía un ataque frontal y escandaloso, con abucheos de fondo. Cristina Kirchner no escatimó reproches, algunos más explícitos que otros, pero de los abucheos se salvó. No se lo vio ese día como al jefe supremo. Ayer trascendió su réplica (ver aparte) a través de voceros.