El jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió por unanimidad suspender en sus funciones al juez Pedro Federico Hooft, acusado por su participación en delitos de lesa humanidad en Mar del Plata durante la última dictadura. La decisión del jurado que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters, se produjo seis años y medio después de la denuncia penal presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del pedido de juicio político iniciado por la Comisión Provincial por la Memoria, entre otros organismos. “Cuando escuchaba a Hooft que visitaba la comisaría donde estaba secuestrada y luego se iba, sentía que oía los pasos de la Justicia retirarse. Esos pasos hoy vuelven atrás y la Justicia se acerca”, reflexionó ayer Marta García de Candeloro, que en 1976 le pidió, sin suerte, ser escuchada mientras estaba en cautiverio en la comisaría 4ª de Mar del Plata. Ya sin fueros que lo protejan, el suspendido magistrado deberá prestar declaración indagatoria el próximo miércoles a las 10 de la mañana ante el juez federal Martín Bava.

Hooft está acusado de visitar centros clandestinos a partir de su relación con el jefe de la subzona militar 15, coronel Pedro Barda, símbolo del terrorismo de Estado en Mar del Plata. Marta García, esposa del abogado Jorge Candeloro, le gritó su nombre y el de su marido cuando vio al juez en la comisaría 4ª, a la que llegó tras su cautiverio en La Cueva. Pese a que tenía en su despacho los hábeas corpus presentados por los familiares de los abogados laboralistas secuestrados en La Noche de las Corbatas en julio de 1977, el juez hizo oídos sordos y ni la miró. En la causa consta que Hooft intercedió ante Barda para lograr la liberación de Camilo Ricci, uno de los abogados secuestrados por el Ejército, pero no hizo ninguna diligencia a partir de los hábeas corpus e incluso rechazó un recurso a favor de Candeloro, pese a tener constancias de que había sido detenido por la Policía Federal en Neuquén y trasladado con su esposa a Mar del Plata. Tres meses después, cuando Barda le envió un comunicado en el que informaba que “el delincuente subversivo Jorge Candeloro fue abatido por las fuerzas militares al intentar escapar de las fuerzas de seguridad”, el juez no pidió explicaciones, no investigó la muerte y ni siquiera pidió el cadáver para entregarlo a su familia. Los documentos que prueban su actuación cómplice durante la dictadura, que Hooft negaba tener en su poder, fueron descubiertos treinta años después en el archivo de su juzgado por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.

En mayo de 2006 el entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, presentó la querella criminal contra Hooft. Un mes después la Comisión Provincial, la Federación Judicial, la CTA y organismos de derechos humanos de Mar del Plata pidieron que se iniciara el juicio político. Desde entonces y hasta ayer, en base a recusaciones, excepciones y artilugios legales combinados con óptimos contactos en la corporación judicial, Hooft burló con éxito ambos procesos. El respaldo de la gran familia judicial volvió a quedar en evidencia ayer en una “defensa pública” que un centenar de “magistrados, jueces y abogados” publicaron en el diario La Capital de Mar del Plata.

“En general la Justicia mantiene los lobbies tapados, se esconde detrás de los pasillos de los tribunales y de los rituales formales de esa justicia anquilosada”, llamó la atención Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. “La complicidad con el golpe cívico-militar-religioso todavía tiene los tentáculos muy bien montados para soportar el embate de la democratización”, advirtió el ex fiscal de Bahía Blanca durante una conferencia de prensa para anunciar la suspensión de Hooft. “Es muy fuerte el poder de estas corporaciones judiciales, vinculadas con el poder económico y sectores militares de resabio que aún actúan, como denunciamos ante la desaparición de Julio López”, recordó.

“Es muy importante que la suspensión haya sido votada por unanimidad, marca que se comprende la gravedad del caso”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos Luis Alén, quien definió el rol de Hooft como “la pata judicial del terrorismo de Estado” en Mar del Plata. El funcionario de la secretaría que conduce Martín Fresneda dijo sentir “mucha pena” por la solicitada que publicaron jueces y abogados para apoyar a un imputado por delitos de lesa humanidad. “Es querer defender lo indefendible y demuestra una vez más la necesidad de democratizar el Poder Judicial”, enfatizó.

El titular de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Mar del Plata, Carlos Díaz, anunció a su turno la convocatoria a una movilización a tribunales el día de la indagatoria. “Estamos convencidos de que esto no es una pelea sólo judicial, queda de manifiesto en la solicitada de adhesión. Esto es una pelea política que estamos dando contra el Opus Dei. Hooft es un hijo dilecto del Opus Dei y ellos han ganado estos siete años de impunidad para Hooft”, advirtió.

El jurado de enjuiciamiento que suspendió a Hooft y que preside Hitters estuvo integrado por los conjueces José Luis Núñez, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Héctor Ricardo Martín, José Miguel Nemiña y Atilio Rosello, y los legisladores Abel Eduardo Buil, Guido Martín Lorenzino Matta, Lucía Portos, Raúl Joaquín Pérez y Fernanda Carolina Antonijevic.