La violencia institucional, aquella que se ejerce en lugares de encierro (desde cárceles hasta institutos psiquiátricos) o que despliegan en cualquier ámbito las fuerzas de seguridad, debe ser hoy uno de los mayores nichos de impunidad. Según el diagnóstico que tiene la Procuración General de la Nación, a pesar de que la ley prevé sanciones graves para la aplicación de torturas, maltrato, trato inhumano y otras formas de coerción violatorias de los derechos humanos, apenas si se juzga a sus autores. De ahí que, en un ambicioso proyecto, la procuradora Alejandra Gils Carbó

inaugurará una nueva procuraduría especializada que tendrá facultades para recibir denuncias, hacer investigaciones preliminares, intervenir en causas en trámite y, además, hacer inspecciones sorpresa en unidades del Servicio Penitenciario u otras dependencias de las distintas fuerzas.

La Procuraduría contra la Violencia Institucional, que será presentada oficialmente este martes, estará a cargo de Abel Córdoba, quien viene de trabajar al frente de una fiscalía federal en Bahía Blanca y dio un fuerte impulso, allí, a los juicios sobre crímenes de lesa humanidad. Tendrá dos ámbitos de acción diferenciados, sobre los cuales hoy no existe ninguna instancia de control: las instituciones de encierro (cárceles del Servicio Penitenciario Federal, comisarías, institutos psquiátricos y de menores, ya sea estatales o privados) y las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria). Los actos de violencia institucional están, a menudo, relacionados con tramas de corrupción en las mismas fuerzas de seguridad, que protagonizan represalias o ajustes de cuentas, que luego quedan ocultos. En este punto, habrá un trabajo complementario, en manos del fiscal Fernando Fiszer, quien se ocupa de rastrear expedientes de corrupción en las fuerzas, en convenio con el Ministerio de Seguridad.

Los agentes estatales que suelen estar comprometidos con las golpizas, torturas y malos tratos, dentro o fuera de las cárceles, por lo general “no encuadran en los estereotipos sociales de ‘delincuentes’” sino que, al revés, “suelen ser los encargados de la prevención del delito y de velar por la seguridad de los habitantes”, se lee en el borrador que explica la creación de la nueva procuraduría. “Incluso en ocasiones los autores de los hechos son los mismos funcionarios que cuentan con facultades para recibir denuncias o tiene por función la prevención e investigación de los ilícitos”, añade. La Procuración advierte sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad “de intimidación y poder de fuego” así como de implementar “dispositivos represivos como la desaparición forzada de personas”, una realidad que se vio reflejada en casos conocidos como los de Luciano Arruga en Lomas del Mirador e Iván Torres en Chubut, donde la policía los detiene y los cuerpos desaparecen.

A todo eso se suma el compromiso del propio aparato judicial, incluso de los fiscales, con los agentes, una realidad con la que Gils Carbó tiene que lidiar. La alteración de pruebas, registros, pericias, el fraguado de causas y la capacidad de intimidar o atentar contra testigos están a la orden del día, explica el documento provisorio. Por eso, añade, la protección de víctimas y testigos de los casos de violencia institucional será una prioridad.

Frente a la obligación de cumplir con toda la legislación internacional para combatir y prevenir la tortura, así como otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha reprendido al Estado argentino por la gran cantidad de denuncias y “las mínimas condenas dictadas”, más la calificación errónea por parte de los funcionarios judiciales, que apelan para calificar actos de tortura a figuras penales de menor gravedad, como apremios ilegales. El Comité reclamó que la Argentina debería “tomar medidas enérgicas para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de actos de tortura y malos tratos” que “haga las investigaciones” y “enjuicie”.

Algunas estadísticas tomadas por Gils Carbó, que forman parte de los fundamentos de su iniciativa, fueron relevadas por la Procuración Penitenciaria, el organismo que vela por los derechos humanos de los presos. Según un informe de 2011, sobre 415 causas judiciales registradas, 310 casos fueron caratulados como “apremios ilegales”, 50 con el genérico “su denuncia” y 15 como “torturas”. Sólo en 7 de las 415 causas hubo citaciones a indagatoria. Fueron 21 convocatorias: 19 de esos imputados terminaron sobreseídos. “Las investigaciones de estos hechos no superan las primeras etapas procesales, lo que deriva invariablemente en la impunidad de los autores”, dice el borrador de la Procuración.

La nueva procuraduría podrá recibir denuncias, promover investigaciones, actuar como apoyo en expedientes judiciales concretos y actuar en coordinación con organizaciones especializadas. También podrá hacer inspecciones sorpresa.