La fiscalía solicitó nueve años de prisión para una pareja acusada de haberse apropiado de un bebé nacido en cautiverio durante la última dictadura y seis años de cárcel para la esposa de un represor fallecido que habría actuado como intermediaria en la entrega del niño, hijo de Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola, ambos desaparecidos desde el 5 de octubre de 1977. Abuelas de Plaza de Mayo elevará su pedido de pena el martes. Ante el Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal requirió nueve años de cárcel para el matrimonio de Cristina Mariñelarena y José Bacca por considerarlos responsables de los delitos de retención y ocultamiento de un chico, supresión de estado civil y falsedad ideológica. A Lugones, la fiscalía la consideró como la “entregadora” del bebé y la acusó de los delitos de retención y ocultamiento de un niño. Los jueces tienen previsto reanudar el debate el próximo martes con el alegato de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, y luego escucharán a los defensores. El caso trata la apropiación del hijo de Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola, ambos desaparecidos desde 1977. Ex detenidas desaparecidas de la ESMA contaron que el bebé había nacido en ese lugar. Desde 1998 las entidades de derechos humanos sospechaban de la situación identitaria de Hilario Bacca, a quien creían hijo de desaparecidos. En 2005 una denuncia se formalizó para investigar el caso y un análisis de ADN confirmó las sospechas.