El juez federal Sebastián Ramos determinó que el Servicio Penitenciario no incurrió en ningún “delito de acción pública” al otorgar egresos a varios reclusos con “motivación cultural”. El fallo explicó que cada salida “se encuentra sustentada por una autorización judicial”. La causa tuvo origen en las denuncias del diputado de la CC-ARI Carlos Comi, quien había asegurado tener conocimiento de presos “en cumplimiento de condenas judiciales o procesados por graves delitos” que acudían a “eventos políticos –según sostuvo– disimulados o encubiertos como actividades culturales”. En la acusación cuestionó a la organización Vatayón Militante, promotora de la resocialización de reos a través de salidas.

La resolución judicial de diez páginas, basada en la investigación del fiscal Eduardo Taiano, dispuso “desestimar” la denuncia y “proceder a su inmediato archivo”. El magistrado detalló que Taiano hizo la recomendación “sobre la base de las constancias probatorias” de que “cada egreso se encuentra sustentado por una autorización judicial”. Inclusive, el fiscal demostró que las salidas “revestían una motivación cultural” y que cada traslado se realizó con el “personal penitenciario” correspondiente.

Las denuncias que motivaron la investigación las realizó el pasado 31 de julio el diputado Comi. Apoyándose en artículos periodísticos, declaró a la Fiscalía Federal N0 8 que “personas privadas de su libertad en cumplimiento de condenas judiciales o procesados por graves delitos salen de la cárcel para participar de eventos políticos disimulados o encubiertos como actividades culturales”. “Salen sin cumplir previamente las previsiones de la ley nacional”, afirmó entonces el legislador, sin evidencia alguna.