Fueron absueltos los cuatro delegados sindicales del Hospital Garrahan que estuvieron ocho años procesados por el delito de amenazas coactivas en una causa iniciada luego de la extensa huelga que protagonizaron en 2005. En aquel momento, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, los había calificado como “terroristas sanitarios” y también los había cuestionado el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra por la medida de fuerza que impulsaron entre marzo y octubre de ese año. El juicio oral culminó antes de lo previsto, cuando la fiscalía pidió la absolución tras determinar que el caso había sido armado. “Me llamó la atención la existencia de una decisión política que impulsó la denuncia”, dijo el fiscal Horacio Fornaciari. Así, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 dictaminó la inocencia de Gustavo Lerer, Adriana Agüero, Eduardo García y Marcelo Mansilla. Ahora, los abogados que los defendieron (del Ceprodh, Correpi, Apel y Liberpueblo) pidieron que se investigara la actuación de la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, en el conflicto.

Hacía 14 años que no tenían aumento de sueldos, por eso resolvieron iniciar una medida de fuerza en la cual pedían un salario igual a la canasta familiar y exigían “la defensa del hospital público”. En la conferencia de prensa que dio la junta interna de ATE-Garrahan antes del inicio del juicio oral, explicaron que los enfermeros y enfermeras debían hacer unas 200 horas extras para alcanzar un ingreso de subsistencia. Durante el juicio, los delegados acusados hicieron llorar al público cuando relataron que deben pinchar varias veces a los nenes para sacarles sangre por la mala calidad del material que les proveen. También hablaron de la desnutrición infantil y la violencia de género, relataron que llovía en la terapia y el quirófano por las roturas en los techos y que había desaparecido una pieza de un resonador, lo cual habilitaba pagos a terceros por estudios que podrían haberse realizado en el hospital. Además, describieron las dificultades de sostener una medida con una campaña mediática en contra y la presión de la burocracia sindical.

“A pesar de los ataques a los que fueron sometidos y apoyándose en el método de la democracia obrera de las asambleas resolutivas, los trabajadores del Garrahan ganaron la solidaridad de cada vez más sectores y lograron un aumento salarial del 50 por ciento, que se tomaran más enfermeros y que se instalara el resonador magnético que estaba tirado en un depósito desde hacía años”, expresó la junta. “No bien terminó el conflicto armaron este proceso contra cuatro delegados, lo que significa desconocer el derecho de huelga, para escarmentar a los que luchan y sumarlos a los cinco mil procesados”, agregó la interna del hospital pediátrico de alta complejidad más importante del país. Una inspección del Ministerio de Trabajo había acudido a verificar el cumplimiento de las guardias mínimas y denunció que el 27 de julio habían sido amenazados. La jueza Alicia Iermini les había dictado la falta de mérito, pero la Cámara del Crimen revocó esa decisión, por lo cual llegaron al juicio oral.

Declararon como testigos el ex diputado Luis Zamora y el periodista Pablo Llonto, quienes coincidieron en que los niños no estuvieron desatendidos como decían los medios durante el conflicto, que fue “demonizado”. Pero el juicio cayó con la declaración de la inspectora supuestamente amenazada, Iris Moyano, quien negó haber sido intimidada, dijo que cuando fue al hospital no vio nada que saliera de lo común de cualquier conflicto, y aseguró que hizo la denuncia una semana después, el 2 de agosto, porque se lo ordenó la viceministra Noemí Rial. A pedido de las defensas, el Tribunal Oral, integrado por los jueces Rodolfo Goerner, María Deluca Goacobini y Alejandro Llitvack, había citado a la funcionaria, pero llegó antes el pedido de absolución de la fiscalía. “No es criminalizar si en una protesta se cometen delitos, pero no es éste el caso, acá hay llamativas coincidencias de denuncias del Ministerio de Trabajo y de los directivos del hospital”, afirmó Fornaciari, en referencia a que también les habían iniciado un sumario interno. A su criterio, se trató de un grupo de trabajadores en huelga que insultó a una inspectora, pero no hubo amenazas. “Iris Moyano hace la denuncia porque se lo indican sus superiores, y tan poco creíble es que la hayan amenazado que a los pocos días la mandan al mismo hospital”, apuntó el fiscal. En tal sentido, la abogada María del Carmen Verdú dijo que pedirán que se investigue si Rial podría haber cometido delito al presionar a la inspectora, y destacó “la coincidencia entre la negativa de los trabajadores del Garrahan a firmar el acuerdo paritario, el 1º de agosto de 2005, y la denuncia que fue presentada el 2 de agosto a las 23 horas”.

–¿Cómo es vivir procesado durante ocho años? –le preguntó Página/12 al delegado Lerer apenas fue absuelto.

–Yo elegí esta vida, habría que preguntarle a mi familia. No podemos salir de garantes a una hija, tenemos que pedir permiso para salir del país. Pero lo grave es que una condena penal a un trabajador estatal le equivale al despido y la exoneración como delegado. Es el costo que pagamos por ser una piedra en el zapato.