La Subsecretaría de Defensa del Consumidor se presentó ante la Justicia para reclamar que el banco Santander Río reintegrara a más de 600 mil usuarios unos 130 millones de pesos por cargos y seguros supuestamente mal aplicados en créditos hipotecarios, prendarios y en financiamiento con tarjeta de crédito. Se trata de una nueva derivación del escándalo de los acuerdos que firmó la asociación de consumidores Adecua con seis bancos y financieras de primera línea, revelados por Página/12 durante el verano. En esos convenios, las empresas admitían que debían devolver a sus clientes distintas sumas de dinero, pero la difusión de los acuerdos fue tan opaca que en la práctica sólo el 0,9 por ciento de los damnificados, 15.672 personas, cumplieron los requisitos exigidos y lograron recuperar su dinero, mientras que el 99,1 por ciento, 1.736.499 clientes, jamás se enteraron de la existencia de los arreglos y no obtuvieron nada. Para revertir esa situación, el Gobierno empezó a acudir a tribunales para exigir la nulidad de algunos de los puntos de los acuerdos y conseguir que los bancos y financieras les pagaran a todos.

Si la acción que encabeza Defensa del Consumidor, a cargo de María Lucila “Pimpi” Colombo, tiene éxito en la Justicia, los bancos y financieras deberán desembolsar unos 367 millones de pesos. La cifra demuestra la trascendencia del tema para los involucrados. Por ahora, los abogados del Estado elevaron el reclamo sólo contra el banco Santander Río, pero Colombo confirmó a este diario que en las próximas semanas seguirán las presentaciones ante la Justicia nacional en lo Comercial por los otros casos. Por otro carril avanza una denuncia penal contra Adecua por fraude a los consumidores que debió haber amparado y que, según el Gobierno, utilizó para avanzar con acuerdos que dejaron en las manos de los abogados de la asociación más de 15 millones de pesos en concepto de honorarios.

El caso Santander Río

La trama de estos acuerdos de Adecua y otras dos entidades de usuarios, Cruzada Cívica y Consumidores Financieros, con los bancos Santander Río, Galicia, Privado de Inversiones, la financiera GMAC, la tarjeta CMR de Falabella y la Tarjeta Naranja empezó a raíz de la denuncia de una clienta del primero de esos bancos ante Defensa del Consumidor. La señora había tomado un crédito prendario a 60 cuotas en el Santander Río. Cuando recibió el resumen de la cuota 52 descubrió que el ítem “gestión de contratación y cobertura de seguro” había bajado a 8,3 pesos, desde los 42,3 pesos que le cobraban hasta entonces. Consultó con el banco y le dijeron que el cargo había sido mal aplicado todo ese tiempo, y que de allí en más el “error” sería subsanado. La usuaria exigió que le devolvieran lo que le habían cobrado de más a lo largo de cuatro años y tres meses, con los intereses correspondientes. Pero el banco le respondió que había perdido la oportunidad porque había vencido el plazo del acuerdo que firmó con Adecua para resarcir a los damnificados. La clienta no había tenido hasta entonces ninguna información sobre la existencia del arreglo.

Lo mismo le ocurrió a más de 1,7 millón de clientes de ese y otros bancos y financieras. En rigor, si hoy quisieran podrían acudir a la Justicia para pedir el resarcimiento, pero en los hechos les sería casi imposible convencer a un abogado para que los representara por montos que en muchos casos rondan los 100 pesos y que en otros, como el de la señora que hizo la denuncia original, alcanza los 1000 pesos. La clave de las acciones colectivas promovidas por Adecua, en representación de todos los usuarios, es justamente conseguir una reparación automática y universal sin que cada uno de ellos deba encarar ningún trámite. En lugar de eso, lo que pasó fue que los convenios de Adecua y otras entidades con bancos y financieras pusieron como condición que cada afectado hiciera el reclamo correspondiente en cada banco. Les dieron de 60 a 90 días para eso, y la notificación de los convenios fueron dos pequeños avisos en diarios nacionales que la inmensa mayoría no vio.

Reintegros para todos

Defensa del Consumidor se presentó la semana pasada ante la Justicia nacional en lo Comercial para pedir la nulidad “por cosa juzgada írrita” del convenio de Adecua y el Santander Río. Para más precisión, de las cláusulas 7, 8 y 10. El resto del acuerdo es aceptado, porque allí el banco admite que debe reintegrar dinero a sus clientes y se compromete a dejar de cobrar de más por cargos y seguros, lo cual hizo. Lo que se busca cambiar son las condiciones restrictivas del arreglo y establecer, mediante nuevas cláusulas que debería imponer el juez, que la devolución del dinero sea para todos los damnificados y que se notifique fehacientemente a cada uno de ellos de lo actuado.

Si la acción oficial prospera, saldrán beneficiadas 615.391 personas, que recuperarían alrededor de 131,7 millones de pesos. Esta última cifra es aproximada, dado que se basa en datos promedio en función de lo que el banco pagó hasta ahora y habría que ajustar los montos de intereses a devolver. Sólo cumplieron con las condiciones del acuerdo del Santander Río con Adecua 109 personas, el 0,017 por ciento del total de afectados, quienes percibieron en total 23.328 pesos, a razón de 214 cada uno. La presentación de Defensa del Consumir busca que el resto recupere lo cobrado de más mediante transferencias directas a sus cuentas, si es que todavía son clientes del banco, o sean notificados para que les transfieran lo suyo.

El concepto que guía la acción judicial es que no se pueden dar por válidas las cláusulas del acuerdo que están viciadas de nulidad. La presentación también plantea la recusación del juez Fernando D’Allesandro, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial 7, quien homologó el convenio entre el banco y Adecua. Y se pide la anulación porque el convenio está basado en un “fraude”. “El acuerdo resulta violatorio de elementales garantías y derechos de los consumidores”, sostiene la presentación oficial.