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Las inundaciones en La Plata y en otros lugares del conurbano, con sus resultados dolorosos para las familias de nuestra provincia, deben convertirse en un punto de inflexión tanto por la solidaridad individual y colectiva, organizada, popular y democrática que despertaron, como también por la necesidad imprescindible de pensar por qué ocurrieron.

El cambio climático no es un hecho sino un proceso, previsible entonces, para actuar con planificación, donde pueden desconocerse las dimensiones de los hechos, pero no que vayan a suceder. Eso exige más y mejor Estado. Sin embargo, mientras la lluvia torrencial asediaba, y la oscuridad invadía todo y muchas calles de La Plata se convertían en torrentadas incontrolables, no existió una acción coordinada del Estado.

La planificación urbana vino ligada a estimular el negocio inmobiliario sin la regulación necesaria, sin tomar en cuenta a la naturaleza, ni tampoco a los habitantes. La maximización de la ganancia vino en desmedro de la vida y los bienes especialmente de los que menos tienen, a los que perdieron todo y que, sin Estado que los cobije, se les niegan todos sus derechos.

Las catástrofes actúan sobre la desigualdad, agravándola. El Estado democrático y la sociedad deben actuar para atacar la matriz de la desigualdad. El desarrollo con inclusión se configura así como una acción destinada a crear igualdad, que es en definitiva una opción por los pobres. Pensar que la inmensa solidaridad que llegó a La Plata resolvió las nefastas consecuencias es no tomar en cuenta ni la dimensión de la catástrofe ni la desigualdad donde actúa y la que deja. Llamar a suspender la solidaridad, o desmantelar el comité de crisis, evidencia una estrategia de silenciar el reclamo social existente mediante la construcción de la idea falsa de que los problemas ya pasaron.

La catástrofe y el cuadro que describimos dejaron personas desaparecidas y muertas. Establecer métodos de investigación transparente sobre ellas es parte del derecho a la verdad del pueblo de la ciudad y de la provincia. Parece insensato discutir números, pero también obstaculizar la búsqueda de saber que pasó. El juez Luis Arias y el defensor del fuero de responsabilidad juvenil Julián Axat no sólo tenían el derecho, sino la obligación de investigar. Mientras se siguen reparando los daños y todavía existe una catástrofe social, crece también el reclamo por el derecho a la verdad. Es inadmisible el intento de deslegitimar a dos funcionarios judiciales que hacen su trabajo, y mucho más que la Justicia cuestione a quienes investigan en vez de cooperar con ellos. El intento de algunos legisladores de abrirle juicio político a Arias y Axat, mientras ningún dirigente estatal de la provincia asume su responsabilidad en lo ocurrido, parece perseguir la intención de una presión a la Justicia para que no investigue lo que al poder político no le interesa.

Más allá de quién haga las investigaciones, lo imprescindible es que se realicen en forma transparente y confiable para nuestra sociedad. Exhortamos a que la Suprema Corte de Justicia, con la urgencia que exige el momento, decida en un acuerdo extraordinario quién debe realizar las investigaciones.

Una sociedad con nuestra historia no debe dudar ante el valor supremo de la Verdad y la Justicia.

* Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Laura Conte, Aldo Etchegoyen, Alejandro Mosquera, Víctor Mendibil, Elisa Carca, Susana Méndez, Roberto “Tito” Cossa, Mempo Giardinelli y Fortunato Mallimaci.