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El ministro del Interior, Aníbal Fernández, confirmó ayer el adelanto exclusivo de Página/12: el Gobierno se apresta a lanzar una ofensiva para cambiar totalmente la documentación personal de los ciudadanos. “El Estado está en condiciones, a través de la Casa de la Moneda y del Instituto Geográfico Militar, de imprimir los documentos, con buenas medidas de seguridad y a un costo que va a estar en la mitad del actual”, sostuvo el ministro. En el plan entran de inmediato el DNI y la cédula de identidad, pero se está estudiando el contrato vigente con la empresa Ciccone Calcográfica para ver si se puede rescindir el acuerdo existente sobre los pasaportes, de modo que el Estado también imprima ese documento a un precio sustancialmente menor.
Tal como adelantó este diario, el primer paso la iniciativa será la convocatoria a una licitación para armar una base única de datos. “Es el proceso más delicado, porque a partir de esa base de datos se harán todos los documentos”, sostuvo el ministro. El titular de la cartera de Interior afirmó que hay contactos con la Facultad de Economía de la UBA para que supervise el armado de los pliegos.
La nueva estrategia en materia de documentación plantea otro tema de relieve: el papel que jugará la Policía Federal en la elaboración y distribución de los documentos. Por de pronto, la base de datos tendrá su sede en el Registro Nacional de las Personas (Renacer) y el Gobierno decidirá en el próximo período si la Federal continúa monopolizando la entrega de cédulas y pasaportes, algo que no sucede en otros países. La Argentina tiene una particularidad llamativa: la cédula y el pasaporte aparecen asociados, no a la identificación civil, sino a un prontuario. Y que tanto ese prontuario como los documentos estén en manos de la Federal le otorga a esa fuerza un importante peso en el control de la ciudadanía y también una fuente de ingresos de envergadura.
Desde el punto de vista de la seguridad, será condición del pliego licitatorio que la base de datos sea compatible con la del FBI, sobre todo por cuestiones relacionadas con terrorismo y narcotráfico. También será clave el sistema de identificación por huellas digitales, a tal punto que existe el proyecto de que en pocos años haya máquinas lectoras de huellas digitales en todos los aeropuertos y puestos de frontera, de manera que habrá que mostrar el documento y poner el dedo en la máquina lectora.
“Con el nuevo sistema vamos a saldar la entrega de 800.000 a 900.000 documentos pendientes de entrega”, afirmó Fernández, que no se quiso meter mucho en la urticante cuestión de los pasaportes. En los últimos meses, conseguir ese documento se convirtió en un drama, al punto que muchos ciudadanos perdieron sus reservas en los aviones por las demoras en la entrega del pasaporte. Para colmo, el Poder Ejecutivo, en tiempos de Eduardo Duhalde, autorizó un aumento de precio reclamado por Ciccone Calcográfica, por lo que ese documento pasó de 75 a 130 pesos, una cifra exorbitante. De todas maneras, Fernández negó que sea intención inmediata del Ejecutivo rescindir el contrato con Ciccone: “Lo estamos estudiando”, señaló una fuente de la Casa Rosada. Lo cierto es que esa imprenta se presentó en convocatoria de acreedores y hay quienes sostienen que se le pedirá la quiebra, todo lo cual sería la base para cancelar el contrato. En algún momento, el ex ministro Domingo Cavallo sostuvo que el verdadero dueño de Ciccone era Alfredo Yabrán, algo que siempre negaron los titulares de la empresa, los hermanos Ciccone. De todas maneras, en el directorio hay una figura conocida: el ex embajador de Estados Unidos en la Argentina James Cheek.
Según Aníbal Fernández, la base única de datos que se licitará servirá de base a los documentos, pero también al cobro de impuestos, y el cálculo es que si hoy el DNI más la cédula cuestan 42 pesos, con la nueva políticaen marcha, el costo de los dos documentos juntos no pasará de los 20 pesos.