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El juez español Baltasar Garzón recibiría hoy una solicitud para que insista con el pedido de captura internacional de casi cincuenta represores argentinos procesados por genocidio, terrorismo y torturas. Los abogados de la acusación popular en el juicio contra los militares que violaron los derechos humanos durante la última dictadura, esperan tener mejor suerte que la obtenida durante la gestión de la Alianza. En ese momento, el Gobierno dijo que el tema lo iba a resolver la Justicia, pero después elaboró un decreto con el que rechazaba todas las extradiciones.
El 31 de diciembre de 1999, pocas horas antes del cambio de milenio, Garzón giró a Interpol una orden de captura internacional contra 48 represores argentinos. Allí se pedía que los acusados fueran encarcelados mientras se decidía si debían ser enviados a España. Durante el gobierno de Carlos Menem se había prohibido, mediante un decreto, cualquier colaboración con el magistrado español. La asunción de Fernando de la Rúa, y la alianza con el Frepaso, supuso que el cambio de gestión implicaba que se iba a modificar la posibilidad de hacer justicia en el exterior con los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Esto no ocurrió. Ahora, ante el gobierno de Néstor Kirchner y con el impulso que le dará al expediente la pronta extradición desde México del represor Ricardo Miguel Cavallo, se intentará buscar suerte nuevamente. De cualquier manera, la decisión final de insistir con las capturas será de Garzón.
Los abogados querellantes en la causa reclamarían también hoy que se fije un monto de indemnización para las víctimas que corra por cuenta de los acusados. Es decir, que no sea esta vez el Estado (Argentina ya lo hizo) el que repare a los damnificados sino los mismos represores.
El pedido de detención con miras a una posterior extradición, que firmó Garzón el último día de 1999, abarcaba a 48 militares –de los 98 procesados en España–, entre los que se encontraban Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Carlos Guillermo Suárez Mason y Antonio Domingo Bussi. El reclamo debería ahora remitirse a 46 personas, ya que el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y el torturador Francis Whamond murieron.
Varios de los represores incluidos en la solicitud del juez español están siendo juzgados acá, lo que sería un impedimento para su traslado. Ese es el caso de Videla, Suárez Mason, Massera y Héctor Antonio Febres, quienes están procesados por su responsabilidad en el plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos. Otros acusados, como Bussi, Alfredo Astiz y Luciano Benjamín Menéndez, están libres y deberían ser llevados a España a menos que en la Argentina se anulen definitivamente las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero esos no son los planes de los ministros de la Corte Suprema.
“Paso a paso”, fue la frase elegida por Kirchner para definir su estrategia sobre eventuales pedidos de extradiciones. El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, había asegurado que el Gobierno “no obstaculizará” los reclamos de jueces extranjeros que juzgan a represores argentinos. Sin embargo, el Gobierno no se encontró hasta ahora con ningún reclamo concreto: sólo respondió a los coletazos en la Argentina de la decisión mexicana de extraditar a Cavallo. Si Garzón decide hacer lugar al reclamo de los abogados de la acusación popular, habrá una situación específica para hacerle frente y se deberá disponer si se deroga el decreto 1581/01. Con esta resolución, De la Rúa estableció como doctrina que “el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazará los pedidos de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional”. El diputado socialista Jorge Rivas presentó el miércoles un proyecto de ley para dejar sin efecto este decreto y pidió una entrevista con el canciller Rafael Bielsa para hablar del tema. Si se siguieran los procedimientos “normales”, los reclamos de jueces extranjeros deberían ser tramitados por la Justicia. Cuando Garzón envió los pedidos de extradición, el entonces flamante canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini, dijo: “Que decida la Justicia”. En efecto, el pedido fue girado al juez federal Gustavo Literas, pero fue seguido muy de cerca por el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra. Literas no ordenó la detención de los represores y el Poder Ejecutivo aprovechó la tibieza del magistrado para interferir. Le respondió a Garzón que las detenciones provisorias carecían de urgencia y que enviara directamente los pedidos de extradición. El magistrado español envió notas al Gobierno y al juez en las que calificaba la conducta seguida en la Argentina como “incomprensible”. De la Rúa blanqueó luego su posición con el decreto 1581 y rechazó otros reclamos provenientes de Italia, Suecia, Francia y Alemania.