La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sancionó a las empresas de traslado de pasajeros de larga distancia que no acataron aún la resolución dictada por los ministerios de Interior y Transporte y de Trabajo de aplicar un aumento del 23 por ciento a los salarios de los trabajadores del sector. Los empresarios del sector evaluaron que la medida dictada por ambas carteras es de “imposible cumplimiento”, con lo cual el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió seguir con el paro, que cumple hoy su quinto día consecutivo. Frente a la continuidad del conflicto, desde el gobierno nacional aludieron a la presunta “complicidad” entre sindicalistas y empresarios. “No quiero pensar que hay complicidad entre empresarios y algunos dirigentes sindicales para volver al sistema de subsidios”, advirtió el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.

Son 130 las empresas que fueron sancionadas ayer por la CNRT, conducida por Ariel Franetovich, por encargo del Ministerio de Interior y Transporte. Desde la Gerencia de Fiscalización de ese organismo informaron a través de un comunicado que las 228 actas de infracción labradas a las compañías las multan por incumplimiento de servicios y por cerrar sus boleterías. La medida se llevó a cabo desde las delegaciones que la comisión tiene en todo el país, en tanto que la Gerencia de Calidad del organismo abrió un canal de recepción de denuncias para que los pasajeros puedan presentarse para la devolución de los pasajes.

Las sanciones no fueron la única reacción del Gobierno frente a la persistencia del conflicto en el área del transporte de larga distancia, luego de que las carteras nacionales de Trabajo y Transporte fijaran anteayer el incremento salarial que las empresas debían aplicar para resolver la situación. “No se entiende que siga el paro de la UTA si el Ministerio de Trabajo y el del Interior resolvieron un aumento salarial del 23 por ciento”, señaló Randazzo. El sábado, los dos ministerios instaron a las empresas a aplicar sobre los salarios de los trabajadores del área que mantienen el reclamo un 18 por ciento de aumento no remunerativo para los haberes de enero, febrero y marzo, y de 23 puntos porcentuales a partir de abril. Luego de que los empresarios señalaran que tal resolución será de “imposible cumplimiento”, el gremio decidió la continuidad de la medida, que hoy cumple su quinto día consecutivo.

En ese sentido, Randazzo advirtió que “si sigue el paro, hay complicidad”, y remarcó que, además de las sanciones que se aplicaron ayer a las compañías por no brindar el servicio, si es necesario se considerarán caducos los permisos de algunas empresas de transporte que rechazaron el aumento dispuesto por el Gobierno. El funcionario manifestó que “la pregunta es por qué la UTA sigue de paro cuando ya le dieron lo reclamado; no quiero pensar que existe complicidad entre empresarios y sindicalistas, que pretenden tomar de rehenes a miles de pasajeros y sus familias para volver a las políticas de subsidios”.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, evaluó la situación en el mismo sentido. “Está claro que la UTA está de acuerdo con el sector empresario y que la situación permite que la patronal se escude en el paro para no otorgar el incremento salarial y, además, poder presionar al Gobierno en función de volver a los subsidios.” Y añadió: “Parece que la UTA hace un doble juego, es decir, un paro sostenido en un lockout empresario”. Para Tomada, la medida de fuerza es “irracional e injustificada”.

A esta altura del conflicto, el sindicato expresó preocupación por la economía del sector empresario. El titular de la UTA, Roberto Fernández, sostuvo que “no se puede pretender que el empresario pierda plata”: “No estoy en contra del Gobierno, pero al empresario lo defiendo porque me da trabajo”. En esa línea, Fernández criticó la resolución de aumento salarial informada por los ministerios ayer en cuanto a la nula participación que el sindicato y la cámara empresaria del sector tuvieron en la determinación. “Me da vergüenza ajena que manifiesten que hay una resolución y los que tienen que estar en la resolución, que es un acuerdo, como el gremio y el sector empresario, no fueron notificados. Las resoluciones son acuerdos y no nos citaron a nosotros”, dijo. “Las partes tienen que sentarse a conversar porque se debe saber el costo que tienen los empresarios para conocer si ganan o pierden”, siguió el gremialista, quien opinó que una posibilidad sería “bajar impuestos para la compra de las gomas, que son importadas y valen muy caras”, y que el Estado “asuma el 50 por ciento del costo de los pasajes para discapacitados”.

Frente a la continuidad de la medida de fuerza lanzada tras cuatro meses de negociaciones y una veintena de audiencias en el marco de una conciliación obligatoria, el Ministerio de Desarrollo Social activó un plan de asistencia con alojamiento en hoteles porteños sólo aplicable a familias con bebés y niños o adultos mayores varados por el paro. “Es un plan de contingencia que ponemos a disposición de la gente”, explicó el subsecretario de Abordaje Territorial del ministerio, Carlos Montaña, quien precisó que “en este caso se trata de un trabajo conjunto con la Secretaría de Transporte del Ministerio de Interior y Transporte”.