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El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, no escatima recursos en la represión ni en la prensa propia. Por contratación directa o una licitación a medida, apeló desde octubre de 2010 hasta hoy a los servicios de AR y Asociados, una consultora en comunicación cuya presidenta es su íntima amiga y madrina de uno de sus hijos, Alejandra Beatriz Rafuls (ver aparte). La especialista en blindajes mediáticos tiene una vasta experiencia en el rubro. Trabajó para, entre otros, el ex presidente Carlos Menem, los gobernadores Daniel Scioli y José Alperovich y hasta para un candidato del PSOE español en los comicios que se hicieron en la Argentina para la región de Galicia. Un pedido de informes espera respuesta en la Legislatura para saber por qué se cuadruplicó el monto de una licitación que benefició a la empresa en 2011, el mismo día de la apertura de sobres. AR y Asociados también se vale de las imágenes que producen las cámaras de la Ciudad. Lo hace a través de Prontobaires, “un equipo de profesionales de la comunicación que tiene como objetivo responder de manera rápida y eficiente a la demanda de información por parte de los medios de prensa”, según señala la página web de la Policía Metropolitana.

Las contrataciones directas de la empresa que fundó Rafuls en diciembre de 1997 se hicieron invocando el decreto 752 de 2010, que en sus considerandos dice: “Se estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de cajas chicas”. Es la muestra de cómo urge al ministro Montenegro la cobertura de una prensa adicta y de respuesta rápida. El funcionario conoce hace mucho tiempo a su amiga. Cuando era juez federal la convocó para que atendiera a la prensa en su nombre, demandado como estaba por el caso Skanska.

Ocho veces, el Ministerio de Justicia y Seguridad apeló al decreto 752 para abonarle a AR y Asociados montos que iban desde los 45 mil a 120 mil pesos mensuales. Los sucesivos pagos constan en los boletines oficiales de la ciudad 3561, 3576, 3602, 3621, 3648, 3671, 3706 y 3736 entre octubre de 2010 y agosto de 2011. Pero fue en una licitación que el bloque de Proyecto Sur en la Legislatura reparó que había presuntas irregularidades. Es la única que se hizo hasta ahora para contratar a la consultora.

El 3 de marzo de 2011, por la resolución Nº 53 de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, se dispuso aprobar “el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, para la contratación de un Servicio de Consultoría y Asesoramiento en Materia de Comunicación Institucional para la Policía Metropolitana por el plazo de seis (6) meses, por un monto total de pesos trescientos sesenta mil ($ 360.000)”.

Una resolución posterior, la 60/2011, modificó los plazos de contratación y cuadruplicó el monto inicial de 360 mil pesos a 1.440.000. El período de vigencia se extendió a dos años, o sea que vence el 13 de mayo próximo. También se incorporó a la norma la posibilidad de una única prórroga por doce meses hasta mayo de 2014. AR y Asociados fue la única oferente, según consta en el acta de apertura de propuestas y mediante un dictamen del 18 de mayo de 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó la contratación de la consultora de Rafuls “por conveniente en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la ley 2095 y su reglamentación”. Bajo esas condiciones sigue hasta hoy.

Como la cifra superaba el millón de pesos, el ministro Montenegro estaba obligado a publicar más días el llamado a licitación. Además, debió notificar a la sindicatura de la Ciudad para que evaluase si consideraba necesario controlar el mecanismo de adjudicación. Nunca lo hizo. Todo este proceso de la licitación que ganó sin competencia AR y Asociados motivó un pedido de informes del diputado Julio Raffo, de Proyecto Sur, el 13 de diciembre del año pasado. Hasta hoy tampoco fue respondido. Acompañaron la iniciativa su compañero de bloque Rafael Gentili, María Rachid (Frente para la Victoria), Alejandro Bodart (MST) y Delia Bisutti (Nuevo Encuentro).

El sociólogo Andrés Pérez Esquivel, nieto de Adolfo, el Premio Nobel de la Paz 1980, y asesor del diputado Raffo, tuvo mucho que ver con la investigación de las resoluciones que fueron renovando de manera sucesiva el vínculo comercial entre el Ministerio de Justicia y Seguridad con la consultora. “Montenegro pareciera haber violado la Ley de Compras y Contrataciones públicas para abrirle la puerta a Rafuls y Hadad (Daniel). Ellos ahora tienen acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad de la Ciudad, las imágenes de todos nosotros haciendo nuestra vida cotidiana”, le dijo a Página/12.

En efecto, Prontobaires es un equipo de profesionales de los medios que armó la amiga del ministro para desempeñarse ante distintas circunstancias. En la página oficial de la Policía Metropolitana –junto a la que trabajan– se describe que “sus integrantes acompañan la actuación de personal de emergencias y de seguridad cuando se trata de hechos relevantes desde el punto de vista social y comunicacional. Actúan en la cobertura periodística de episodios de conmoción social (atentados, amenazas públicas, hechos de violencia graves, derrumbes), accidentes de tránsito (con muertes, cortes prolongados del tránsito, con intervención de vehículos de transporte público) y situaciones que involucren la actividad de los bomberos (incendios con heridos, derrumbes)”, entre otros siniestros urbanos.

¿Considerará Prontobaires entre los hechos de violencia graves la brutal represión en el Hospital Borda? Es difícil saberlo, porque no se conoce que haya difundido su propio material tras el episodio que derivó en la interpelación del ministro Montenegro y un unánime pedido de renuncia de toda la oposición en la ciudad de Buenos Aires. El diputado porteño del Frente para la Victoria Juan Cabandié presentó un pedido de informes en la Legislatura para saber más acerca de esta especie de pyme enquistada en el Estado.

Como fuere, Prontobaires promociona sus servicios en la página oficial de la Metropolitana. Dice que ofrece “información privilegiada fehaciente y exclusiva brindada por fuentes oficiales acreditadas, que luego distribuye en formatos de texto, fotos, audios o videos, según corresponda, entre todos los medios de comunicación que la requieran. Se garantiza con esta herramienta que la prensa reciba un material calificado y veraz, al tiempo que incrementa su caudal informativo y optimiza recursos y esfuerzos”.

Las cámaras de seguridad que instaló la firma Global View a lo largo de toda la Ciudad, la empresa que creó el ex militante montonero devenido en empresario Mario Guillermo Montoto, generan la masa crítica de imágenes con las que trabaja la empresa de Rafuls. La compañía de video-vigilancia fue comprada por la multinacional japonesa NEC en 30 millones de dólares a comienzos del año pasado. El que era dueño mayoritario conservó para sí un 15 por ciento de la sociedad. Su presidente se llama ahora Tadashi Ugajin.

AR y Asociados ha crecido mucho desde el ‘97, cuando se constituyó como “agencia de noticias y servicios de información”. Hoy ofrece desde su página www.aryasociados.com.ar un “equipo interdisciplinario para la prevención y la actuación en crisis comunicacional 24/365”, “el diseño de estrategias de exposición mediática y generación de mensajes” y una “gestión de prensa y relaciones con los medios”, entre otros servicios.

La amiga del ministro cuestionado por reprimir a médicos, pacientes y periodistas en el Hospital Borda siempre presidió su consultora. Silvia Gabriela Menéndez fue su primera socia. Trabaja desde febrero de 2012 en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Rafuls también figura como vicepresidenta de MG Consulting Group SA, que queda en la avenida Callao 232. Su expansión como consultora privilegiada de Montenegro le permitió recibir en el presupuesto porteño de 2012 un monto anual de 960.000 pesos. Significa un 33 por ciento más que la suma fijada en la licitación de 2011 (720 mil pesos por año, la mitad del monto total: 1.440.000).