La Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento de los ex magistrados Luis Angel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Córdoba, como juez federal, y Ma-zzoni, como fiscal, ante la cámara chaqueña, fueron quienes aceptaron sin chistar la versión oficial con la cual se encubrió la Masacre de Margarita Belén. El tribunal que integran José María Aguilar, Ana Victoria Order y Simón Getzel desestimó las apelaciones de los defensores de los ex magistrados, los procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de promover la represión a un delito y encubrimiento, y ordenó que se mantenga la prisión preventiva, por lo que deberán esperar el juicio oral en la Unidad Penal No 7 de Resistencia.

Mazzoni fue fiscal federal ante la Cámara desde 1974 hasta fines de 2007. Por entonces, a pedido del CELS y de Hijos, la Procuración General de la Nación ordenó la realización de un sumario que estuvo a cargo del fiscal Félix Crous y que confirmó las acusaciones en su contra por haber encubierto actos de tortura, no haber dado auxilio médico a detenidos que declaraban haber sido torturados, no haber dado protección a detenidas embarazadas ni preocuparse por la salud de recién nacidos, haber obligado a presos a declarar bajo amenazas y omitir denunciar y perseguir el asesinato de Néstor Sala, víctima de la Masacre de Margarita Belén. A partir del sumario, el procurador Esteban Righi lo apartó del cargo y ordenó que se lo sometiera a un jury de enjuiciamiento. Mazzoni renunció dos días después. Su detención y procesamiento, solicitado por los fiscales federales Patricio Sabadini y Diego Vigay, se concretó en marzo del año pasado por orden del juez federal Carlos Skidelsky. Siete meses después, el magistrado procesó a su ex colega y ordenó su traslado desde el Escuadrón 51 de Gendarmería a la cárcel de Resistencia. La confirmación del procesamiento es la última escala previa al juicio oral y público.

Luis Angel Córdoba era el juez federal de Resistencia y no tuvo que rendir cuentas mientras estuvo en funciones porque se jubiló antes de que se reabrieran las causas. Fue quien, como magistrado, aceptó sin chistar la versión oficial según la cual los fusilados de Margarita Belén, entre los cuales había detenidos a su disposición, habían muerto en un enfrentamiento cuando intentaron escapar de un celular que los trasladaba a la cárcel de Formosa. El juez y su secretario, Carlos Flores Leyes, que murió impune en 2010, no objetaron que el supuesto traslado se hubiera realizado un domingo, ni que el motivo alegado hubiera sido llevar a un grupo de presos políticos a una cárcel que no estaba preparada para recibirlo. Según la acusación que promovió en su momento Mirta Clara, viuda de Néstor Sala, víctima de la masacre, tampoco certificaron la fecha y causa de la muerte a través de una autopsia, no gestionaron la entrega del cuerpo ni examinaron las actuaciones militares. Igual que Mazzoni, fue detenido en marzo de 2012, acusado de encubrir delitos contra 18 víctimas, no hacer cesar ocho detenciones ilegales, no promover la persecución de delincuentes en 18 hechos e incumplir los deberes de funcionario público, todo en concurso con el delito de asociación ilícita.

El fiscal Diego Vigay consideró que la confirmación de los procesamientos implica “un avance significativo en el juzgamiento de magistrados judiciales federales que fueron cómplices civiles de los crímenes del terrorismo de Estado”. “Se abre ahora la posibilidad de elevar la causa a juicio, lo que resultará en un hecho inédito en la región”, aseguró. El fiscal general subrogante Carlos Amad mencionó que “más allá de las consideraciones jurídicas, que serán materia de un análisis posterior, concretamente se trata del avance del proceso contra estos ex funcionarios judiciales que con su accionar permitieron el total desamparo de las víctimas del terrorismo en el Chaco”. La decisión del tribunal chaqueño se conoce una semana después de que la Cámara Federal de Córdoba confirmara el procesamiento de Roberto Catalán como autor directo de tormentos y partícipe secundario de homicidios, secuestros y tormentos mientras se desempeñaba como juez federal de La Rioja.