La Sala III de la Cámara de Casación Penal rechazó planteos de la mayoría de los imputados por el accidente de Once, y de esa manera comenzó a despejar el camino para que se pueda concretar el juicio oral. El tribunal dejó firmes los procesamientos del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, del dueño de TBA, Claudio Cirigliano, y otros directivos de la empresa, así como de los ex jefes de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte (CNRT) Antonio Sícaro y Pedro Ochoa Romero y el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna. Cuando el juez de instrucción dio por terminada la investigación del caso, les atribuyó los delitos de descarrilamiento culposo y fraude a la administración pública.

Cerca de veinte fueron las presentaciones de las defensas rechazadas ayer por los camaristas Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Eduardo Riggi. Las resoluciones no analizan cuestiones de fondo pero dejan en pie los procesamientos de buena parte de los imputados, algo que estaba esperando el Tribunal Oral Federal No2 para avanzar con los trámites del juicio. Casación no se expidió aún sobre la situación del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi ni sobre la del maquinista Marcos Antonio Córdoba.

Los camaristas también confirmaron el desdoblamiento de la causa en una investigación del accidente en sí y otra sobre las irregularidades con los subsidios estatales que recibía la empresa TBA y que durante el trámite de la causa se corroboró que no eran destinados al mantenimiento, la mejora y la seguridad del servicio sino desviados para gastos personales de los empresarios, desde la compra de vinos y joyas, hasta viajes y muebles. Esta causa sobre el desvío de fondos quedó radicada en el juzgado federal de Sebastián Ramos.

En la tragedia de Once murieron 51 personas y más de 700 sufrieron heridas. Después de un año de investigación el juez Bonadío evaluó la combinación de responsabilidades de funcionarios públicos del área de Transporte, de la empresa concesionaria y del conductor. En relación al motorman, si bien también lo procesó, planteó sus dudas, ya que evaluó que era la empresa la responsable de haberle encomendado a un joven de 26 años con dos de experiencia “la vida y la seguridad de 2500 personas y se le había dado una herramienta vieja, corroída e insegura”.

El delito de descarrilamiento culposo tiene una pena de uno a cinco años de prisión y castiga a quien por imprudencia o negligencia produjo la tragedia, agravada por la cantidad de muertes. En el caso de los empresarios y los funcionarios, la imputación es por defraudación al procurar ganancias indebidas a partir de tener a cargo bienes que se pusieron bajo su responsabilidad. Además de los procesamientos de Jaime, Cirigliano, Sícaro, Ochoa Romero y Luna, Casación confirmó los de los ex presidentes de TBA Carlos Michele Ferrari y los ex directivos Alberto de los Reyes, Carlos Esteban Pont Verges, Marcelo Alberto Calderón, Carlos Alberto Lluch, Alejandro Rubén Lopardo y Alberto Gariboglio.