La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) presentó ayer una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley porteña de “libertad de expresión”, sancionada por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, hace tres meses. La Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires ya había presentado un pedido de inconstitucionalidad de la mencionada ley, el pasado viernes. Ambas denuncias recaen sobre varios artículos de la ley, los cuales se considera que se alzan por encima de la jurisdicción federal. “La Ley 4565 establece el recorte de facultades que establece el organismo en la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en el territorio porteño”, expresaron desde la Afsca.

Además, desde el organismo que preside Martín Sabbatella agregaron que “la norma porteña derogaría implícitamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), cuando dispone, en su artículo 17, que los licenciatarios domiciliados en la Ciudad quedan exceptuados del cumplimiento de aquellas normas de defensa de la competencia dictadas exclusivamente para medios de comunicación”.

La denuncia de la Afsca fue presentada ayer ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. “Las declaraciones efectuadas por la Legislatura local en torno de la libertad de expresión vienen a intentar encubrir el fin real perseguido por la ley: obstaculizar la aplicación de la Ley 26.522” y “satisfacer ilegalmente la clara necesidad del Grupo Clarín”, explicaron a través de un comunicado.

En junio de este año entró en vigencia la llamada “Ley de libertad de expresión”, según Macri, “para garantizar la libertad de prensa en territorio porteño”, lo que generó el rechazo de varios sectores. Además de la Afsca, también se pronunciaron en contra desde la Defensoría General porteña. La denuncia de la Defensoría fue presentada el viernes ante el Tribunal Superior de Justicia porteño por medio de Eduardo Cárdenas, vecino de la ciudad. La Defensoría General actúa ante pedidos individuales patrocinando a individuos.

El defensor general, Mario Kestelboim, le dijo a Página/12 que la norma porteña “desconoce la Constitución Nacional y a la LSCA, es insólito”. Kestelboim sostuvo también que el objetivo de la ley del PRO “es beneficiar a las grandes empresas periodísticas, como lo son el Grupo Clarín o el diario La Nación”. Este último, gracias a una medida cautelar interpuesta desde hace diez años, obtuvo un beneficio fiscal que asciende a más de 160 millones de pesos. “Con la aplicación de esta ley en la ciudad de Buenos Aires, no se está protegiendo las ideas por medio de la libertad de prensa, sino que la ley tiene como finalidad proteger a las empresas periodísticas e impedir que la normativa federal que se aplica respecto de los medios tenga efectividad en la ciudad de Buenos Aires”, agregó Kestelboim. “Es insólito pensar que la Ciudad pueda quedar afuera de la aplicación de una ley federal”, concluyó.

Consideró que la norma cuestionada es un ejemplo del desconocimiento de la jurisdicción federal, ya que prohíbe la intervención de los órganos asignados, según el reparto federal de competencias en razón de la materia. La norma recae, entre otros, sobre el artículo 32 de la Constitución, que prohíbe al Congreso Federal dictar normas que establezcan la jurisdicción federal en materia de libertad de imprenta.

Según interpretaron desde la Defensoría, un eventual rechazo del pedido de inconstitucionalidad “habilitaría el recurso de presentarse ante la Corte Suprema”. “Es muy clara la vulneración de la jurisdicción. La Ciudad legisla sobre temas que no puede legislar”, dijeron. Las autoridades de la Defensoría General brindarán una conferencia de prensa este jueves para explicar los avances de la presentación formal.

Informe: Federico Funes.