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El Plan Trabajar fue establecido a fines del siglo pasado, en medio de la recesión y la malaria. El Estado los distribuía discrecionalmente, su importe era mínimo, lo recibían muchos miles de desocupados. El nombre se debía a que se intentaba que realizaran trabajos comunitarios, en general conducidos desde las municipalidades. La cantidad de personas, las limitaciones objetivas de las intendencias para organizar tareas cotidianas para todos (lo que implicaba logística, herramientas, etcétera) determinó que a veces funcionara como subsidio. Fue un paliativo, mientras duró.

El cese llegó en 2002, cuando el gobierno del presidente Eduardo Duhalde puso en marcha el plan Jefas y Jefes de Hogar (JJDH), destinado a todos los cabezas de familia desocupados con hijos menores de 18 años a su cargo. Era, pues, universal porque todas las personas objetivamente comprendidas podían reclamarlo. Las ponderaciones previas se quedaron cortas: se inscribieron muchas más personas que las que calculaban sus funcionarios. Se cerró la ventanilla, sólo quedaron incluidos los que fueron más avispados, mujeres mayormente. La universalidad quedó chueca, pero se había abierto una hendija que luego se perfeccionó.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) está vigente desde 2009. El JJDH se había venido extinguiendo, de modo progresivo. La AUH es un programa de ingreso ciudadano abierto desde entonces a todos los que reúnan una suerte de requisitos concretos. Está entre los más inclusivos y expandidos de la región. Se puede reclamar “por ventanilla” y no ha habido grandes críticas sobre arbitrariedades o discriminaciones de los organismos de gestión. El número de hogares beneficiados se sostiene estable desde hace años, lo que no equivale a estático: hay altas nuevas y bajas porque los hijos llegan a la mayoría de edad o porque los jefes de familia consiguen trabajo formal.

No se restringe a los desocupados, a quienes ampara. También vale para trabajadores con bajo nivel de ingresos. Entre estos, sin agotar el listado, se cuentan los informales que cobran el salario mínimo vital y móvil, las empleadas domésticas y un segmento de monotributistas. El universo debería ampliarse, como ya se dirá, pero aún en su estadio actual, es un avance notable en derechos y políticas sociales.

Llamar a esa nave insignia “Plan Trabajar” es un error o algo peor que lleva diez años de vida. Apodarlo “Plan Descansar”, un sambenito de la derecha, al que se suman formadores de opinión de medios dominantes. Si son ignorantes o malévolos o las dos cosas, es problema de ellos. Apena e indigna que Hugo Moyano, secretario general de la CGT opositora, haya pronunciado entre risotadas esa barbaridad en su discurso en la Plaza de Mayo. La trayectoria de lucha del líder camionero no se borra pero sí se desdibuja con esas palabras.

Moyano busca congraciarse con una derecha recalcitrante mientras sincera sin quererlo una clásica falencia de los sindicatos hoy divididos en “dos CGT”. Jamás se interesaron en serio y a fondo por sus compañeros de clase desocupados o que trabajan “en negro”. Sí lo hicieron “las dos Centrales de Trabajadores Argentinos” ahora enfrentadas entre sí.

La AUH es perfectible, puede mejorarse. Lo que equivale a decir que debe bancarse, eventualmente profundizarse y no denigrarse. Este cronista apuntó en notas anteriores que debe regularse por ley y no por decreto, que así se instrumentó en su momento, cuando el kirchnerismo estaba en minoría en el Congreso. Un funcionario avezado y atento le explicó que el Decreto de Necesidad y Urgencia fue aprobado por el Parlamento por lo que ya es ley. Se asume el error, se rectifica y se presentan excusas. Lo que se sigue sosteniendo es que la AUH contiene exclusiones que merecen rectificación. La enumeración excede las pretensiones de esta columna, baste insinuar entre ellas a todos los trabajadores informales sin que importe su sueldo mensual (su disparidad con sus pares en relación de dependencia es muy grande e inequitativa). También a varios monotributistas y a los titulares de planes de capacitación o ingresos transitorios que la legislación fija como incompatibles, cuando sería más equitativo acumularlos. El punto es controvertible pero por ahí debería rondar la discusión pública, que Moyano relega a un espacio prehistórico.

Un síntoma de la época: ningún dirigente opositor cuestionó la demasía, que es una falta de respeto para una cantidad importante de trabajadores.

Moyano está en el borde de la campaña. Apoya, sin pasión y sin fuerza, a la lista del diputado Francisco de Narváez, cuya más conspicua relación con los trabajadores fueron los despidos masivos que ordenó en la actividad privada. Los protagonistas no embarcados en las elecciones moran en un “no lugar” incómodo e irritante.

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¿Qué puede PASAR? Quienes están en campaña, más vale, no descansan. La inminencia de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) dinamiza a los candidatos. Los pocos que se valen del mecanismo de las internas abiertas transitarán dos estadios y ponen mucho en juego en el primero. Disputarán dos partidos consecutivos, pueden ser eliminatorios.

Es enigmático cómo afectarán las PASO a los demás competidores. Dicho de otro modo: es arduo predecir qué harán los votantes en octubre, con los datos indubitables de las Primarias a la vista. ¿Reorientarán sus preferencias, desplazándolas en aras de un voto útil? ¿O de una opción que robustezca o debilite al Gobierno? Los vaticinios son variados. No hay una base sólida para plantearlos con un solo precedente, ocurrido en 2011, cuando la compulsa presidencial primaba sobre la elección de cargos parlamentarios. Poco cambió, en ese cercano entonces, entre agosto y octubre. De ahí que (para la mirada impresionista de este escriba) muchos ciudadanos no tengan muy asumida la atípica doble vuelta... y acaso ni la tengan registrada todavía.

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Atisbos: Las dos internas abiertas más resonantes tendrán lugar en Córdoba y en la Ciudad Autónoma. En la provincia mediterránea compiten los radicales, yendo solos. El diputado Oscar Aguad es el favorito en las apuestas. Los boinas blancas se tienen fe para salir primeros en esa provincia y en Mendoza. Encuestas propias y ajenas (que se difunden con cuentagotas) alientan sus ilusiones. Como es regla en estas columnas y en la realidad, se subraya: las previsiones y los sondeos son indicios que pueden ser refutados o alterados en los dos tramos que faltan. La verdad se conocerá en octubre, cuando se recuente el último voto.

En Capital, un generoso armado opositor, de variedad inmensa, se cobija en la flamante coalición UNEN. Las primeras encuestas, incluida una de la consultora Equis de Artemio López, colocan a la diputada Elisa Carrió como primera entre sus correligionarios, compañeros y vecinos cívicos. Si se confirmara el vaticinio, seguramente habría que correlacionarlo con la creciente ola de denuncias de corrupción contra el gobierno nacional. La decisión del juez Claudio Bonadío disponiendo procesar y encarcelar al ex secretario Ricardo Jaime puede fortalecer las convicciones de un tramo del electorado, seguramente opositor desde el vamos.

A los efectos de las encuestas, se suman para las primarias los votos de todos los “lemas” de UNEN. Para variar: no es posible inducir si esa suma se mantendrá u oscilará después del 11 de agosto. Si conservará el caudal, si imantará otras

adhesiones. O si fugan algunos votantes de sesgo ideológico distinto a los vencedores (hay tendencias variadas en la amplia alameda de UNEN).

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¿Un día de paseo? Otro líder opositor que observa con agrado las encuestas es el ex gobernador santafesino Hermes Binner. Informantes tirios y troyanos lo sindican colocado provisoriamente a buena distancia de Jorge Obeid, primer candidato del Frente para la Victoria. Los socialistas se ilusionan con un veredicto plebiscitario. Desde todas las tiendas (aun las del PRO, claro que con sordina) se detecta una merma de Miguel Del Sel. Un encuestador cercano al peronismo opositor le comenta informalmente al cronista un dato llamativo: cuando se pregunta a los entrevistados por quién votaron en 2011, el Midachi casi no aparece. Sin embargo, le fue fantástico en esa ocasión. Puede ser un voto oculto pero también que los ciudadanos reescriban su propia historia, corregida a la luz de sus orientaciones actuales. Difícil es develar el pensamiento de los votantes... Aunque las encuestas son un recurso ineludible proyectan una imagen transitoria y, por lo visto, no tan sencilla de interpretar y de proyectar.

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Puja distributiva y new age: Moyano convocó con reclamos más atinados que su discurso. Discute el pago de Impuesto a las Ganancias. Le asiste derecho a hacerlo y, al ver del cronista, parte de razón. No es equitativo abolir el pago de impuesto a los ingresos para todos los trabajadores, es una demasía de “Hugo” a la que adhieren referentes de la oposición política. Pero sí es cierto que hoy lo pagan laburantes que deberían estar exentos. No se trata, solo, de elevar las alícuotas que no acompañaron a la inflación, sino de reformar la estructura del impuesto. La norma respectiva está desfasada, amerita una reforma.

La nueva titular del bloque de diputados del FpV, Juliana Di Tullio, encomendó a su compañero de bancada Héctor Recalde reunir todos los proyectos de ley del oficialismo para hacer esa reforma y tratar posibles impuestos a los activos o transferencias financieras. Su intención, aseguran, es estudiar a fondo la materia, procurando su avance pero sin desfondar las arcas estatales. Los objetivos, claro, deben compatibilizarse. Y la reforma impositiva es una de las “deudas” que el oficialismo reconoce en general pero no siempre “baja” al terreno de las realizaciones.

La desigualdad entre trabajadores es una de las asimetrías que persisten en la actualidad. Quizás el abismo más amplio y nítido es el que separa a los que están en relación de dependencia de los informales. Influye en la estabilidad, en la magnitud de los sueldos, en tener o no vacaciones pagas y aguinaldo, a veces en tener obras sociales, siempre en estar tutelados por convenios colectivos anualizados.

La intervención estatal es necesaria, algo se hizo pero no lo suficiente. Pero si hay una carga sobre el Gobierno es imperioso resaltar lo evidente. El trabajo “en negro” es consecuencia de incumplimientos legales de los empleadores. Ellos son sus principales responsables. No es un flagelo de la naturaleza sino, en sustancia, evasión fiscal.

En un tramo poco observado de su discurso de lanzamiento como candidato, el intendente Sergio Massa habló de la necesidad de un Acuerdo Social. Es una herramienta interesante, que el Gobierno analizó allá por 2007. La idea sucumbió en 2008, cuando el conflicto con las patronales agropecuarias. Nunca se debería desdeñar como hipótesis de trabajo, a condición de asumir algo ajeno al discurso new age de Massa. En ese ámbito tripartito y en relación a esos temas, lo dominante no debe ser la tertulia “entre todos” sino ajustarle las clavijas al empresariado explotador e incumplidor. La política no es puro conflicto, como a veces exageran portavoces del oficialismo. Pero la puja distributiva sí lo es, máxime cuando alguno de los que cincha se burla de la ley.

Gestionar es, con frecuencia, tomar partido.

Falta menos de un mes para las PASO y poco más de tres para las elecciones nacionales. En el discurrir, dos gobernadores oficialistas sinceraron ambición de postularse para presidente. El bonaerense Daniel Scioli, hijo pródigo del FpV, repitió lo que había dicho otras veces: se lanzará si la presidenta Cristina Kirchner no compite. El entrerriano Sergio Urribarri, de mayor fidelidad y confianza para la Casa Rosada, confesó que le gustaría, si es convocado por su conducción. En el devenir de la campaña, algunos escenarios cambian, algunos tópicos dejan de ser tabú. Tres meses de vértigo quedan por delante.

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