El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, aseguró ayer que la denuncia que miembros de la Unión Cívica Radical (UCR) realizaron en su contra “no tiene fundamentos jurídicos”, sino que se enmarca en las aspiraciones políticas propias de la campaña electoral. “La denuncia carece de fundamentos, pero no carece de oportunismo electoral y político. Quieren agredir a una persona que tiene un gran compromiso con este proyecto”, se defendió Fresneda. El miércoles, el bloque de senadores radicales y las autoridades del partido lo denunciaron penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público debido a su presunta omisión de datos que vincularían al general César Milani con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Ayer, los correligionarios llevaron a cabo una acción similar contra el fiscal ad hoc de Tucumán, Pablo Camuña (ver aparte).

Fresneda aseguró que la denuncia es “infundada”. “Esta secretaría nunca omitió los informes”, remarcó. La presentación que lo denuncia –firmada por los titulares de los bloques legislativos de la UCR, el diputado Ricardo Gil Lavedra y el senador José Cano; la presidenta de la Convención Nacional Radical, Lilia Puig de Stubrin; el secretario nacional del Comité Nacional, Manuel Casella, y algunos senadores como Gerardo Morales y Ernesto Sanz, entre otros– se refiere a la documentación que menciona a Milani como partícipe de un allanamiento que derivó en la detención de un hombre durante la represión ilegal y que, según el Centro de Estudios Legales y Sociales, estaba en posesión de la Secretaría de Derechos Humanos. Dicha documentación fue presentada por el CELS ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, en el marco de su evaluación sobre el ascenso del actual jefe del Ejército.

“Me denuncian a mí penalmente por haber ocultado información. Yo he brindado toda la información que tenía a disposición en mi secretaría”, determinó el secretario, que lleva un año en el cargo y es hijo de desaparecidos. “Los archivos que analicé para asistir a la Presidenta me llevaron a la misma conclusión que tomó (el ex secretario de Derechos Humanos) Eduardo Luis Duhalde en su momento. En 2010, Duhalde informó que no había información para que esta secretaría diera parte sobre claras violaciones a los derechos humanos” en el caso de Milani, agregó.

Además alegó que “no está” en su “obligación de funcionario público determinar si una persona es un criminal de lesa humanidad”, recordó que rige “el principio de inocencia” y en el caso concreto de Milani “se debe investigar”. Luego reiteró que remitió a la Justicia los datos presentados por el CELS ante la Comisión de Acuerdos del Senado, de donde el organismo defensor de derechos humanos la había extraído. “Las causas contra Milani están en la Justicia desde hace 30 años. ¿Por qué ahora le piden al Poder Ejecutivo que actúe, cuando ése no es nuestro rol?”, se preguntó.

Tras calificar a la denuncia en su contra como “una torpeza”, Fresneda sostuvo que “los derechos humanos son la matriz ética” de este gobierno. La UCR lo denunció el miércoles ante el Juzgado Federal Nº 12, a cargo del magistrado Sergio Torres, por violación de los deberes de funcionario público. “Es evidente que Fresneda contaba con antecedentes que vinculaban a Milani con causas por violaciones a los derechos humanos, pero omitió brindarlos al Ministerio de Defensa”, acusaron los radicales.

Ayer, el secretario recibió el respaldo de organismos de derechos humanos y de referentes políticos del Frente para la Victoria. En ese marco, la diputada Diana Conti consideró que la denuncia “no sólo constituye una infamia sino también una verdadera vergüenza” y la enmarcó dentro de la campaña electoral: “Utilizar denuncias penales contra funcionarios como instrumento de campaña electoral opaca la actividad política”, remató.

En tanto, los organismos de derechos humanos de Córdoba repudiaron la presentación penal en contra de Fresneda a través de un comunicado que llevó la firma de H.I.J.O.S., Madres de Plaza de Mayo filial Córdoba y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones políticas de Córdoba. “El grado de hipocresía y oportunismo del radicalismo es increíble”, ya que “si hay un partido político responsable por la impunidad, que durante más de veinte años retrocedió con sus acciones y políticas el logro de nuestra democracia, es el partido radical, que aún hoy se empeña en defender un presunto modelo de República sobre el mantenimiento del statu quo de los privilegiados”, señala el documento.