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El presidente Néstor Kirchner se subió al avión sin firmar el decreto que habilitará el tratamiento de los pedidos de extradición contra los militares que violaron los derechos humanos durante la última dictadura militar. Aunque la decisión está tomada, el Gobierno no quiso dar la impresión de que el anuncio estaba condicionado por la resolución del juez español Baltasar Garzón de pedir las detenciones de 46 represores.
Kirchner partió ayer por la noche rumbo a Londres, para iniciar una gira que lo llevará a Francia y España. En estos dos últimos países, podría haber menciones a las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Sin embargo, aunque el decreto que rechaza las extradiciones sin analizarlas no está derogado, el Presidente dio señales de que va en ese camino. “Argentina vuelve a la justicia y a la memoria”, dijo en Tucumán el miércoles durante la celebración del Día de la Independencia.
El viceministro de Justicia, Abel Fleitas Ortiz de Rosas, confirmó ayer que se derogará el decreto 1581/O1. “Lo que se está considerando es abrir una puerta que se había cerrado en las últimas semanas del gobierno de (Fernando) De la Rúa y permitir que se dé trámite a los pedidos de extradición”, dijo Fleitas.
La anulación de la resolución antiextradición permitirá que se analicen caso por caso los reclamos de los países que quieren enjuiciar a los militares. “Van a ir ante el juez competente”, explicó el viceministro en
el acto realizado en la Escuela de Suboficiales de la Policía, donde el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, lanzó el plan de seguridad para la ciudad de Buenos Aires.
Según el decreto que aún está vigente, los jueces pueden ordenar las detenciones de los represores reclamados por otros países, pero, una vez que lleguen vía Cancillería los pedidos de extradición, éstos deben ser rechazados sin ser analizados. Por aplicación de esta norma, los acusados quedan en libertad. Cuando esta resolución deje de tener validez, los jueces podrán disponer arrestos y luego analizar si corresponde que los represores sean juzgados en el exterior. El Gobierno espera que los acusados puedan ser excarcelados, es decir, que esperen la respuesta de la Justicia fuera de la cárcel y por eso aspira a modificar la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal.
Garzón firmó el lunes un pedido de captura contra 46 militares argentinos, entre ellos, Alfredo Astiz, Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, quienes están en libertad. El reclamo que se hizo vía Interpol ya habría partido de Madrid y podría llegar al país en cualquier momento. Paralelamente –según informaron miembros de la Acusación Popular– el magistrado envió a través de la Cancillería una conformidad de que las órdenes de arresto se ajustaban al convenio bilateral entre ambas naciones. “Si esto llegara a través de Interpol, se producirían las detenciones preventivas y luego el juez requiriente tendría que enviar todo el material sobre la extradición”, afirmó a Página/12 un miembro de la Justicia federal.
Kirchner no quiso aparecer condicionado por el juez español y decidió esperar a su regreso de Europa para anunciar el fin del decreto antiextradición. “Es un tema de la Justicia”, repitieron ante consultas sobre las posibles extradiciones distintos funcionarios del Ejecutivo, como el ministro de Defensa, José Pampuro y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Al igual que las palabras del miércoles del Presidente, esto es una confirmación de la futura derogación del decreto 1581.